Los héroes que dan la vida por nuestra Colombia

El mundo y los medios registran con expectativa quién va a intervenir en la
posible liberación de los seis secuestrados de las Farc que permanecen en
la selva hace más de una década. Analistas y columnistas consideran que
el gobierno debe demostrar voluntad de negociación después de 40 años
de conflicto, mientras que las Farc insisten en mantenerse vigentes a nivel
internacional.

Bajo este contexto, muere un héroe de la patria, que entregó su vida en la
búsqueda de la paz para los colombianos. Falta más profundidad, comprensión
y análisis de este atroz asesinato. El Mayor Dixon Giuliano Castrillón Gómez,
pocas horas antes de morir afianzaba su entrega al país guiando a sus hombres
a proteger a la población de El Pato, atacada indiscriminadamente por los
guerrilleros.

Con 16 años de servicio al país, la opinión nacional continúa sin entender que
el conflicto requiere una visión menos amarillista y más propositiva, en la que
la vida del soldado no dependa de un juez que desconoce del mundo militar y
comprenda que los hombres que defienden a los colombianos en la selva luchan
sin parar por un anhelo: la paz.

Su vil y cruel asesinato cuando salvaguardaba la vida de los pobladores,
es una muestra de la falta de humanidad y de la poca voluntad de paz por
parte de las Farc. Una agrupación terrorista que muestra a nivel exterior una
cara “supuestamente política y de negociación”, pero que al interior del país
comete crímenes de guerra que quedan en la impunidad absoluta.

A los detractores de las fuerzas militares que diariamente atacan la moral e
insisten en disminuir la voluntad de lucha sus hombres, les debe quedar claro
que la muerte de este héroe y de su equipo es muestra del compromiso de los
soldados por salvaguardar nuestra patria.

CON HONOR OFRENDA LA VIDA MAYOR DEL EJÉRCITO

Para quienes sostienen que el Ejército Nacional se encuentra arrinconado por la guerra jurídico política que en su contra adelantan organizaciones afectas al narcoterrorismo, el ejemplo del señor Mayor DIXON GIULIANO CASTRILLÓN GÓMEZ,  el Cabo Primero LUIS ENRIQUE ROJAS CARREÑO y el Soldado Profesional MAURICIO BOTERO CASTRO, integrantes de la unidad militar adscrita a la Brigada Móvil No. 14, que acudió en auxilio de la comunidad indígena del resguardo de Huellas, se convierten en una valerosa ofrenda de la vida por el pueblo colombiano que han jurado defender.

La explosión de un cilindro bomba acabó con la vida del oficial y sus dos hombres; el Mayor Castrillón de 35 años de edad, llevaba 16 en la institución, distinguiéndose siempre por su valor y su arrojo, como lo han señalado sus superiores y subalternos al dolerse por su pronta partida.

El Mayor Castrillón fue asesinado por terroristas de las Farc cuando evacuaba a pobladores civiles de un ataque indiscriminado con explosivos en la vereda El Palo y la zona 2 del Resguardo de Huellas en Caloto Cauca. Afortunadamente ningún civil resultó físicamente afectado por los terroristas, que incluyeron dentro de sus objetivos una escuela rural.

Son estos ejemplos de virtud los que acallan las voces de quienes desde altas posiciones del Estado insisten en señalar al Ejército Nacional como una organización criminal; son estos sacrificios diarios de nuestros soldados los que les garantizan a sus detractores gozar la plenitud de sus derechos y libertades pese a la salvaje agresión de los enemigos de la patria.

Nunca alcanzarán las palabras para hacer referencia a estos héroes de Colombia que lo han sacrificado todo para darnos seguridad y sentido de nacionalidad. El Mayor Castrillón y sus hombres caídos hacen parte hoy de ese inmenso altar de la patria sobre el que se ha construido nuestra independencia, su vida pasa a ser ejemplo de las virtudes que debe tener el buen colombiano.

El sacrificio del Mayor Castrillón significó la protección de la vida de al menos 300 personas del resguardo indígena como lo reseñan los medios locales[1]; gracias a su sacrificio los habitantes de El Palo abandonaron sus casas y buscaron refugio en una hacienda ubicada en las afueras del corregimiento.

El asesinato de los militares y la continuación de las acciones terroristas en el suroccidente colombiano no dejan duda acerca de las verdaderas intenciones de las organizaciones narcoterroristas, pródigas en acciones contra la paz como lo demuestran sus continuos ataques contra los asentamientos indígenas en esa zona del país. Cínicamente sus cabecillas insisten en decir que estos ataques indiscriminados contra la población civil no hacen parte de una campaña terrorista.

Hay un poema anónimo que circula en la red y que retrataría de cuerpo entero lo que el Mayor Castrillón y sus compañeros nos dirían hoy desde el reino de los cielos donde ahora velan por Colombia:

El alba enamorada,
abraza con dulce pasión, los tejados de los humildes hogares.
La brisa de la alborada,
acaricia suspiros sin fin, de los viejos y de los nuevos amantes,
y los ruiseñores con alma sosegada,
cantan con los besos de los niños, con los abrazos de las madres,
al son de la marcha a la cruda batalla, de los padres.

El sol de este mundo endiablado, rasga mi piel,
en el día lastimero de mi largo viaje, de mi triste marcha.
Las lágrimas de los niños, amargan como la hiel,
y los besos de mi dulce amada, hielan como la misma escarcha,
dulces y bellos besos que arañan a este amante fiel.

Señor de la paz y la libertad, tiende tu mano,
para esta humilde tierra,
acógenos en tu regazo,
aquí… en esta inútil guerra.

Acógeme, señor, no quiero ser huérfano de ti,
no apartes tu alma de mi corazón.
Cógeme de la mano, los días son tinieblas para mí,
voy a ciegas hacia las armas de la destrucción,
corazones sin escrúpulos, me han traído aquí…[2]

Mayor Castrillón, descanse usted en paz y con la certeza de que las banderas de la libertad jamás serán arriadas mientras existan colombianos de honor. Gracias en nombre de la patria.

[1] CONTACTO LATINO.  Tres militares muertos y cuatro heridos dejaron combates en Caloto. Lunes, 20 de febrero de 2012. En: http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNEv-77A50V5TIrHLdOoD9Ug8xLKcQ%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fcolombia%2Fcali%2FARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11180684.html

EL CAGUAN DESCONOCIDO

Válidas son las reclamaciones de los sanvicentunos, expresadas por el señor Omar García, quien fuera el alcalde municipal en la época del llamado ‘despeje’ o ‘zona de distensión’,  decretada por el gobierno nacional sin tener en cuenta a los pobladores y a sus autoridades;  amén de sufrir las tropelías de las Farc, los habitantes de esta zona se quedaron con el señalamiento de ser guerrilleros o amigos de las Farc, algo que quieren revivir los poquísimos politiqueros que medran en la región y que hacen política con el dolor de las víctimas del despeje.

Nada bueno le dejó al Caguán el experimento de paz del gobierno Pastrana; con la guerrilla llegaron fenómenos que desvertebraron el tejido social de una región que fincaba sus esperanzas en los desarrollos agrarios y ganaderos de un pueblo pujante que había colonizado la zona a comienzos de los años 50 del siglo pasado, mucho antes de que en Colombia se hablara de guerrillas comunistas.

Pero el Caguán no era una zona inhóspita, ya desde 1591 los españoles habían fundadola ciudad de Espíritu Santo del Caguán, en la cual se repartió a los indígenas Andakíes en encomiendas dedicadas a la explotación de miel, pita y productos madereros (Pineda, 1992: 86). La región del Caguán se convirtió en el centro de la expansión a las tierras bajas, hacia los ríos Caquetá y Amazonas y, a su paso, se establecieron para comenzar las labores extractivas en las cuales el trabajo era desarrollado por los Indígenas a quienes se les ‘esclavizaba’ para el desarrollo de estas actividades[1].

El Caguán ha sido parte integral de nuestra historia patria y baste recordar su trascendencia en la últimas guerras fronterizas sostenidas por Colombia frente a las agresiones peruanas en 1828-1829, 1932-1933. Para finales del Siglo XIX, el caucho encuentra condiciones favorables para ser comercializado, pues los adelantos técnicos de Europa como los neumáticos para los automóviles exigían de este material (Pineda, 2000). Muchos campesinos y aventureros, en especial pastusos y tolimenses, emprendieron el viaje hacia el piedemonte y la Amazonia para extraer el caucho. En Colombia, la extracción comienza en los ríos Caguán y Orteguaza en el departamento del Caquetá. En este proceso se puede observar la ambición y la destrucción de los ecosistemas, pues en poco tiempo la tala indiscriminada de caucho Negro (castilloa) del piedemonte agotó el recurso y fue preciso buscar más adentro de la planicie, de modo que se desplazan los colombianos hacia el Caquetá y los afluentes del Putumayo[2].

Como fácilmente puede apreciarse es un mito perverso que las Farc hayan sido las generadoras de las poblaciones construidas en las regiones del Pato y Guayabero, como de las circundantes que conforman el Caguán. Otra cosa es la historia construida artificialmente mediante la violencia y el terror fariano que inútilmente ha querido domeñar esta querida parte de nuestra nacionalidad.

Como bien señala el ex alcalde García, el Caguán se volvió cocalero porque así lo impusieron las Farc entre 1998 y 2002; con la coca llegaron todos los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana: la extorsión, el secuestro, los homicidios por ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, algo que era ajeno a la idiosincrasia de sus pobladores. El Caguán no fue en esa época un laboratorio de paz sino un centro de fortalecimiento del narcoterrorismo que alcanzó a soñar con la toma del poder político de Colombia o al menos con su división como república.

Hay que recordar que el empoderamiento de la región por las narcoguerrillas obedeció a una decisión gubernamental de Andrés Pastrana Arango al entregarle sin ninguna consulta a los pobladores o mediante el establecimiento de una garantía o contraprestación mínima, los 42.000 km² de nuestro territorio a las Farc. No hay que olvidar que entonces las Farc impusieron sus condiciones, entre ellas el retiro de ese territorio de la autoridad militar y policial, como el sometimiento a su capricho de toda autoridad administrativa o política. Nadie tiene las cuentas claras sobre la cantidad de muertos, desaparecidos, despojados o desplazados de la zona de despeje mientras duró la tiranía narcomunista, sólo sus deudos silenciados por las ONG y Colectivos que quieren apropiarse del dolor de los caguaneños y que hor protestan por no poder cobrar honorarios exorbitantes a esas víctimas.

Las Farc y sus apologistas quisieron hablar de comunidades de paz, de la construcción de un poder ‘democrático’ a partir del desarrollo local, algo que nunca propusieron mientras duró el despeje e impusieron el poder en la región mediante la violencia y el terror; es esa doble moral la que selló el destino de la narcoguerrilla y genera el rechazo de la gran mayoría de los pobladores que no quieren repetir la historia para caer de nuevo en la idiotez de unos diálogos que no conducirán a nada distinto que fortalecer a las organizaciones armadas ilegales y al narcotráfico, que siempre verán la buena disposición de los gobiernos legítimos como debilidad institucional.

Con razón exigen los caguaneños que cualquier decisión del gobierno de la unidad nacional frente a las narcoguerrillas, consulte primero el interés de las regiones que podrían afectarse y no las expresiones de minorías ruidosas y mediáticas que aspiran a reposicionar a las Farc como expresión de insurgencia, en tanto la misma no existe.

Bajo ninguna excusa el país puede volver a la época de país inviable con el que Colombia fue señalada internacionalmente en los períodos presidenciales de Samper Pizano y Pastrana Arango, que no teniendo ninguna representatividad electoral manejan y disponen hoy del gobierno en contra de la voluntad popular. La ansiedad del ‘amiguismo apaciguacionista’ impone hoy la voluntad de los derrotados políticamente en las urnas por sobre la soberanía popular consagrada en el art. 3º de nuestra Constitución: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes.

Por eso la promoción de las Farc que se quiso hacer en San Vicente del Caguán no representa la voluntad del pueblo, voluntad expresada mediante el comunicado público de su Concejo municipal y que rechaza absolutamente toda manifestación que quiera recordar fechas, épocas y personajes oscuros que solo le han hecho daño al país.

Colombia tiene una gran deuda con el Caguán; el restablecimiento del Batallón Cazadores y el Comando Conjunto apenas representan un abono a la cuenta, porque aún está pendiente el ejercicio pleno de los poderes públicos para garantizarle a la región su inserción real en el desarrollo nacional: vías de comunicación eficientes en cuyo desarrollo está comprometido el Ejército Nacional y la Misión Americana, pero que requieren un mayor aporte del Mintransporte; el ejercicio eficiente y eficaz de los servicios públicos de justicia, educación y salud, como la atención plena de los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y comunicaciones).

Saldar esta deuda es requisito para el restablecimiento de la confianza de los caguaneños en sus instituciones democráticas, no hacerlo es dejarlos a la deriva y convertirlos nuevamente en víctimas propicias del narcoterrorismo que quiere reasentarse. El 21 de febrero debe convertirse entonces en la fecha de la DIGNIDAD Y EL HONOR DEL CAGUAN, que rechaza toda expresión de violencia y terrorismo amparada por politiquería barata que busca reeditar para sus pobladores la oscura noche del despeje.

MIS CINCO MARRANOS Y MIS CUATRO GALLINAS

Para quien tenga memoria histórica y conozca la realidad colombiana, ese fue el reclamo de Pedro Antonio Marín hasta el día de su clandestina muerte, la que lo recibió en sus brazos sin saber al fin si algún día había vivido.

Su carrera criminal comenzó en la misma Génova (Quindío), donde nació un desafortunado 12 de mayo de 1932; huyendo de la justicia por asesinar a un inerme servidor público,  encontró refugio en las bandas criminales liberales que recibirán la ‘bendición’ del Partido Comunista para continuar ‘la guerra prolongada’ contra el pueblo colombiano, alimentada por las experiencias de Cuba y la utopía Maoísta, recogida por el Ché Guevara, de incendiar la pradera y provocar la insurrección comunista en todo el continente (adaptación del maoísmo, despreciado por los súbditos cubanos del imperio soviético, pero adaptada a la teoría foquista de Guevara).

Pedro Antonio Marín pasa a la historia de la ignominia colombiana por el desplante que le hizo al entonces presidente Pastrana Arango; dejarlo con un palmo de narices en la instalación del diálogo. Sin en la primera entrega no hay protagonistas, la estupidez no debió prolongarse. Tirofijo estaba a pocos metros de la carpa de los distinguidos, pero no se presentó para ‘probar’ a Pastrana y seguro que lo hizo durante cuatro largos años; el presidente de Colombia respondió como el muchachito de pelos largos y otras cosas que por su rebeldía conservó imagen de autoridad en la rebeldía antes que la no aplicada por su papi, otro expresidente de la república.

Para quienes no recuerdan. El apodo de Tirofijo atribuido a Pedro Antonio Marín, surgió de una emboscada tendida a un microbús donde unas monjas y unos niños scout que transitaban en el Huila; uno de sus compañeros le dijo: “Este h.p. es un verdadero tiro fijo”. Y así se quedó. Dos años después, por la molestia del apodo que no era bien visto en la organización y en la sociedad (por la naturaleza de las víctimas), y por sugerencia de varios de sus compañeros, entre ellos Manuel Cepeda y el PCC, adoptó el nombre de ‘Manuel Marulanda Vélez’, en honor a un líder sindical comunista asesinado en Bogotá, en enero de 1951. Pero Pedro Antonio Marín siempre sería ‘Tirofijo’ y su práctica de asesinar niños para aterrorizar a los ciudadanos no ha desaparecido.

El criminal dijo después que la culpa era de los Scout por haber utilizado uniformes parecidos, que él los confundió con militares. El niño mayor asesinado tenía 16 años y el menor, de la patrulla de aspirantes, apenas 7 años. La justicia colombiana no ha declarado ese crimen como de lesa humanidad, como tampoco lo ha hecho con relación a los promotores de la combinación de las formas de lucha que generó el hoy llamado conflicto armado interno.

San Vicente del Caguán, el país entero y la comunidad internacional no podrán olvidar el centro del discurso de Tirofijo, leído entonces por alias Joaquín Gómez. La razón central de la ideología comunista de las Farc eran las vacas, las gallinas y los marranos que, según él, el Estado les había arrebatado en Marquetalia y Casa Verde.

A partir de entonces se crea un ideario popular, las Farc luchan por recuperar el asunto agrario como tema central de su lucha. Lo que no le contaron a Colombia y el mundo, es que en sus cuentas el narcotráfico ya ocupaba el papel central de sus intereses, ya nada importaban los cinco marranos y las cuatro gallinas.

Lo demás fue demasiado fácil. Desparecido el control estatal sobre la zona otorgada, el uso y el abuso sirvieron incluso para ‘promulgar leyes’ que no sólo justificaban la extorsión, sino que llegaron a legitimar el secuestro económico como práctica normal dentro de la zona, como lo fue el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, no solo como combatientes, sino principalmente como objeto sexual de los llamados comandantes narcoterroristas. 4 años demoró Pastrana para darse cuenta de la futilidad de su experimento y aceptar que no sería candidato al Premio Nobel de la Paz.

Las Farc se aprovechan de una inmoral y reciente historia del país. La elección de un presidente como fruto de los narcodólares ‘invertidos a su espalda’ y la consecuente absolución por el entonces mayoritario Partido Liberal; si fuera por chuzadas, acoso y amenazas habría que evaluar el período en que Cristo y Bejarano manejaron la seguridad nacional. Nada que envidiarle y que les permite, con conocimiento de causa cuestionar a otros.

¿Por qué Samper, Piedad Córdoba y todo el circo del proceso 8.000 insisten en la apertura hacia las Farc? ¿Convencidos de que el proceso 8.000 volverá a resolverse a favor de Piedad, Iván Cepeda y los demás apologistas de las Farc?

ALCALDIA SAN VICENTE DEL CAGUAN

Para los pobladores de San Vicente del Caguán y los demás municipios que comprendieron la llamada zona de despeje, el 21 de febrero si es una fecha de celebración; sometidos a 4 injustos años de abusos por parte de las Farc, los habitantes de estos 42.000 km², volvieron a vivir cuando el gobierno nacional declaró fracasados los diálogos y dio la orden a las tropas de recuperar esta zona del territorio nacional, que había sido convertida en una cueva de rolando por Tirofijo y su banda criminal.

Nada más extraño al sentir popular de los caguaneños que encontrar su municipio sitiado por fotografías y recordatorios del desaparecido jefe narcoterrorista; los más suspicaces dirán que hay una campaña propagandística para recordarle a nuestras comunidades que la amenaza delincuencial no ha desaparecido y que camuflada entre los honestos campesinos y las comunidades indígenas, sus milicias y estructuras criminales aún reptan buscando reposicionarse.

Por eso hay que saludar y reconocer el valor de los Concejales de San Vicente,  sobreponiéndose a las amenazas veladas la Corporación democrática ha levantado con honor su voz para rechazar el show mediático que quiere hacerse en esta fecha. Es una verdad de a puño, querer convertir el 21 de febrero en una fiesta profariana es un claro irrespeto a los familiares, viudas y huérfanos de las víctimas, de los secuestrados, los desaparecidos y desplazados, de los niños, niñas y adolescentes reclutados a la fuerza para alimentar la máquina de guerra que las Farc quisieron construir en la zona de despeje.

El motivo de indignación de los caguaneños y del país es la procaz intención de algunos sectores de la región que no han podido entender que la historia ya dio su veredicto: El experimento desarrollado entre 1998 y 2002 constituyó un rotundo fracaso porque las Farc, sus promotores y apologistas, engañaron al país y al mundo, porque mientras hablaban de paz desarrollaban todo un esquema para continuar la guerra. Burlándose de la humanidad, aprovecharon la buena fe del mundo abusaron de la zona de distensión para incrementar su poderío criminal.

Pero como ha sucedido con los llamados cárteles de la droga, el cártel de las Farc también ha sucumbido bajo el peso de sus propias culpas y por eso hoy no representan ni siquiera al 1% de los colombianos; sobreviven mediáticamente por la acción de los colectivos de abogados interesados en convertir la guerra en una fuente de ganancias económicas aprovechándose del dolor de las víctimas o de políticos mendaces que manipulando el anhelo de paz de los ciudadanos, tienden cortinas de humo para que el mundo no se entere de lo que sucedió realmente en la zona de despeje y que aún provoca pesadillas entre sus habitantes.

Los habitantes de San Vicente de Caguán y de aquellos municipios que conformaron la zona de distensión, sobreviven con la amenaza latente de los terroristas, representada en las milicias que actúan utilizando la población civil como escudo y a través de los testaferros que ostentan la posesión de los bienes despojados mediante la violencia por los narcoguerrilleros durante la vigencia de los frustrados diálogos. Los ciudadanos de bien saben quiénes son los legítimos dueños de esos bienes apropiados violentamente por las Farc, de ahí que precisamente que los narcoterroristas quieran impulsar campañas propagandísticas que con supuestas ‘buenas intenciones’, realmente buscan atemorizarlos para que en esta región no se aplique la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448/2011).

No se puede permitir que nuevamente San Vicente del Caguán sea llamada despectivamente la ‘ciudad milagro’ porque todo lo robado en el país aparecía en sus calles; la imagen del Mono Jojoy y sus secuaces montando camionetas de lujo y mostrando la faceta de traquetos y mafiosos, vuelva a repetirse; el Caguán debe ser un polo de desarrollo justo y equitativo, no una zona estigmatizada por los violentos que insisten en apropiarse de ella.

El pueblo colombiano y la comunidad internacional apoyan la decisión del Concejo Municipal de San Vicente del Caguán de no respaldar el show mediático montado para hacerle apología a un criminal como Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, alias Tirofijo, y sus secuaces.

Hoy afortunadamente, son los que en la época de la zona de distensión eran apenas muchachos con la capacidad plena de comprender la realidad criminal impuesta por las Farc, los que en San Vicente del Caguán y los demás municipios, van llegando al poder por la voluntad del pueblo; elegidos democráticamente por sus conciudadanos saben a ciencia cierta que las Farc no cederán a sus protervas intenciones mientras no sean derrotadas definitivamente, que con ellas ninguna muestra de ‘amiguismo’ o ‘apaciguamiento’ surte efecto, porque son esas muestras las que las alientan a seguir delinquiendo.

Habrá que pensar que el señor Alcalde de San Vicente del Caguán obra por motivos nobles y no por intereses políticos al tratar de reposicionar la imagen de Tirofijo en el municipio, que el diseño de los carteles publicitarios, por cierto con los colores distintivos de un partido político colombiano, son apenas una triste coincidencia; cuando lo que debería estarse conmemorando era el dolor y la tristeza de cientos de familias afectadas por la acción criminal de las Farc entre 1998 y 2002, no convocando a una celebración que quiere favorecer la inexistente imagen de los narcoterroristas, sus promotores y apologistas.

Para el pueblo de San Vicente del Caguán, como para muchos otros municipios de Colombia, es una realidad que deben esconder muchas veces: Son también secuestrados por la organización narcoterrorista; durante los años del despeje se llevaron a sus padres, hermanos, hijos, como botín de guerra, como carne de cañón para esconder la cobardía de los cabecillas. Por eso creen que tienen que guardar silencio, que deben acudir dócilmente cuando los milicianos los convoquen o que deben culpar al Estado por el fracaso de los diálogos.

Los habitantes de San Vicente del Caguán tienen toda la autoridad moral para exigirle a elementos como Piedad Córdoba y su Movimiento de Ciudadanos por las Farc, o a Iván Cepeda y su MOVICE, que basta de engaños, que ellos saben que las Farc pueden liberar a los secuestrados de la misma manera que se los llevaron, sin shows mediáticos internacionales, sin participación de terceros países y sobre todo sin condiciones, garantizándoles la vida que les han arrebatado al encadenarlos en la selva.

Los caguaneños deben entender que la jornada propuesta por su Alcalde este 21 de febrero, como la convocada por Piedad Córdoba en Bogotá para el 26 del mismo mes, como bien lo señala uno de sus ediles, es una cortina de humo, una oportunidad para tratar de mostrar al Estado como culpable de la violencia, mientras insisten en mostrar a las criminales Farc, y ahora al ELN, como apóstoles de la paz, como ‘luchadores altruistas’ de los que sentenciaran nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia son inalcanzables por nuestra Constitución y legalidad.

Pero el pueblo pueblo, aquel que vivió la horrenda noche del despeje, hoy está hablando: a 10 años de la infamia se rebela a la estigmatización que las Farc le produjeron; para temor de los apologistas de las Farc, muchas verdades saldrán al descubierto gracias a la acción de un alcalde, que fiel a su hermano y alimentado por los colectivos y demás órganos que en la legalidad operan a favor de las narcoguerrillas, aún sueñan con repetir la ‘Zona del Caguán’.

UNA VUELTA Y DOS ENREDOS

Todo indica que atendiendo la conveniencia política del actual mandatario y su afán por quedar bien con todos, el gobierno pedirá al Congreso que excluya del debate de la reforma a la justicia el artículo referente al fuero militar, pese a toda la argumentación anterior que indicaba su conveniencia aún cuando posteriormente se discutiere una ley estatutaria sobre el particular.

Es peregrino el argumento del Minjusticia Juan Carlos Esguerra: “De lo que se trata entonces no es de retirar el tema del fuero sino de pedirle al Congreso que excluya este artículo del proyecto de reforma a la justicia, simplemente en razón de que el tema va a estar incorporado en el proyecto de acto legislativo integral que se le presentará al Congreso, en las próximas semanas”,  Si pero no, no pero si, así como digo cada cosa, en realidad el argumento parece salido de un libreto de El Chavo del 8.

No es retirar, pero es pedir que se excluya. Si alguien tiene una mejor explicación que la del Ministro debe ser algún avezado experto en lingüística, porque este galimatías no lo entiende el soldado o el policía que día a día expone su vida para preservar el orden democrático que le permite a esos políticos jugar con las vidas ajenas mientras las propias están aseguradas; como tampoco lo entiende el ciudadano del común que vive a diario las consecuencias del narcoterrorismo y la delincuencia común.

El señor Presidente de la República, como ex Ministro de Defensa del gobierno anterior, y los actuales Ministros, incluidos el del Interior, el de Justicia y el de Defensa, saben muy bien que no es definición jurídica la que falta, lo que abunda por precariedad es definición política para la aplicación del artículo 221 de la Constitución Política, desnaturalizado por ilegítimos acuerdos institucionales y por la presión mediática de grupúsculos ideológicos interesados en que Colombia haga parte del objetivo del Foro de Sao Paulo para desvertebrar las Fuerzas Militares y ponerlas al servicio del socialismo del siglo XXI y su versión colombiana de la tercera vía.

El art. 221 de la Carta no necesita ser reformado para entender lo jurídicamente entendible. Esguerra dijo que los delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales y las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, se elevarán a rango constitucional para que no sean considerados, “en ninguna circunstancia”, actos del servicio y, por lo tanto, su investigación y juzgamiento les corresponda a la justicia ordinaria. El argumento sofista del Ministro es una burla al entendimiento del pueblo colombiano.

Conociendo la definición del acto de servicio, convenientemente el Ministro se muestra públicamente ignorante de ella. Como abogado que es debe saber que el acto de servicio es el relacionado con los deberes que a un militar, marino o aviador impone su pertenencia a los Ejércitos de tierra, mar o aire. Consiste en el desempeño efectivo y actual de una función o misión militar concreta, como la materialidad del combate, estar de guardia o centinela, el ejercicio de instrucción, etc.; pero no la simple presencia en lugares militares, aun cuando en ocasiones sea obligatoria, como la del soldado en el cuartel, esté de servicio o no.

La urgencia de la definición del asunto del fuero militar y la justicia penal militar no es cosa de capricho por los desafortunados fallos en los procesos contra el señor General Arias Cabrales o el Coronel Plazas Vega, que constituyen el sumun de la grosería jurídica contra las FF.MM., son los casos de cerca de un centenar de militares a quienes con violación del debido proceso se les desconocen los términos de investigación y se les mantiene en detención preventiva con flagrante violación a los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Muy mal aconsejado debe andar el anterior Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, hoy presidente de la república, al creer que la institución militar es una carta desechable o perdedora sujeta al albur de los apetitos electorales, debe saber mejor que nadie que los acontecimientos actuales del desarrollo del conflicto armado interno no están para alimentar apuestas confiando en la propia buena suerte.

EL DESTAPE DEL COLECTIVO DE ABOGADOS ALVEAR RESTREPO

Bastó con que sintieran amenazados sus verdaderos intereses, los económicos, para que el Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo CAJAR, saliera del clóset; la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448/2011), en procura de defender los intereses de las víctimas del conflicto armado interno, puso límites a los honorarios que pueden cobrar los abogados por asistirlas legalmente.

En efecto, el parágrafo 1º del art. 44 de la norma señala que cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a la justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de éxito, cuota litis, o porcentaje del monto decretado a favor de la víctima por la autoridad judicial.

Esta limitación, apenas lógica para evitar que las reclamaciones y demandas contra el Estado se conviertan en la vía expedita para el enriquecimiento de quienes medran en búsqueda de víctimas, reales o falsas, para iniciar cualquier clase de acciones contra el Estado, provocó la ira del CAJAR que ya anunció demandas contra la Ley 1448 por considerar que se coarta el ejercicio de su actividad profesional; la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostienen que el artículo viola la Constitución porque discrimina a los defensores de víctimas, y que lo que busca es eliminar o desincentivar “radicalmente” la presentación de demandas contra del Estado.

Es decir, para quienes han posado de humanistas defensores de las víctimas del Estado el incentivo no es un espíritu altruista de lograr justicia para ellas, sino el botín económico que puedan lograr utilizándolas. Con razón se incluyó en la norma la limitante, lo que se busca es evitar que la plata de la reparación para las víctimas del conflicto termine en manos de abogados que las asesoran.

Del CAJAR hay que recordar como antecedente inmediato la obtención de una jugosa recompensa económica por presentar falsas víctimas en el caso de Mapiripán, en Las Pavas y seguramente otra cantidad de eventos que están por investigar las autoridades de control pertinentes.

Para la Comisión Alvear Restrepo no es la necesidad de justicia lo que la mueve, lo es permitir el comercio inhumano del dolor de las víctimas, es servir de vehículo para que abogados avivatos terminen quedándose con la mayor parte de las indemnizaciones que deberían ir a las familias golpeadas por la violencia.

Si las falsas víctimas de Mapiripán dejaban al descubierto las intenciones del CAJAR, con la demanda a la ley de víctimas se quitan de una vez por todas la careta; no les basta con la obtención del 50% y más de las indemnizaciones que judicialmente se declaren a favor de las víctimas, de los auxilios internacionales que reciben para adelantar acciones que ‘desestabilicen, deslegitimen y profundicen la crisis del Estado’, ingresos que ningún organismo del Estado puede controlar, como no pueden hacerlo con las otras ONG de bolsillo del PC3 y el narcoterrorismo.

Como si fuera poco, este monstruo sediento de dinero, no se limita a representar las víctimas, se convierte en víctima cuando la oportunidad de una jugosa indemnización así lo permite ver. La juez 62 de garantías de Bogotá le otorgó el aval al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que se presente como víctimaen el proceso que se adelanta contra 10 personas por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.

En ese extraño mundo de la aberración jurídica que se vive hoy en Colombia; para tomar su decisión, el operador judicial tuvo en cuenta el “trabajo de 30 años” que ha realizado el Colectivo en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, así como el conocimiento que tienen sobre el conflicto armado y su calidad de víctima en este, puesto que han sido perseguidos principalmente por las Farc.

Sin lugar a dudas esta apreciación de la juez 62 indica el verdadero sentido del falso proceso armado contra Luis Carlos Restrepo y Oficiales del Ejército Nacional; lo que le duele al PC3 y a las Farc no es que existan 10 o 12 ‘falsos desmovilizados’, sino que al menos 52 de ellos eran miembros activos de la narcoguerrilla, eso tienen que cobrarlo. De ahí la saña del Fiscal 16 al imputarle cargos al ex Comisionado y a los Oficiales del Ejército por peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, señalando además que la desmovilización de personas pertenecientes a organizaciones armadas ilegales constituye una ‘empresa criminal’, el mismo argumento que esgrimían en el 2006 las Farc a través de Anncol para deslegitimar las desmovilizaciones.

Si queda alguna de la naturaleza política, que no jurídica, del proceso que se adelanta en el caso de la desmovilización de la cuadrilla de las Farc, baste con entender que mediante ella se pretende deslegitimar todo el proceso de reinserción de personas pertenecientes a las organizaciones armadas ilegales, algo que no pueden aceptar quienes insisten en mantener un conflicto del que ya está agotado el pueblo colombiano.

Caguán Vive es un instrumento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[1] y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado MOVICE, del señor Iván Cepeda y el Partido Comunista[2], para generar falsas denuncias especialmente contra el Ejército Nacional, desde las comunidades del Caquetá, como lo hacen en otras regiones, con un solo fin: fortalecer los procesos organizativos del PC3, promoviendo la formación política de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes,  estimular la movilización popular callejera, y la elaboración de propuestas políticas, que ayuden a deslegitimar y a profundizar la crisis del gobierno, y en todo caso contribuyan al empoderamiento de las víctimas y sus derechos[3].

Su mayor actividad se concentra en las comunidades de Minas Blancas, El Rosal, Alto Lozada, Floresta, Brisas del Lozada, Picachos, Serranía, Pailas y Azucena que conforman la Corporación de Desarrollo Veredal Minas Blancas – Picachos, donde evidentemente actúan las milicias y otras células terroristas para amedrentar a los habitantes y generar la impresión de inconformidad social con la presencia de las FF.MM y la implementación de los planes de seguridad y defensa nacionales. Las mismas características se presentan en las áreas de influencia de las otras organizaciones convocantes al evento en San Vicente del Caguán.

Una de las tareas prioritarias que tiene el aparato denominado Caguán Vive, como parte de la construcción de los capítulos regionales, es la de recabar información sobre nombres de Oficiales, Suboficiales y tropas del Ejército con datos de patrullas (fechas, horas y lugares), para generar falsas denuncias por supuestos malos tratos o violaciones a los DD.HH y el D.I.H., haciendo el mayor ruido mediático posible, esas quejas son el fundamento para las denuncias nacionales e internacionales del CAJAR y el MOVICE y hacen parte de una estrategia tendiente a impulsar las llamadas ‘comunidades de paz’ al estilo de San José de Apartadó en Antioquia.

Es en ese sentido que la convocatoria al acto del 21 de febrero, señala que el principal objetivo es el de trabajar en la ‘construcción de procesos de autonomía local y regional, fortaleciendo la toma de decisiones comunitarias’, que como primera tarea debe crear presión sobre autoridades locales, regionales y nacionales para exigir el retiro de la Fuerza Pública señalando que su presencia se convierte en factor de riesgo para la población civil en el desarrollo del conflicto armado interno. Esa es una de las tareas impuestas para el desarrollo de la plataforma política para una Nueva Colombia ideada por las Farc a través del PC3.

Indudablemente, de alcanzar algún grado de representatividad dentro de la población, esas ‘comunidades de paz’ tendrían la capacidad para generar un alto grado de presión internacional sobre el gobierno colombiano para que se rediseñen las políticas de seguridad y defensa nacionales atendiendo las exigencias de ‘desmilitarizar el conflicto’ que ya comienzan a tomar impulso en algunos sectores de la opinión internacional como fruto del trabajo de los aparatos políticos y de las ONG afectas al narcoterrorismo.

Debe recordarse que recogiendo esa tesis y señalando la necesidad de desmilitarizar las comunidades indígenas, el asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Romaric Ferraro, advirtió que “es evidente” que, si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”, al cuasi legitimar ataques terroristas contra viviendas civiles porque estas estaban alquiladas a personal militar o de policía, indicando que si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en ese momento este bien puede perder esa protección[4], como lo argumentan las Farc.

Ahora bien, la posible presencia de Piedad Córdoba y su movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz, a más de reforzar lo anterior, tiene por objeto promocionar las tesis de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en el sentido de presionar el llamado ‘canje humanitario’ y la propuesta de retomar la llamada ‘agenda del Caguán’, seguramente apelando al fracasado Acuerdo de San Francisco de las Sombras en el que las Farc se comprometían al cese de hostilidades y de actividades terroristas, pero que nunca cumplieron.

Una de las excusas será precisamente el rompimiento de los diálogos y el fin de la llamada zona de distensión, indicando que la causa inmediata fue la decisión del gobierno de entonces de establecer anillos de seguridad en torno a ésta para evitar que se continuaran cometiendo toda clase de tropelías y refugiando a los delincuentes en la misma para evadir la acción de las autoridades.

El show fariano en San Vicente de Caguán se monta aprovechando la coyuntura del anuncio de la dilatada liberación de militares y policías secuestrados desde hace 14 años por la banda narcoterrorista; dilación a la que ha contribuido de manera eficiente la ONG de Piedad Córdoba mediante engaños de diversas presentaciones para promocionarse políticamente y legitimar la acción criminal de las Farc, aspiración que ahora cuenta con el apoyo internacional de algunas organizaciones latinoamericanas lideradas por Rigoberta Menchú y otras figuras militantes del llamado socialismo del siglo XXI.

El pueblo colombiano no se puede llamar a engaños, los actos programados en San Vicente del Caguán este 21 de febrero, como el del 26 en Bogotá, hacen parte de la estrategia propagandística de las Farc, acostumbradas a mentir reiteradamente llamando a diálogos por la paz mientras arrecian su accionar criminal contra el pueblo colombiano, por eso deben recurrir a esas organizaciones de bolsillo que no representan a nadie más que a los interesados económicamente en las falsas denuncias o políticamente mediante la agitación del tema y la manipulación del dolor de las víctimas.

[1] CAJAR. Corporación por la defensa de los DD.HH. Caguán Vive. Ver en: http://www.colectivodeabogados.org/Corporacion-por-la-Defensa-de-los

Establecidos los contactos y verificada la pertenencia de Agudelo Medina y de Felipe Alejandro Salazar, alias ‘Biófilo Panclasta’, alias ‘Chepe’ o alias ‘David’, a esa estructura de las Farc (había gente de las columnas Héroes de Marquetalia, Joselo Lozada, y de los frentes 25, 50 y 21, este último también se llamaba ‘Cacica La Gaitana’, y de ahí salió el nombre de la cuadrilla[1]), se procedió a adelantar el proceso de desmovilización de quienes estos individuos presentaron como integrantes de la misma, 62 en total. Es así como el 6 de marzo de 2006 la desmovilización se concreta.

Tanto el Comisionado de Paz, como los demás miembros del Estado que intervinieron en el proceso, se atuvieron al principio de buena fe al que estaban obligados frente a la lista de desmovilizados que presentaron Agudelo Medina y Salazar; ni el Ejército, ni la Policía, ni organismos como la Fiscalía, tienen listas de los miembros de los grupos armados ilegales, tal vez ni esas mismas organizaciones saben a ciencia cierta quiénes las componen.

La Fiscalía General de la Nación, Bienestar Familiar, Registraduría, DAS, CTI, Procuraduría, como parte de los protocolos de desmovilización (Comité Operativo para la Dejación de Armas CODA), avalaron en su momento a todos y cada uno de los desmovilizados; no puede hoy pedirse al Ejército que debió verificar los antecedentes judiciales de estas personas, pues nunca ha sido función de esa institución tal registro. El proceso de desmovilización del Frente Cacica Gaitana goza de la presunción de legalidad en tanto se ajusta en todas sus partes a la normatividad vigente para el efecto.

Las Farc, a través de Anncol, rechazaron la desmovilización de la estructura criminal, aduciendo que era una estratagema gubernamental para quebrar la moral de la organización armada ilegal y descalificando a Olivo Saldaña y Pánfilo Panclasta como sus voceros, rápidamente los enemigos políticos del gobierno Uribe se apropian de ese discurso para tratar de deslegitimar todos los procesos de desmovilización, planteando un manto de duda sobre la desmovilización de las autodefensas ilegales.

Posteriormente, casi cinco años después, uno de los desmovilizados, José Alfredo Pacheco, quien hacía parte de las Farc, señala que Saldaña había reclutado a familiares suyos, indigentes y otras personas que no pertenecían a las Farc para hacerlos pasar por desmovilizados, y que en el proceso había hecho acuerdos con narcotraficantes para hacerlos pasar como tal; que las armas entregadas habían sido proporcionadas por estos, incluso una avioneta que se encontraba en proceso de extinción de dominio con anterioridad.

La líder humanitaria holandesa Liduine Zumpolle, una mujer incuestionable, consagrada al Frente de Manos por la Paz Internacional a facilitar la integración de los desmovilizados, señaló que Olivo Saldaña, a quien protegió durante años antes de verlo como autor de oscuros manejos, ha sido acusado ante la Fiscalía de haber recibido dinero de un narco para infiltrar cómplices suyos dentro de la desmovilización de la ‘Cacica Gaitana’. Todo esto -dice Liduine- a espaldas de Felipe Salazar (el Biófilo de la boina roja y la cola de caballo que comandaba el grupo), a quien aprecia y tiene por hombre valeroso y honrado[2].

No hay duda que Saldaña y Salazar hacían parte de las Farc, como 52 de los desmovilizados del Cacica Gaitana. Felipe Salazar, ‘Biófilo Panclasta’, le contó al periodista e investigador Plinio Apuleyo Mendoza,  cómo, al frente de 52 compañeros, eludiendo la amenaza de las Farc, se había desplazado desde el cañón de Las Hermosas buscando garantías para su entrega. Luego de recibir a petición suya la visita del coronel Castellanos y de dos enfermeras, y de hablar por teléfono con el Comisionado de Paz, decidió entrar a La Tebaida. “La mía y la de mis 52 compañeros fue una limpia desmovilización, dijo. No hubo farsa alguna. Las armas eran reales. Nada supimos de la avioneta. Gracias a una casa que dos días antes nos brindó el ejército, pudimos lavar nuestros uniformes. Ahora bien, puedo responder por mis compañeros y no por los 10 hombres -supuestas Milicias Bolivarianas- que aquel día hizo llegar Olivo Saldaña con su hermana[3].

Los 52 desmovilizados siguen en el Proceso de Reintegración, en tanto la orden judicial proferida por el Juez 26 de Bogotá ordena a la Consejería para la Reintegración suspender los beneficios concedidos a los 10 infiltrados por alias Olivo Saldaña.

De tal manera que no puede hablarse, en derecho, de una falsa desmovilización del Frente Cacica Gaitana; reposan en el CODA los documentos que confirman que al menos esos 52 individuos hacían parte de la estructura criminal de las Farc, de tal manera que la falsedad se extendería apenas a 18 personas infiltradas en el proceso por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.

Lo actuado por la Fiscalía General, en cabeza de Viviane Morales, desconoce entonces principios elementales del debido proceso para justificar la exageración de imputación de cargos contra el ex Comisionado Luis Carlos Restrepo y los señores Coroneles Hugo Castellanos y Jaime Ariza, que lleva al Fiscal Francisco Villarreal a calificar de manera infame el proceso de desmovilización como una ‘empresa criminal’.

Aquí es donde se retoma por parte del ente acusador el discurso de las Farc de 2006, es donde se concreta la venganza de la organización narcoterrorista contra los 52 guerrilleros desmovilizados entonces y contra los funcionarios del Estado que intervinieron en dicho proceso. El mensaje que se está enviando de manera mediática al hacer aparecer ese proceso como espurio e ilegítimo es que para quienes forman parte de las Farc no es alternativa la desmovilización.

Es evidente entonces que no hay garantías jurídicas para los funcionarios del Estado, incluidos los militares; que este remedo de procesos judiciales solo se utiliza para convertir la justicia en un instrumento de vindicta política de los malquerientes de Uribe y de los apologistas de la narcoguerrilla, de ahí la generalización, de ahí el afán mediático de magnificar el engaño de 12 personas para descalificar la desmovilización de más de 30.000 miembros de organizaciones armadas ilegales.

Esa si es una empresa criminal para perseguir injustificadamente a quienes hicieron parte del gobierno anterior y quebrar la moral de combate del Ejército, una cadena sin fin que comenzó con la persecución judicial a las operaciones contra las narcoguerrillas diciendo que el objeto era el ‘body count’ y ahora continua con la deslegitimación a las desmovilizaciones.

[1] REVISTA SEMANA. “Todo estuvo mal hecho”: Biófilo. Viernes, 25 de febrero de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/todo-estuvo-mal-hecho-biofilo/152381-3.aspx

LA IMPUTACION OBJETIVA EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA MILITARES EN COLOMBIA

De manera selectiva el poder judicial colombiano ha desarrollado jurisprudencia que reconoce la imputación objetiva cuando se trata de juicios penales a los militares en el país; esta teoría penal fue desarrollada por Claus Roxin para poder juzgar a Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial; así mismo fue retomada en una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), creada con el fin de combatir a la mafia norteamericana que, al igual que en Colombia, en ese momento se estaba tomando el país. En ambos casos la innovación consistía en poder condenar a una persona simplemente por formar parte del supuesto “aparato de poder”.

La imputación objetivo reclama una relación de causalidad. Sistemáticamente la constatación de una relación entre acción y resultado debe situarse, en los delitos dolosos de resultado, en la tipicidad como presupuesto previo a la atribución de la conducta a su autor mediante la aplicación de los criterios de la imputación objetiva. La constatación de la relación de causalidad consiste en la aplicación a la aparición de un resultado de principios explicativos lógicos que excluyen, antes de realizar una valoración jurídico-normativa, aquellos supuestos que no son en ningún caso consecuencia de un actuar humano[1].

La evolución del concepto de delito ha ido perfilándose de la mano de distintas concepciones filosóficas que daban lugar a nuevos planteamientos y formas de comprender el significado del actuar humano en el delito. Esta evolución no sólo no ha acabado, sino que están adquiriendo fuerzas nuevas -o tal vez no tan nuevas sino “recicladas”- teorías que a partir siempre de la cuestión básica de la atribución intentan realizar nuevas reinterpretaciones, cada vez más normativas del concepto y de los elementos del delito. El término atribución debe entenderse aquí como relación por la cual la conducta humana y su resultado se subsumen en un tipo penal y como consecuencia de tal subsunción se decide la exigencia (o no) de responsabilidades penales[2].

La constatación de la relación de causalidad entre acción y resultado como paso previo para una posterior imputación en la teoría de la equivalencia de condiciones. La razón de esta “fidelidad” doctrinal estriba en que, en última instancia, la teoría de la condición lo que hace es excluir aquellas conductas que no han intervenido en la producción del resultado y aún actualmente es aceptada con carácter general en la medida en que ofrece la fórmula más básica y elemental: entre acción y resultado tiene que existir una relación según la cual la acción ha debido intervenir como componente necesario de una condición suficiente en la producción del resultado.

De tal manera que la función de la causalidad entendida como forma lógica de conocimiento y explicación de relaciones antecedente necesario-consecuencia consiste, en sentido negativo, en excluir aquellos antecedentes no necesarios o no suficientes del análisis jurídico penal. Y en sentido positivo, en delimitar la materia sobre la que ha de versar el juicio normativo, afirmando la condición de antecedente de uno o varios comportamientos respecto a un resultado.

Así las cosas, cabe preguntarse si el poder judicial colombiano se está ateniendo al rigor científico que requiere la aplicación imparcial la teoría de la imputación objetiva, o si los operadores judiciales están incurriendo en una interpretación amañada para aplicar selectivamente la justicia en torno a los efectos del conflicto armado interno.

Veamos, en el caso de los señores General Arias Cabrales y Coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, la justicia aborda un proceso cuyo eje central es la desaparición forzada no tipificada en el estatuto penal de la época, aplicando una retroactividad penal de la norma desfavorable en perjuicio de los procesados, excluye del proceso sin argumentos jurídicos válidos las pruebas de exculpación o atenuación de las conductas atribuidas a los procesados y toma solamente aquellas que hacen más gravosa su situación, incluyendo falsos testimonios de individuos no identificados plenamente como personas existentes, y tampoco es clara al determinar si hubo o no la producción de un resultado antijurídico, pues en el curso de los procesos se habla de 11 desaparecidos y se termina concluyendo que probablemente sólo sean 2 las presuntas víctimas.

No hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para apreciar de plano que lo actuado por los operadores judiciales en torno a ese proceso, no es la aplicación técnica y jurídica de la teoría de la imputación objetiva porque se rompen todos los esquemas y principios del debido proceso penal para llegar a unas conclusiones condenatorias con una evidente carga ideológica al señalar al Ejército Nacional, entidad a la que pertenecen los procesados, como una organización para delinquir de tal manera que sus componentes deben ser condenados simplemente por pertenecer a ese ‘aparato de poder’.

Amargas son entonces las horas que le esperan a los miembros de la Fuerza Pública en Colombia por el cumplimiento de su deber constitucional y legal, la recuperación y el sostenimiento del orden público ante la agresión narcoterrorista; tal misión entonces ahora se considera como un concierto para delinquir con el ánimo de arrasar a quienes ilegítimamente se oponen al Estado social de derecho, mientras estos son bendecidos con el calificativo de ‘luchadores altruistas’ con finalidades políticas y no criminales.