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¿HASTA DÓNDE LLEGA LA AUTONOMÍA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS?

12 jul

¿HASTA DÓNDE LLEGA LA AUTONOMÍA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS?

Indudablemente cediendo a presiones políticas, la Coordinadora Regional Indígena del Cauca CRIC, pretende crear una situación de hecho y de confrontación con el Estado colombiano al exigir el retiro de la Fuerza Pública de los municipios de Toribío, Caldono, Miranda y otros, en los que considera debe ejercer una autoridad autónoma y ajena al ordenamiento constitucional que rige la nación.

El art. 286 de la Carta contempla como entidad territorial los territorios indígenas y a su vez el art. 287 consagra la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la misma Constitución y la ley; el art. 288 exige que las competencias atribuidas a estos entes territoriales deben ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad.

Es decir, no hay una autonomía absoluta que excluya al Estado en la administración de los entes territoriales, ni pueden las autoridades indígenas desconocer los principios generales que rigen el Estado social de derecho y la prevalencia del interés general.

Interés, que en las circunstancias actuales de orden público, está representado en la inaplazable e ineludible obligación de las autoridades políticas nacionales y de la Fuerza Pública por contener y combatir las organizaciones armadas ilegales, el narcoterrorismo, que amenazan la integridad nacional.

Lo que está en discusión no es la propiedad sobre los terrenos que conforman los territorios indígenas, a lo que hacen referencia los arts. 63 y 329 de la Carta, tales derechos de propiedad no están afectados o vulnerados por la acción debida de la Fuerza Pública en el Cauca, tampoco afecta los derechos ciertos de autonomía territorial que desarrolla la Ley 388 de 1997, ni los derechos al desarrollo autónomo que contempla la Ley 21 de 1991, proferida en virtud de los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

El ejercicio de la potestad de la defensa de la soberanía y la integridad nacional, de las instituciones democráticas, ejercido por el Estado a través de la Fuerza Pública no está sometido a lo señalado por el art. 6 de la Ley 21 de 1991, sobre concertación con las autoridades indígenas como lo pretende la CRIC, pues tal concertación refiere a otros temas como son los fiscales, administrativos y de aplicación de medidas que puedan afectar algún derecho territorial.

Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, la función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección espacial.

Pero en aras de esa autonomía el Estado no puede sacrificar sus potestades y facultades, ni la Fuerza Pública renunciar a su deber constitucional de defensa de la Nación, de su soberanía, integridad del territorio nacional y del orden constitucional como lo ordenan los arts. 216, 217 y s.s.

La posición asumida de tiempo atrás por la CRIC de no reconocer la autoridad del Estado es abiertamente contraria a la Constitución Política y no puede ser aceptada bajo ningún pretexto; una cosa es la autonomía para autogobernarse conforme a los principios que fija la misma Constitución y la ley, otra muy diferente es pretender establecer repúblicas independientes y amenazar la integridad territorial nacional, favoreciendo con ello el accionar de las organizaciones armadas ilegales y la delincuencia narcotraficante.

Es curioso que mientras la CRIC demanda la independencia frente al Estado, exija por otro lado la presencia del Estado benefactor como proveedor de los recursos económicos requeridos para adelantar sus políticas secesionistas.

Ojalá el gobierno nacional no haya caído, en el juego del quedar bien con todo el mundo y sacrificar los principios constitucionales y legales necesarios para mantener la unidad nacional.

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