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LA IMPUTACION OBJETIVA EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA MILITARES EN COLOMBIA

15 feb

LA IMPUTACION OBJETIVA EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA MILITARES EN COLOMBIA

De manera selectiva el poder judicial colombiano ha desarrollado jurisprudencia que reconoce la imputación objetiva cuando se trata de juicios penales a los militares en el país; esta teoría penal fue desarrollada por Claus Roxin para poder juzgar a Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial; así mismo fue retomada en una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), creada con el fin de combatir a la mafia norteamericana que, al igual que en Colombia, en ese momento se estaba tomando el país. En ambos casos la innovación consistía en poder condenar a una persona simplemente por formar parte del supuesto “aparato de poder”.

La imputación objetivo reclama una relación de causalidad. Sistemáticamente la constatación de una relación entre acción y resultado debe situarse, en los delitos dolosos de resultado, en la tipicidad como presupuesto previo a la atribución de la conducta a su autor mediante la aplicación de los criterios de la imputación objetiva. La constatación de la relación de causalidad consiste en la aplicación a la aparición de un resultado de principios explicativos lógicos que excluyen, antes de realizar una valoración jurídico-normativa, aquellos supuestos que no son en ningún caso consecuencia de un actuar humano[1].

La evolución del concepto de delito ha ido perfilándose de la mano de distintas concepciones filosóficas que daban lugar a nuevos planteamientos y formas de comprender el significado del actuar humano en el delito. Esta evolución no sólo no ha acabado, sino que están adquiriendo fuerzas nuevas -o tal vez no tan nuevas sino “recicladas”- teorías que a partir siempre de la cuestión básica de la atribución intentan realizar nuevas reinterpretaciones, cada vez más normativas del concepto y de los elementos del delito. El término atribución debe entenderse aquí como relación por la cual la conducta humana y su resultado se subsumen en un tipo penal y como consecuencia de tal subsunción se decide la exigencia (o no) de responsabilidades penales[2].

La constatación de la relación de causalidad entre acción y resultado como paso previo para una posterior imputación en la teoría de la equivalencia de condiciones. La razón de esta “fidelidad” doctrinal estriba en que, en última instancia, la teoría de la condición lo que hace es excluir aquellas conductas que no han intervenido en la producción del resultado y aún actualmente es aceptada con carácter general en la medida en que ofrece la fórmula más básica y elemental: entre acción y resultado tiene que existir una relación según la cual la acción ha debido intervenir como componente necesario de una condición suficiente en la producción del resultado.

De tal manera que la función de la causalidad entendida como forma lógica de conocimiento y explicación de relaciones antecedente necesario-consecuencia consiste, en sentido negativo, en excluir aquellos antecedentes no necesarios o no suficientes del análisis jurídico penal. Y en sentido positivo, en delimitar la materia sobre la que ha de versar el juicio normativo, afirmando la condición de antecedente de uno o varios comportamientos respecto a un resultado.

Así las cosas, cabe preguntarse si el poder judicial colombiano se está ateniendo al rigor científico que requiere la aplicación imparcial la teoría de la imputación objetiva, o si los operadores judiciales están incurriendo en una interpretación amañada para aplicar selectivamente la justicia en torno a los efectos del conflicto armado interno.

Veamos, en el caso de los señores General Arias Cabrales y Coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, la justicia aborda un proceso cuyo eje central es la desaparición forzada no tipificada en el estatuto penal de la época, aplicando una retroactividad penal de la norma desfavorable en perjuicio de los procesados, excluye del proceso sin argumentos jurídicos válidos las pruebas de exculpación o atenuación de las conductas atribuidas a los procesados y toma solamente aquellas que hacen más gravosa su situación, incluyendo falsos testimonios de individuos no identificados plenamente como personas existentes, y tampoco es clara al determinar si hubo o no la producción de un resultado antijurídico, pues en el curso de los procesos se habla de 11 desaparecidos y se termina concluyendo que probablemente sólo sean 2 las presuntas víctimas.

No hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para apreciar de plano que lo actuado por los operadores judiciales en torno a ese proceso, no es la aplicación técnica y jurídica de la teoría de la imputación objetiva porque se rompen todos los esquemas y principios del debido proceso penal para llegar a unas conclusiones condenatorias con una evidente carga ideológica al señalar al Ejército Nacional, entidad a la que pertenecen los procesados, como una organización para delinquir de tal manera que sus componentes deben ser condenados simplemente por pertenecer a ese ‘aparato de poder’.

Amargas son entonces las horas que le esperan a los miembros de la Fuerza Pública en Colombia por el cumplimiento de su deber constitucional y legal, la recuperación y el sostenimiento del orden público ante la agresión narcoterrorista; tal misión entonces ahora se considera como un concierto para delinquir con el ánimo de arrasar a quienes ilegítimamente se oponen al Estado social de derecho, mientras estos son bendecidos con el calificativo de ‘luchadores altruistas’ con finalidades políticas y no criminales.


[1] DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad e imputación objetiva. Paz en la Red. En: http://arapajoe.es/poenalis/tipi1.htm#b

[2] Ibíd.

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Publicado por en febrero 15, 2012 en Opinión Pública

 

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