En ese marco, nuestros nobeles maestros de las Ciencias Políticas, el mismo Derecho y de otras relacionadas con las Humanidades, dejaron escapar un elemento científico indispensable, el análisis histórico real de la violencia en Colombia.

Es imposible, que al explicar el fenómeno de las autodefensas ‘de derecha’, nuestros historiógrafos olviden los antecedentes inmediatos; los excesos de una narcoguerrilla que se enriquecía mediante la extorsión, el secuestro, el daño en bien ajeno (quema de fincas, maquinaria y ganados), y toda la tipología de delitos conexos a su acción criminal, mientras recurren al simple expediente de clasificar esa respuesta dentro de los parámetros que conceden al desarrollo de la “lucha de clases”, tan amigablemente impuesto por la comunidad jesuita en la educación colombiana.

Si, es cierto, el Estado colombiano emitió normas que al final de la violencia partidista, liberal-conservadora, buscaban evitar el resurgimiento de las organizaciones criminales que durante largos años asediaron a la república; las autodefensas era un método para prevenir la concentración de grupos civiles que mediante las armas intentaran amenazar o atacar poblaciones o grupos de habitantes legítimamente constituidos; tan legal era, que su existencia tuvo por lo menos 30 años de reconocimiento.

Y si fuere por el mote de ‘autodefensas’, ese es el título que reclaman para sí el Partido Comunista y las Farc; según ellos se constituyeron como tales en desarrollo del principio de la “combinación de las formas de lucha”, para desarrollar la ‘lucha armada’ contra todo símbolo del capitalismo y alcanzar la “dictadura del proletariado”.

Nada distinto a lo que a través de sus páginas electrónicas, especialmente Anncol, pregonan en este momento para justificar los atentados contra la población civil en Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Caquetá y el suroriente colombiano.

El mismo presidente de la república, Juan Manuel Santos, ha acudido a favor de los argumentos de las narcoguerrillas y sus apologistas, al señalar erradamente la existencia de grupos de derecha o extrema derecha que quieren sabotear su plan de claudicación frente al socialismo bolivariano, producto de una distorsión de su propia tesis de la tercera vía tan de boga en los 90.

Si las definiciones universales no han cambiado, extrema derecha o ultraderecha son términos utilizados en política para describir movimientos y partidos políticos que sostienen un discurso ultranacionalista, xenófobo y autoritario, con una tendencia populista en defensa exacerbada de la identidad nacional que no aboga por el mantenimiento de las instituciones y las libertades democráticas.

Si en algo convergen liberales y comunistas es en señalar que las políticas adoptadas en el gobierno anterior no son nacionalistas, que le abren el camino a la inversión extranjera y que ‘doblegan’ el nacionalismo que ellas interpretan. Más derechistas entonces serían los que defienden a ultranza el proteccionismo nacionalista, oposición a los tratados de libre comercio TLC, como recurso económico y político.

¿Puede decirse que en Colombia se han alimentado desde el gobierno políticas xenófobas? Por el contrario, los índices de migración indican que nunca como entonces, se produjo una afluencia de industriales, comerciantes o gentes de bien desde otros países, especialmente desde Venezuela.

Ahora, abría que discutir con esta caterva de nuevos sociólogos, qué es el autoritarismo; si por ello implica el llamado al acatamiento de la Constitución y la ley, no hay régimen en el mundo que renuncie a ello. Los que se han apartado de esa premisa, por ejemplo el régimen de Ernesto Samper, merecen todo el reproche probable. No sólo entregado a las mieles del poder narcotraficante, sino autor mediato del llamado canje de prisioneros con las narcoguerrillas que aún nos aflige.

Habría que revisar entonces lo que nos indica la historia frente a la responsabilidad de Alfonso López Michelsen y su intención de legalizar la economía ilícita a través de la llamada “ventanilla siniestra”; la de Trujillo Gaviria y la contemplación judicial a Pablo Escobar y sus testaferros, amén del baldón histórico que el gobierno de Samper Pizano representó internacionalmente para el país.

Pero son precisamente estos nefastos personajes los que se levantan para señalar la existencia de una extrema derecha en el país como culpable de la violencia que nos ha azotado; descaradamente tratan de inducir al olvido de sus propias responsabilidades y señalan al General o al Coronel tal o cual como responsables de las fallas que sus políticas trazaron.

En ese caso, habría que asumir como cierta la frase aquella de que Colombia es una sola, para alivio del mundo. La clase política del país debería asumir el juicio histórico que le corresponde, pero ahí están tramitando pensiones jugosas en un país donde la gran mayoría de habitantes ni siquiera tiene el derecho virtual, expectativa de derecho dicen los juristas que gozan de esas pensiones, a tener un mañana al menos seguro en torno a sus derechos básicos.

En tanto el dedo acusador sigue en el mismo horizonte; culpemos a los soldados, ellos fueron los que le pusieron el pecho a la guerra y mientras exista un culpable sus conciencias estarán tranquilas, incluso las de los mismos narcoterroristas y sus apologistas.

De ser cierto, el gobierno colombiano no sólo estaría actuando en contravía de la voluntad de sus electores, sino de los más altos intereses de la patria, en tanto las bandas narcoterroristas no solo intensifican sus acciones criminales, sino que anuncian que no renunciaran a las armas como método para la toma del poder, es decir, en lenguaje sencillo, que ellas no tienen absolutamente ningún interés en una paz negociada, sino en la imposición de sus políticas y su ideología narcomarxista como rendición del Estado.

Los rumores y la creciente campaña por la claudicación del Estado ha estado precedida en el inmediato presente por la aparición del llamado Consejo Patriótico Nacional, de clara orientación fariana, y como lo señala su ideólogo internacional Jaime Petras[1], su objetivo es reeditar los viejos postulados del Partido Comunista para darle un aire de legitimidad a las narcoguerrillas y a la “combinación de las formas de lucha” ante la comunidad de naciones, especialmente en América y la Unión Europea.

El afán de las Farc es por recuperar los escenarios internacionales perdidos desde su clasificación como grupo terrorista internacional y de la denuncia de su conversión a banda narcotraficante; las bases de la diplomacia fariana permanecen casi que intactas y ahora han encontrado un aire para retomar sus tareas con la política apaciguacionista y claudicante del actual gobierno colombiano.

La insurgencia no se venderá por ningún plato de lentejas, no se cansan de repetir los cabecillas de las bandas criminales y a fe que ello es cierto; una vez entreabierta la puerta a eventuales negociaciones, los terroristas convencidos de mantener en alto un poder de combate armado, no contra soldados y policías, sino contra los sectores más indefensos de la sociedad,  no van a acceder a tibiezas en el llamado marco para la paz, ya de manera prematura les habían ofrecido representación en el Congreso y ellos no van a aceptar ningún condicionamiento, no sólo van a exigir esa vocería sino parte de los gobiernos locales y del poder nacional, sobre eso no se pueden crear falsas esperanzas de un sometimiento voluntario de las Farc al orden constitucional y legal vigentes.

Las Farc, a través de sus apologistas y los mismos rendicionistas de siempre, no sólo metieron la mano en el bolsillo donde el presidente dice guardar la llave de la paz, ya están asaltando toda la despensa gracias a la infiltración del PC3 en el poder público; tal vez el presidente, mediante la claudicación del Estado, alcance esa pax romana que impondrán las Farc, y hasta llegue a disfrutar de su premio nobel en el exilio, el problema es para los 46 millones de colombianos que se verán duramente sometidos a una dictadura de una minoría que no representa ni siquiera el 1% de la nación.

Las Farc ya están en la tarea de reivindicar algunos cuadros que ya no hacen parte de las estructuras armadas, pero igualmente desempeñan un arduo trabajo político para socavar al Estado colombiano; es el caso del mismo León Valencia y de Francisco Galán, que pese a haber sido cabecillas del ELN, hoy son presentados por las Farc como un ejemplo revolucionario, sujeto a la crítica del movimiento terrorista y al retorno complaciente al redil.

Para ello recurren a la manida tesis de que la solución política al conflicto llegará en la lucha de masas cotidiana del pueblo colombiano y de su capacidad de resistencia armada, en la unidad de las fuerzas políticas opositoras al régimen, y en la unidad del movimiento insurgente[2].

Hay que ir sumando entonces: RENUNCIA A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA + MARCHA PATRIÓTICA + NUEVO AIRE PARA LAS FARC = CLAUDICACIÓN DEL ESTADO PARA SATISFACER A SUS NUEVOS MEJORES AMIGOS.

Nótese como ya las Farc exigen el reconocimiento legal como parte del ‘conflicto armado interno’[3] y ese es el primer paso en la dinámica que el mismo gobierno colombiano creó; reconocimiento que sin lugar a dudas va a llegar después de la tibieza gubernamental para condenar el asesinato de campesinos, indígenas y de militares y policías o atentados como el cometido contra el exministro Londoño Hoyos. Ya hay voces gubernamentales que están hablando de insurgentes al referirse a estos bandidos y ello cala en el imaginario público.

No es coincidencia entonces que el proyecto de acto legislativo que crea una jurisdicción especialísima para los narcoterroristas corra parejo a la pretendida reforma a la justicia penal militar; de por medio hay un chantaje político. Amarrar una propuesta legislativa que retome el rumbo del art. 221 de la Carta a la silenciosa admisión de una derrota política de nuestras FF.MM. es una verdadera canallada, propia de pronto para ganar una partida de póker, pero no para decidir la suerte de una nación.

A quienes lo duden, le recomiendo leer el texto del Plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas[4], si lo allí señalado no es lo que se está cumpliendo en Colombia, entonces los demócratas debemos renunciar a nuestro sueño de libertad donde el debate de las ideas públicas sea la constante.

Recientemente se anunció la captura de 10 colombianos en la zona fronteriza, pero no se ha identificado la naturaleza de su estadía en el vecino país, tal captura parece buscar simplemente acallar las críticas de aquí y de allá sobre la impunidad de los grupos narcoterroristas, cabe la duda si no serían 10 inocentes labriegos como ocurrió cuando el sonado caso de la captura de los paramilitares que iban a matar a Chávez.

No sería la primera, ni la última vez que el gobierno venezolano se burla abiertamente de su par colombiano en el tema de las Farc, no en vano el Ministro de Defensa de ese país se encuentra señalado internacionalmente por sus innegables vínculos con la banda terrorista y con la delincuencia narcotraficante, como lo están altos Oficiales de las FANB por los mismos cargos.

Por esa complicidad de autoridades venezolanas, Zulia, Táchira, Barinas y Apure son los estados de la frontera venezolana a los que se ha trasladado gran parte del conflicto colombiano, donde se está causando afectación a ganaderos, finqueros, industriales y comerciantes venezolanos, obligados mediante la extorsión a sufragar los gastos de los bandoleros.

Esta presencia de narcotráfico y de bandas terroristas tiene en jaque la seguridad ciudadana del vecino país. Analistas venezolanos dicen que este año se alcanzará la histórica cifra de 18.000 homicidios en todo el país. Táchira, por ejemplo, tenía hace una década 81 personas asesinadas, en 2004 la cifra era de 511 incrementándose notoriamente, hasta el punto de que el gobierno de Chávez ha prohibido la reproducción de cifras estadísticas en los medios para aminorar las críticas de sus connacionales.

La analista venezolana Rocío San Miguel escribió recientemente en una columna de prensa que hay cuatro puntos de la frontera claramente identificados por su peligrosidad: “En el estado de Zulia conforman la tríada la Sierra del Perijá y los poblados de El Cruce y Tres Bocas, teniendo como eje articulador el río Catatumbo. Zona de influencia de las Farc con aquiescencia del gobierno nacional y la primera división del Ejército”.

Señala que Táchira es el principal puerto de entrada de la droga procedente de Colombia y que se la disputan todos los grupos “bajo el amparo del Comando Regional Número uno de la Guardia Nacional”. Y denuncia que en el bajo Apure las Farc tienen un margen de control territorial “que se proyecta al centro del país y la ventajosa cercanía con Puerto Ayacucho, puerto fluvial que les permite desplazamientos a todo lo largo del margen occidental del estado Amazonas”. La propia Policía de Venezuela estima que siete frentes de las Farc actúan en su territorio.

La situación denunciada por Colombia en julio de 2010 ante la OEA permanece inalterable; apenas si se dieron algunos cambios de campamentos de los narcoterroristas mientras amainaba la tormenta, pero ahora todo está igual, incluso el apoyo a las Farc se ha hecho más descarado como lo prueban los vínculos de Adán Chávez Frías con la organización criminal.

Hay que recordar que el gobierno venezolano no considera terroristas a los bandidos de las Farc y Eln, incluso actúan con reconocimiento oficial como parte del Movimiento Continental Bolivariano MCB, algo que es de pleno conocimiento del gobierno colombiano.

Desde la frontera con Venezuela, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko“, y Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez“, dirigen “a distancia” sus operaciones bélicas y negocios de tráfico de drogas. En territorio colombiano, reclutan menores y los someten a peligros que evitan para sí mismos, bajo el amparo del régimen chavista[1].

Lejos de cualquier romántico ideal revolucionario, la vida de “Timochenko” e “Iván Márquez” -el máximo jefe de la narcoguerrilla y el miembro del máximo órgano de dirección, respectivamente- en la selvática frontera colombo-venezolana parece más digna de un “capo narco” de Hollywood. Bajo el amparo del régimen chavista, los nuevos mandos de las FARC “sobrellevan” el rigor de la selva amazónica matizándolo con bacanales que harían sonrojar a un romano[2].

De acuerdo con los relatos de ex guerrilleros desmovilizados -los mismos que permitieron ubicarlos en la zona del estado venezolano de Zulia-, los nuevos mandos de las FARC tras el abatimiento de Alfonso Cano llevan una vida que poco tiene que ver con el ascetismo al que someten a sus tropas. Ni la diabetes pudo detener a Timochenko, quien a pesar de tener que aplicarse insulina constantemente, no por ello se priva de los excesos: cerveza, cigarrillos y, claro, mujeres[3].

Pero mientras el “mejor nuevo amigo de Colombia” sigue escudando bajo su pollera a las Farc y Eln, en Colombia siguen muriendo soldados y policías defendiendo, sin ninguna garantía jurídica, una democracia que parece estar cediendo ante la presión política de los idiotas útiles de la narcoguerrilla y el socialismo bolivariano.

Hay que reaccionar ante esta realidad, el actual gobierno fue electo bajo el compromiso de continuar la seguridad democrática, no de unas políticas de prosperidad para quienes están por fuera de la ley.

Un idiota cualquiera, como los muchos que paga el régimen chavista, salió en la televisión pública de ese país, no en la privada que hubiere podido ser presentada como enemiga de la dictadura, a decir que el atentado contra Fernando Londoño Hoyos había sido preparado y ejecutado por el uribismo. Lo que me preocupa es que el mismo Presidente Santos quiso restarle desde un principio cualquier responsabilidad a las Farc. ¿Coincidencia o perversa identidad política?

24 horas después el pokeriano poder colombiano guarda silencio, se solaza en las afirmaciones del testaferro del poder chavista y con ello aumenta, no solo la polarización, sino de la imposibilidad de acuerdo para una paz nacional. ¿Por qué Santos no se ha pronunciado oficialmente frente a semejante agresión contra la soberanía nacional?

Que Venezuela no nos confunda, el llamado cantante de las Farc sigue siendo directivo del Movimiento Continental Bolivariano, por eso no lo han entregado, y de la misma manera lo seguirán siendo los cabecillas  de las narcoguerrillas amparados por ese Estado; Venezuela no entregará a los culpables de los homicidios en Colombia, seguirá rebuscando entre los idiotas que creyeron que en ese país encontrarían alguna seguridad. Los idiotas que verán burladas sus derechos laborales trabajando en cualquier fundo, finca o propiedad rural para justificar la presunta colaboración chavista.

Nada más hay que mirar, la prensa oficialista de Venezuela le resta importancia a los hechos de violencia que las Farc y sus aliados en la delincuencia organizada, cometen contra los venezolanos y colombianos; es claro, deben encontrar una justificación para decirle a sus ciudadanos  que cuando no son cómplices de la misma violencia contra su pueblo, son incapaces para combatirla.

No sé dónde, ni cuándo, la obligación que asiste a la Fiscalía, aún siendo ente acusador en el nuevo Sistema Penal Acusatorio SPA, de indagar por los aspectos positivos o negativos que acudan al juicio de la conducta del sindicado, se perdieron. La Fiscalía hoy acusa por un dulce de brevas; el sistemita ese de ofrecer garantías y beneficios judiciales a cambio de acusar a alguien que tenga alguna posición o prestancia social, económica, política o militar, dará resultados para los fiscales ansiosos de figuración mediática, pero no para el ejercicio de la justicia en Colombia.

El art. 29 de la Constitución consagra la presunción de inocencia para todo colombiano o habitante del territorio nacional en los procesos judiciales, pero el SPA ha invertido el principio y lo ha desnaturalizado de tal manera, que ser servidor público (no perteneciente a la rama judicial), es de por sí sinónimo de culpa; hecho aberrante que ha alimentado el ‘afán de la chiva’ de los medios de comunicación, que no dudan en sacrificar cualquier derecho personal, familiar o social, de quien es lanzado a la dehesa de los marranos por venales funcionarios de la Fiscalía en busca de resultados para su promoción.

Estamos seguros de la inocencia de Sigifredo López, un hombre judicializado no por sus ideas, no por sus acciones, sino por lo que es impensable en un Estado social de derecho, por sus rasgos aindiados que corresponden a un alto porcentaje de la zona geográfico de su nacimiento y crianza. Ya de por sí, esa canallada debería constituir lo que los gringos llaman un delito de odio, una discriminación absoluta que hacen los supuestos investigadores judiciales porque la nariz, el mentón o los labios del buscado de turno se acomodan a las características físicas del capturado.

Muchas de las gentes, por ejemplo, no conocen los requerimientos que para fines de extradición contemplas los indictamen de las solicitudes norteamericanas: Hombre latino, de cabellos oscuros, piel trigueña, entre 165 y 180 cms. de estatura. Descripción a la que cualquier colombiano puede responder, pero que nuestras acuciosas autoridades judiciales pueden aplicarle al primer pendejo que puedan capturar.

¿Podremos realmente conocer la cantidad de colombianos extraditados devueltos por error de identidad por las autoridades norteamericanas? No, nuestras autoridades policiales seguirán sintiéndose infalibles, por ello y por ni más ni menos, tienen dos de los mejores policías del mundo en su historia. ¿Cómo decir que siempre llegaron a esas instancias inflando estadísticas y hablando al oído de las personas adecuadas?

Ojalá que en el caso de Sigifrido López, esos mejores policías del mundo no se salgan por la tangente señalando un error del algún subintendente o rango similar, sino que en razón de la equidad y la ética, quienes avalaron la falsa prueba presenten al menos renuncia de sus cargos y pidan una disculpa pública a la víctima.

Pero la cosa no es nada más de la Policía; en la Fiscalía tienen que rodar cabezas y bien públicamente en la misma medida que le hicieron daño a Sigifrido López, su familia y su entorno. El primero en renunciar, en cualquier país decente, es el Fiscal General de la Nación, responsable del ente prevaricador. Nada acude a favor de Eduardo Montealegre para indicar ignorancia sobre las injustas medidas tomadas contra Sigifredo López, su familia y su entorno.

Como nada acude tampoco a favor del silencio público de Juan Manuel Santos Calderón, quien como Ministro de la Defensa conoció como el que más la realidad fáctica de ese secuestro, de la muerte de los 11 diputados y la liberación de Sigifrido López. Pero el presidente guarda silencio, espera ganar con algún bluff resultante de cualquier manga a su favor.

Las autodefensas comunistas habían surgido como resultado de la imposición soviética de la teoría de la ‘combinación de las formas de lucha’; impulsada desde los años 40, entre otros por Gilberto Vieira y Manuel Cepeda Vargas, fue la forma en que se solucionó el problema de la división interna del PCC, amenazado por el llamado vanguardismo obrerista[1].

Desde ese mayo de 1964, las FARC se distinguirían inicialmente de otras organizaciones guerrilleras rurales -nacidas de “focos”-, por su origen y profundas relaciones con el campesinado. Se reclamaban herederas de un profundo proceso de lucha armada campesina por la tierra, que explica su persistencia por décadas, pero encuadrado y distorsionado por el stalinismo hasta moldearlo como “partido-ejército” de estructura férreamente vertical y métodos típicamente stalinistas, que han llegado en más de una ocasión a la ejecución de disidentes o de miembros de otras corrientes políticas y guerrilleras[2].

El rígido encuadramiento stalinista de las FARC hizo que el ELN castrista y el EPL maoísta surgieran por fuera de ellas, como rupturas con el tronco tradicional prosoviético del stalinismo. Éstas fueron guerrillas distintas por su origen y base social, menos campesina y más centrada en sectores urbanos[3].

Sin ningún rigor científico o histórico, los apologistas de las Farc hablan de que entonces éstas contaban con cerca de 35.000 o 40.000 hombres que conformaban las autodefensas comunistas; ello equivaldría, si se miran los censos de entonces, a un apoyo popular de la casi totalidad de los habitantes del sur del Tolima, norte del Huila, parte del Valle y una porción de residentes en el Meta. Estas estadísticas artificiales sólo han servido para alimentar la falacia de la masacre de Marquetalia, para referirse a la Operación Laso adelantada desde 1962 por el Ejército Nacional contra las entonces llamadas ‘repúblicas independientes’.

La realidad mostró que no había tales miles de campesinos alzados en armas que querían emular a la Sierra Maestra cubana; por el contrario, fueron precisamente esos campesinos hastiados de los excesos comunistas de los cabecillas de las autodefensas, quienes pidieron al gobierno asistencia no sólo para mejorar sus condiciones de vida (salud, educación, servicios públicos), sino fundamentalmente para expulsar de la zona a quienes mediante el terror imponían su voluntad.

La Operación Marquetalia, contrario a lo mostrado dramáticamente por los apologistas de las Farc, no fue la operación militar de gran envergadura que implicó bombardeos masivos (incluso con bombas de napalm como dijera el tristemente célebre Jacobo Arenas), operaciones helicotransportadas, etc. Ahí faltan a la verdad nuevamente estos supuestos historiadores en tanto el país no tenía la capacidad militar para ello y ni siquiera ese tipo de operaciones aerotransportadas o de ofensiva había sido desarrollada en Vietnam, para decir como dicen, que fue un traslado de las experiencias militares norteamericanas del sudeste asiático al país.

Es impensable que el señor General José Joaquín Matallana apenas hubiere dispuesto una fuerza de 5.000 hombres para enfrentar la amenaza de 35.000 guerrilleros, por lo menos, como dicen los mismos ‘historiadores’ que han desconfigurado la historia nacional. Allí reside la primera debilidad científica de la historia que hoy nos imponen incluso en los mismos textos oficiales de educación pública.

Lastimosamente el Plan Laso no alcanzó los objetivos fijados porque al gobierno nacional se le acabó la gasolina a media marcha; alentado por los mismos sectores políticos que hoy atacan al Ejército y pugnan por la misma salida política de entonces, el presidente Valencia consideró que las FF.MM le hacían competencia política y decidió desmontar la estrategia nacional para terminar con el bandolerismo comunista.

Los sucesivos gobiernos, hasta 2002, estuvieron empeñados en mostrar una tímida estrategia de la zanahoria y el garrote, más zanahoria que garrote, contribuyendo sin lugar a dudas a permitir que las Farc se fortalecieran, hasta el grado de convertirse en el primer cártel armado del narcotráfico y socio predilecto de los Zetas mexicanos, que ya actúan en el sur de Colombia. De las Farc de mayo de 1964 apenas si queda el polvoriento discurso de reivindicaciones agrarias de la misma época.

Entre 2002 y 2010, las Farc tuvieron que contemplar su realidad armada. De la prepotente organización narcoterrorista que amenazaba incluso a la capital de Colombia, tuvieron que retroceder a sus más elementales orígenes, la misma guerrilla que huyó de Marquetalia, esta vez con apenas 15 o 20.000 hombres, la mayoría de ellos engañados o forzados a ser parte de una guerra en la que no creen.

La realidad de las Farc hoy puede resumirse en lo que actuaron ayer: Herir a un bebé de apenas dos meses de edad y a una niña de 7 años como celebración de su ‘cumpleaños’ en Ituango (Antioquia), es muestra más que suficiente de la cobardía y la infamia con que actúan.  Ya quisiera ver al Presidente o a los honorables congresistas que premiaran a estos criminales con cargos en el Congreso, explicándoles a las familias de las víctimas alguna razón para su exabrupto.