En la misiva a la revista Semana, las Farc exponen la realidad de su papel en la mesa de La Habana, el momento en que la ciudadanía interviene no está reservado a la visión de exegetas desactualizados, pues el sexto punto del Acuerdo de La Habana no desarrolla el concepto, precisamente porque está subordinado al espíritu preambular del mismo, que indica sí, que habría un periodo de amplia difusión y debate abierto y que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción” (SIERRA, 2013); es decir que lo acordado en la mesa de negociaciones no es lo que configura la dejación de armas y la renuncia al terrorismo, sino que este paso sólo se dará condicionadamente a la aprobación de su Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia.

Es una especie del juego del con cara gano y con sello pierdes; los preacuerdos del gobierno Santos y las Farc no tienen obligatoriedad para la narcoguerrilla y así hace rato lo vienen demostrando; la infiltración diaria de los sucesos de la mesa a sus apologistas y a organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones comunales y otros, de sus posiciones frente a los puntos de debate, demuestran que mientras el gobierno mantiene las reservas de información a los ciudadanos, los terroristas socializan a diario sus posiciones para debilitar la legitimidad de los argumentos gubernamentales y presionar así la imposición de sus tesis y el chantaje es pleno: No estamos hablando de una Constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una Constituyente como tratado de paz y nuevo contrato social. (SIERRA, 2013)

No es vana la inusitada actividad de organismo como la Marcha Patriótica, el Partido Comunista y sus satélites constituidos como organismos defensores de derechos humanos, la creación de nuevos aparatos controlados por las Farc y el PCC, con el apoyo interesado del llamado sector izquierdista del Partido Liberal y otros grupos minoritarios, que tratan de vender a diario la idea de que la constituyente es la llave para la paz.

Las Farc le están diciendo claramente al país que no van a dejar las armas sino hasta cuando la sociedad colombiana acepte como verdad absoluta su Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia y se reemplace el Estado social de derecho por su propuesta totalitaria a imagen y semejanza de lo acontecido en Cuba y la Venezuela de hoy.

No es gratuito o mero tema de interpretación que las Farc insistan en que la Constituyente es más que un escenario de refrendación; es el espacio que define la paz. Está llamada a discutir sobre el eventual acuerdo de La Habana y a superar las salvedades y disensos que van quedando en el congelador (SIERRA, 2013); las Farc saben a qué le apuntan políticamente: a presionar al gobierno nacional a renunciar o limitar los alcances del Estatuto de Roma y los compromisos internacionales que Colombia tiene en torno a temas de justicia, narcotráfico y terrorismo, de ahí su aseveración de que No es cierto que la justicia internacional esté por encima de la Constituyente (SIERRA, 2013).

Si lo afirmado por las Farc tuviere algún asidero jurídico habría que reformar los arts. 44, 101, 189, 214, 224 y 241 de la Constitución, que precisamente prevalecen el espíritu y la letra de los tratados internacionales como legislación supraconstitucional; el debate no es gratuito y se circunscribe al de la primacía de la Constitución por sobre cualquier norma regulatoria interna, de ahí lo prolijo del desarrollo normativo en Colombia y las reformas y complementos que por vía de jurisprudencia se hacen atendiendo el llamado “siglo de los jueces” promulgado por el ex magistrado Augusto Ibáñez,  principio recurrido por nuestros jueces y fiscales para renunciar a cualquier investigación sobre la farcpolítica y los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por la narcoguerrilla, evidenciando el cumplimiento de uno de los objetivos del Partido Comunista Clandestino Colombiana PC3, a través de la célula Jaime Pardo Leal del PCC, que controla a su acomodo el poder judicial en el país.

Es un hecho que la prevalencia de los tratados internacionales por sobre las normas de un país es motivo de discusión especialmente en Latinoamérica, donde gobiernos de izquierda afiliados al Foro de Sao Paulo y la nueva Internacional Socialista promovida por Cuba, quieren desconocer normas sobre libertades ciudadanas y libertad de prensa, como ha sucedido en Venezuela y acaba de ratificarse en Ecuador, con algunos alcances menos notorios en Argentina. Pero no hay congruencia entre las normas controladoras del Estado en esos casos y las libertades promulgadas por la ONU y la OEA de aceptación ya casi centenaria por nuestros países. Evo Morales, presidente de Bolivia y fiel vasallo de Chávez, lo acaba de ejemplarizar: Acabemos con la OEA.

Difícil sería la convivencia internacional si los tratados que se suscriben para facilitarla pudieran ser objeto de revisión unilateral, como por ejemplo el Estatuto de Roma y la persecución oficiosa de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no sancionados o laxativamente sancionados por los Estados miembros. Colombia fue tan generosa que le otorgó a las Farc un quinquenio de gracia, parejo a la zona del Caguán, pero la narcoguerrilla ensoberbecida y prepotente rechazó esa oportunidad; ahora no puede reclamarla.

Desde La Habana, Cuba, “Andrés París” aseguró que “no tiene lógica” que las Farc dejen las armas para ir a la cárcel, mientras señaló que hay salidas jurídicas que se pueden usar: “Tenemos la disposición de encontrar y construir en la mesa de diálogos la soberanía del articulado jurídico que genere la participación política de la guerrilla en nuevos escenarios“. Uno de esos mecanismos en los que han insistido las Farc es una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en el momento de la declaración, cuando se evacuaba el tema agrario, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció que para incluir los acuerdos con las Farc en la Constitución Política no habrá otra Constituyente (RIVERA MARIN, 2013).

En la historia de Colombia, a lo largo de los últimos dos siglos, se han llevado a cabo varias Asambleas Constituyentes, sin embargo, las que dieron origen tanto a la Constitución de 1886 como a la que nos rige en la actualidad son las que reciben mayor atención en la historia reciente de Colombia. La Constitución nacida de la Asamblea Constituyente de 1886 se mantuvo vigente por más de 100 años, hasta 1991, año en el que se aprobó la nueva Constitución (debemos entender por Constitución las normas y leyes que regirán a una nación a lo largo de un período de tiempo indefinido). Vale la pena aclarar que, dentro de los constituyentes, (nombre que se les da a los delegados encargados de reformar la Constitución), había una gran diversidad de personas (representantes de las negritudes, políticos de partidos tradicionales, ex guerrilleros recientemente incorporados a la vida civil, representantes indígenas y representantes de movimientos y sectores independientes) reunidas todas para lograr el fin último y fundamental de hacer que las instituciones y normas fuesen más efectivas y dignas de credibilidad (BANCO DE LA REPÚBLICA – BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO, 1992).

Para las Farc la constituyente no sólo es el camino para abandonar las armas, aunque nunca lo han señalado así, sino de obtener la transformación del Estado que siempre han pregonado como justificación para la combinación de las formas de lucha política y armada; tal y como prevén más del 50% de los constituyentes provendrían de esa narcoguerrilla y al menos un 25% de sectores políticos afines a ellas, de tal manera que el precio de esa paz sería la conversión del Estado social de derecho en un Estado totalitario regido por una minoría de izquierda a imagen y semejanza de Cuba o de la actual Venezuela.

Las Farc saben muy bien que aunque mayoritariamente los colombianos optan por una salida política al conflicto armado, más del 70% de los ciudadanos rechazan el paso impune de los narcoguerrilleros a la vida política e históricamente los postulados ideológicos sobre el Estado, propuestos por la izquierda radical que defiende la combinación de las formas de lucha, no han superado el 2% del respaldo electoral.

Para Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París, vocero de las Farc en La Habana, la constituyente propuesta debe fundamentarse en  una visión histórica de patria, Estado y democracia lo que se interpone en la necesidad de producir al amparo del proceso de paz cambios institucionales, económicos, sociales y políticos. Se desatarán fuerzas sociales, se movilizarán acciones políticas antes contenidas por décadas de inmovilismo bipartidista y estas derrotarán cualquier alianza nostálgica de la derecha reaccionaria (SEMANA, 2013), y esas fuerzas sociales no son otra cosa que la llamada Marcha Patriótica y los aparatos políticos existentes como Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Zonas de Reserva Campesina, asociaciones y organizaciones comunales y gremiales, ONG y otras formas colectivas manejadas por el PCC o directamente por las Farc.

Como acertadamente señala el vocero del gobierno en la mesa de diálogos con las Farc, Humberto de La Calle, el Acuerdo que se suscriba entre las partes tiene que ser refrendado por los ciudadanos. Este es un elemento angular de todo el diseño de las conversaciones. Así, mientras las discusiones son reservadas, en su momento es la ciudadanía la que debe dar la última palabra, tras un periodo de amplia difusión y un debate abierto a todos. Pero una Constituyente, más que un mecanismo de refrendación, es un escenario de nueva deliberación. No es el punto final del diálogo, es por el contrario un nuevo comienzo del mismo. En vez de aprobar lo convenido, abre las puertas a la revisión y hasta a la negación de lo pactado y allí es donde las Farc pretenden obtener ventaja mediante la manipulación de la elección de los constituyentes e imponer la llamada Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia.

Nada más ajeno a la realidad y a la lógica, pues las reglas de combate no las establecen solamente las normas relacionadas con el fuero militar, están definidas en las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario DIH, que prohíben expresamente atacar a una persona desarmada y en condición de indefensión aun cuando haga parte de una organización armada ilegal o de un ejército enemigo.

Esas normas del derecho humanitario consagran el principio de distinción, que precisamente establecen la prohibición de usar armas de efecto indiscriminado, prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los combatientes y el hecho de que no es ilimitado el derecho de los Estados a elegir medios de hacer la guerra y tiene como objeto la protección de la población civil y los bienes civiles y se hace la distinción entre los combatientes y los no combatientes. Tanto así que el DIH  prohíbe que se lleve a cabo un ataque masivo o con armas de destrucción masiva si se prevé que las víctimas colaterales serán excesivas con respecto al valor del objetivo militar.

La afirmación de la representante Robledo demuestra un profundo desconocimiento de la manera en que deben y pueden adelantarse las operaciones militares de combate; ignora que esas operaciones están limitadas en las reglas de enfrentamiento o ROE (Rules of Engagement), que comprenden las órdenes del mando que determinan cuándo, dónde, contra quién y cómo se usa la fuerza, incluso la letal, durante una operación militar. A su vez, se entiende por operación militar el conjunto de actividades realizadas por unidades, coordinadas en tiempo, espacio y propósito, de acuerdo con lo establecido en una directiva u orden, para el cumplimiento de una misión o cometido.

Las unidades militares en Colombia no van por ahí a la topa tolondra buscando donde trabar combate, las operaciones militares que se adelantan obedecen a toda una planeación previa precisamente para evitar al máximo los daños colaterales que el empleo de las armas puede ocasionar; la doctrina militar de las FF.MM privilegia incluso la vida por sobre cualquier otra consideración, como lo demuestran los resultados operacionales que dan cuenta que en el país es mayor el número de enemigos capturados o desmovilizados que los dados de baja en operaciones. El famoso body count no pasó de ser una especulación no probada de quienes quisieron deslegitimar en su momento la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Precisamente ese apego al DIH es el que ha permitido que los muy pocos casos de homicidios en persona protegida, mal llamados falsos positivos, puedan ser judicializados porque fueron producto de decisiones personales de algunos miembros de la Fuerza Pública sin soporte legal y no como resultado de una política institucional; esas circunstancias no alcanzan a ser ni siquiera un 1% del universo de resultados operacionales contra las organizaciones armadas ilegales y la delincuencia organizada.

Otra cosa es que las narcoguerrillas y sus apologistas pretendan señalar como “falsos positivos” todo golpe que se propina a sus estructuras criminales; casos probados existen de delincuentes de las Farc que son presentados por organizaciones afines al narcoterrorismo como “defensores de derechos humanos” para exigir protección judicial para ellos y blindarlos así contra cualquier eventual acción de la Fuerza Pública que sería presentada como ilegal.

Lastimosamente son esas organizaciones afines al narcoterrorismo quienes más ruido hacen precisamente para buscar la legitimación de las acciones criminales de las Farc, Eln o las Bacrim, poniéndolas al mismo nivel jurídico o político con las FF.MM, de tal manera que la perversidad de sus crímenes pueda atenuarse e impulsar para ellas la laxitud en el juicio o la impunidad como extorsión a la sociedad para que en un eventual acuerdo de paz los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no sean juzgados y condenados conforme a la gravedad de sus conductas.

De nuevo las Farc le apuntan al Sumapaz de donde fueron expulsadas por el Ejército Nacional, de hecho han realizado tres intentos frustrados por volver a retomar la presencia en la rica región cundinamarquesa que es corredor estratégico desde y hacia el noroccidente colombiano. La retoma del Sumapaz fue uno de los objetivos vitales trazados por alias Alfonso Cano antes de su muerte en el Plan Renacer de las Farc.

Si bien no hay presencia de estructuras armadas sus milicias han continuado operando y mediante agentes encubiertos realizan una tarea política para asegurar algún control de los pobladores mediante la amenaza y la extorsión; ahora, aprovechan los rezagos de sus viejas organizaciones y buscan reimpulsar el denominado Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz con la consigna de lucha con la desobediencia civil y la movilización popular, única garantía para avanzar (ANNCOL, 2013), experiencia que se repite en otras regiones de la Orinoquía y el Catatumbo.

De allí que resulte vital para los intereses de las Farc el obtener reconocimiento de nuevas Zonas de Reserva Campesina ZRC, con las mismas características de autonomía de las comunidades indígenas y fundamentalmente que sean consideradas circunscripciones especiales de minorías para acceder a los puestos y organismos políticos a nivel nacional, regional y local; ello implicaría obtener una victoria fundamental, control político y territorial en buena parte del país o por lo menos en las zonas más estratégicas.

Debe tenerse en cuenta que para las acciones criminales que hoy adelantan las Farc en las zonas que piden sean declaradas ZRC, éstas no actúan solas sino en alianza con las Bacrim, en un afanoso intento para consolidar zonas de control de cultivos, producción y comercio de narcóticos, armas y personas como se ha evidenciado en el Urabá, Catatumbo y el suroccidente colombiano, incluso en la Guajira dadas las facilidades de rutas de aproximación y escape desde y hacia Venezuela.

Así mismo, las Farc han delegado en el ELN tareas de terrorismo para no comprometer seriamente su posición en La Habana, de otra manera no se explica que un grupúsculo armado como el ELN que hasta hace poco mantuvo una guerra a muerte con las Farc en Arauca, hoy aparezca como elemento criminal en zonas exclusivas de éstas tal y como ocurre con el llamado Frente de Guerra Suroccidental que opera libremente en el Cauca, Chocó y algunas zonas del eje cafetero. El ELN será en determinado momento y mientras se incluye en un proceso de diálogo, la fuerza de choque de las Farc para aterrorizar las zonas campesinas y plegarlas a sus intereses.

Al señalar la utilización de organizaciones como los llamados sindicatos de trabajadores agrícolas no se busca satanizar al movimiento sindical como tal, no todos los sindicalistas actúan presionados o por convencimiento a favor de las narcoguerrillas como lo demuestran las amenazas contra la cúpula sindical de la Confederación General de Trabajadores CGT, hoy por hoy la central más representativa de los intereses de los trabajadores; pero hay una oscura historia detrás de organizaciones sindicales como Fensuagro, organización de segundo nivel que reúne a estos sindicatos de base por regiones como el  Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz y sus réplicas en el Catatumbo y otras zonas.

Para las Farc estos son importantes peones en el ajedrez político; la organización sindical agraria, comunal y política, mantiene la orientación de la movilización campesina y popular para generar conflictos sociales de impacto en sus respectivas regiones y buscar el choque con el Estado, desobediencia civil y lucha de masas, para presentar sus propuestas como alternativa de solución a esos conflictos.

La tarea de organización de estos sindicatos agrarios está a cargo de los llamados Minibloque Arauca,  Minibloque Guaviare, Minibloque de Nariño, coordinados por el Interfrente del Caguán y la Fuerza de Tareas Especiales del Ariari, organigrama jerárquico que corresponde además a la distribución de tareas políticas asignadas a la llamada Marcha Patriótica (creada en el 2011 con la fachada de la Asociación de Campesinos del Carare), en las mismas regiones donde se busca el resurgir de los sindicatos agrarios.

En cuanto hace a la zona del Sumapaz, es necesario establecer cuáles son los nexos de la administración distrital con el resurgir de aparatos políticos de las Farc, evidenciados en la marcha programada para este 17 de junio y que debe confluir en la Casa del Pueblo “Mario Upegui Hurtado” San Juan de Sumapaz, centro poblado, desde las 9 am, acompañada por organizaciones hermanas de la región y de la capital; imprescindible para hacer el balance de la desobediencia civil y para evaluar la decisión tomada por la administración de Gustavo Petro, como gesto de acatamiento al clamor del campesinado de la localidad (ANNCOL, 2013).

Hay que recordar que fue precisamente Carlos Lozano, director de Voz, órgano propagandístico del PCC, quien señaló que precisamente en estas regiones donde las Farc exigen las ZRC y donde comienzan a agitarse los sindicatos agrarios,  son regiones en las que las Farc son los que dirigen la región, resuelven problemas de linderos, preservan el medio ambiente, los campesinos incluso van a que les resuelvan los problemas de pareja. Son una autoridad. Son muchos años de cohabitación de la guerrilla con esos campesinos, ayudan a resolver quién va a ser la maestra de la escuela. Cobran peajes, hacen obras públicas (INFORMACIÓN, 2016).

Las Farc en La Habana han sido enfáticas en afirmar que no entregarán las armas, que las conservarán como un mecanismo de defensa armada en caso de un eventual incumplimiento de los acuerdos de paz a que llegaren con el gobierno, de tal manera que es previsible el traslado de armas y estructuras criminales a esas regiones para mantenerlas como “reserva” y continuar con la combinación de las formas de lucha.

El autismo mental y político, definido como repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma o síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor, ha sido la constante de la administración Petro que no sólo le ha impedido comunicarse con los ciudadanos, sino que ha generado rupturas en su misma alianza política como lo demuestran, entre otros, los casos de Navarro Wolf y García-Peña.

La esquizofrenia de Petro lo lleva a entender que el art. 103 de la Constitución y la posible sentencia constitucional que rebaja el umbral de votos requerido en la actualidad, son maniobras clasistas “con el único propósito de impedir que por primera vez un gobierno de izquierda, que llega al poder por votación, pueda prosperar” (TIEMPO, 2013), desconociendo que ya Bogotá tuvo alcaldes de izquierda que a pesar de sus malas administraciones no despertaron tanto rechazo en la población como él mismo lo ha hecho, o que su antes ad láter Navarro Wolf fue incluso gobernador y muchos representantes de la izquierda han tenido la oportunidad de gobernar aunque no hayan sabido prosperar o llevar a sus administrados prosperidad.

La revocatoria fue introducida como figura constitucional en el 91 y promovida incluso desde la misma izquierda que había hecho entrega de las armas y se había sometido al juego democrático, entre ellos el mismo M-19 del que hacía parte Petro; la decisión de disminuir el umbral no es una decisión constitucional contra el alcalde de Bogotá sino que es aplicable erga ommes, es decir en todo el país y a todos los procesos revocatorios.

Nótese la dicotomía de la izquierda, pide rebajar el umbral electoral para mantener sus posibilidades de hacer parte en los procesos de elección a cuerpos colegiados y mantener la personería jurídica de sus tantos y mutantes partidos y movimientos, pero la rechaza cuando las mayorías pueden expresarse libremente sin la coacción de las minorías o cuando sus intereses de alguna manera se ven afectados por la decisión democrática.

En el caso de Bogotá se está materializando uno de los principales temores de los estudiosos de los procesos democráticos. Según la Misión de Observación Electoral MOE, las principales causas por las cuales la ciudadanía no sale a votar en las revocatorias son las amenazas a promotores y electores, la escasa publicidad, una real ausencia de interés por parte de la ciudadanía y el uso de recursos y actividades públicas de los mandatarios objeto de revocatoria, para desviar la atención de los votantes (COLOMBIANO, 2013).

Ya quedó probado y aceptado por la administración distrital que se abrieron causas disciplinarias a funcionarios que firmaron las planillas de apoyo a la revocatoria; las acusaciones infundadas contra los promotores y partícipes en el proceso revocatorio son pan de cada día, tildarlos de mafiosos y deshonestos es una forma de amenazar y coaccionar al elector y el uso del poder político y de los recursos públicos para montar una improvisada campaña de defensa del alcalde a base de ofrecimientos de obras o programas en los sectores más deprimidos o de cooptación de otras fuerzas políticas en el Concejo, son una muestra palpable de esa corrupción política justificada por esa óptica de referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor.

Pero Petro va más allá: Linda el campo penal cuando suplanta la autoridad electoral para tratar de deslegitimar las firmas de los ciudadanos que apoyan el proceso revocatorio y descaradamente suma los logros de las últimas administraciones en materia educativa para tratar de hacerlos aparecer como propios (TIEMPO, 2013), se apropia también de los efectos del buen momento económico que vivió el país y que repercuten en Bogotá como capital de la nación para decir que la baja en el desempleo es obra de su desgobierno.

COLETILLA: A propósito de la cifra de firmas inválidas ya se va aclarando de dónde salieron y quiénes las promovieron. Los mismos que con ese mecanismo vienen asaltando la Secretaría de Movilidad como hoy lo denuncia El Tiempo. El fraude sistemático mediante la utilización de un solo comprobante para hacer aparecer pagadas multas de distintos ciudadanos o la utilización reiterada de firmas falsas, como las de una tal “Clemencia Uribe”, demuestra donde queda la fábrica de las falsedades y el nido de la corrupción. De manera cínica el recién posesionado Secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, quiere explicar el hallazgo de la Contraloría, que ya pasó a conocimiento de la Fiscalía, diciendo simplistamente que: en el caso de los recibos que soportan el pago de más de una multa, se cometieron errores en la entrega de la información a la Contraloría Distrital. “No fue clara y no estuvo explicada”  (TIEMPO, Alerta por posibles fraudes con los comparendos en Bogotá, 2013)

Es más por instancia de Brasil se creó MERCOSUR como un intento de crear un bloque unido latinoamericano para afrontar la globalización, para los mismos efectos Venezuela creo la ALBA, dos grupos que apenas reúnen a unos pocos países del subcontinente con exclusión tácita de otros, aunque Colombia funge como observadora en MERCOSUR y Paraguay fue suspendida después de la defenestración legítima de Lugo como presidente de ese país.

La razón es realmente sencilla, el Mercado Común del Sur (Mercosur), que nació en marzo de 1991 y tiene como miembros a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay (actualmente suspendido), al que Bolivia se adhirió a finales del 2012 y está pendiente su ratificación y que además tiene asociados a Chile, Colombia, Perú y Ecuador, está tocando afanosamente a las puertas del fracaso.

No vamos a hablar de la ALBA, el club de menesterosos creado por Chávez para comprar lealtades al proyecto neocomunista con la riqueza de los venezolanos proveniente del petróleo, aún a costa de una situación como la que la hermana nación de precariedad absoluta vive hoy y donde el desabastecimiento generalizado es la constante. Este club de la indigencia tiene sus días contados dada la terminación de la caja menor con que era sostenida por Caracas y que la llevó a la situación económica suficientemente conocida.

Que MERCOSUR va camino al fracaso si es noticia, sobretodo porque sus socios plenos como Argentina eran considerados hasta hace pocos años países con economía emergente y Brasil ya es parte del G-8, eso garantizaba teóricamente una paridad frente al mundo desarrollado en las relaciones económicas y comerciales. ¿Qué pasó entonces?

En los últimos años se han comenzado a notar con mayor intensidad las asimetrías económicas (tamaño, dimensión o grado de desarrollo de los mercados) entre los miembros, pero también algo más importante: las diferencias de tono político y las pretensiones por imponer una agenda a la medida propia por parte de los poderosos del grupo (RODRÍGUEZ, 2013), y entre esos poderosos no está precisamente Venezuela, pero si es la que manipula las decisiones argentinas a través del apoyo a Cristina Fernández.

Venezuela no contaba con el acelerado detrimento de su economía y llegó a MERCOSUR a querer disputarle a Brasil el liderazgo político mediante la compra de fidelidades de Argentina y Uruguay; por si fuera poco han sido más que evidentes las disputas por la imposición de barreras comerciales entre Brasil y Argentina, los enfrentamientos por inversiones y también de tipo político entre Uruguay y Argentina, el ingreso de Venezuela y más recientemente, la suspensión de Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo por el Congreso (RODRÍGUEZ, 2013).

Hoy, para que sobreviva MERCOSUR Brasil tendría que echarse a sus espaldas la carga de las débiles economías de sus socios y eso es algo que los brasileros no están dispuestos a sufrir; mientras tanto en el 2011 surgió el proceso integrador de la Alianza del Pacífico con México, Colombia, Perú y Chile, al que algunos califican de contendor ideológico del Mercosur y que, con una rapidez poco común en Latinoamérica, definirá el próximo 30 de junio el 90 por ciento del comercio que no tendrá aranceles y comenzará a estudiar la desgravación del 10 restante (RODRÍGUEZ, 2013), convirtiéndose así en la verdadera alternativa integradora continental.

Por supuesto, el club socialista no quiero que los pueblos latinoamericanos vean esta realidad y su afán es torpedear la Alianza del Pacífico tratando de imponer la ALBA o MERCOSUR como única propuesta a través de sus testaferros políticos como ocurre en Colombia con la izquierda legal las Farc y su Marcha Patriótica recurriendo al chantaje de los diálogos de La Habana y el fin del conflicto sólo y si el gobierno accede a entorpecer el buen rumbo de la Alianza. Ésta sería sólo una parte del paquete de amenazas y exigencias en temas no contemplados en la agenda que se discute en la capital cubana.

Por eso los colombianos, aún los más firmemente creyentes en el proceso de La Habana, no pueden caer en el juego tramposo que las Farc adelantan para favorecer los intereses del anacrónico castrochavismo y sus testaferros; los resultados de la ALBA y ahora MERCOSUR indican que son clubes creados exclusivamente para el fracaso.