Contrastaba la descompuesta figura de Cepeda Castro con la serenidad y gallardía del Oficial de la Reserva Activa y no podía menos, en el imaginario público, que retrotraer la imagen que proyectan los miembros de las bandas criminales frente a la gallarda figura de nuestros militares y policías; del choque frontal entre lo que era el hombre de las cavernas frente al hombre civilizado del siglo XXI, a Cepeda Castro sólo le faltaba el traje de pieles y el mazo en la mano.

Pero no es solo su desgarbada y descompuesta apariencia física, es en la exposición de sus pensamientos cuando Iván Cepeda se acerca más a las primeras etapas de la evolución de los homínidos; su discurso es el mismo con el que  que Lenin declaró el terrorismo como doctrina y hablaba de “fusilar en el acto a un parásito (ricos, intelectuales burgueses, truhanes) de cada diez” para implantar su dictadura del proletariado (SAMBRA, 2005), doctrina que Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván, introdujo al país por orden de la dictadura soviética con el pomposo nombre de “combinación de las formas de lucha” que diera origen a la violencia que nos golpea hace más de 50 años.

Y es que los denuestos de Cepeda Castro estallaron precisamente cuando el señor General (r) Ruíz Barrera, presidente de ACORE, trajera a colación tal hecho histórico que pese a las innumerables evidencias la mamertería criolla, con la complicidad de algunos miembros del poder judicial que se han encargado de desaparecerlas, niega para proclamarse víctimas como lo han señalado reiteradamente las Farc y todas sus organizaciones de bolsillo, incluido el PCC que hasta hace poco tenía dentro de sus estatutos la consigna de la combinación de las formas de lucha, ahora llamada “derecho a la insurrección armada” por el narcoterrorismo.

Y es que la creación de movimientos armados para acompañar su actividad política es inherente a la esencia misma de todo movimiento de izquierda que se llame marxista-leninista, dentro de los principios enunciados por Lenin es imperativo saber que:

(…) el marxismo se distingue de todas las formas primitivas del socialismo pues no liga el movimiento a una sola forma determinada de lucha. El marxismo admite las formas más diversas de lucha; además, no las “inventa”, sino que generaliza, organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento. El marxismo, totalmente hostil a todas las fórmulas abstractas, a todas las recetas doctrinas, exige que se preste mucha atención a la lucha de masas en curso que, con el desarrollo del movimiento, el crecimiento de la conciencia de las masas y la agudización de las crisis económicas y políticas, engendra constantemente nuevos y cada vez más diversos métodos de defensa y ataque. Por esto, el marxismo no rechaza categóricamente ninguna forma de lucha El marxismo no se limita, en ningún caso, a las formas de lucha posibles y existentes sólo en un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de formas de lucha nuevas, desconocidas de los militantes de un período dado, al cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este sentido, aprende, si puede decirse así, de la práctica de las masas, lejos de pretender enseñar a las masas formas de lucha inventadas por “sistematizadores” de gabinete. Sabemos — decía, por ejemplo, Kautsky, al examinar las formas de la revolución social — que la próxima crisis nos traerá nuevas formas de lucha que no podemos prever ahora. (LENIN, 1906)

De tal manera que aparecerse ahora rasgándose las vestiduras y decir que citar esa realidad histórica es una mentira cobarde, sólo demuestra que son los mamertos los mentirosos y cobardes que siempre se han distinguido por tirar la piedra y esconder la mano.

Esa fue la tesis sobre el terrorismo como complemento de la acción política que enunciara Lenin fue la que Cepeda Vargas y Gilberto Vieira introdujeron al país, tesis que recomendara la Internacional Socialista, y que fue aplicada por los comunistas directamente a los residuos de las antiguas guerrillas liberales del sur del departamento del Tolima, donde encontró referencia después del rechazo expreso en los llanos orientales, Santander o en el Valle, zonas geográficas donde igualmente los guerrilleros liberales se reinsertaban a la democracia colombiana.

No es sorpresa que las nuevas generaciones no conozcan esas realidades si quienes se han encargado de escribir nuestra historia han sido precisamente individuos vinculados al comunismo y que aprovechándose de las debilidades de la democracia se han encargado de diseñar los textos educativos para alimentar el odio de clases, la lucha de clases, como sinónimo de educación en Colombia.

De eso se aprovecha la mamertería para no cambiar y evolucionar su discurso victimizante para justificar los 50 años de depredación irracional de las bandas narcoterroristas y burlarse de las víctimas que ha producido el conflicto propiciado por ellas y socavar el orden institucional valiéndose de las mismas herramientas de un Estado que combaten mediante su combinación de formas de lucha.

Puede tener razón Cepeda Castro al reclamar porque se diga que su papá, Manuel Cepeda Vargas, fue un guerrillero del montón, a él hay que reconocerle su calidad de fundador de las Farc, por algo la narcoguerrilla le puso ese nombrecito a una de sus  estructuras criminales más sanguinarias sin que el representante comunista haya mostrado ninguna indignación.

Así se colige de la denuncia que hace el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge Restrepo, quien señala con certeza que la banda narcotraficante de origen paramilitar “Los Urabeños” ha comenzado a absorber rutas y hasta integrantes de las FARC en algunas zonas del país. “Lo están haciendo ya, en particular en Nariño (suroeste), en la zona alrededor de Tumaco, también en el Bajo Cauca antioqueño (centro-oeste), uno a uno“ (EFE, 2013), indicó el experto en el conflicto colombiano.

La denuncia tiene sentido si se tiene en cuenta que son especialmente esas zonas donde las cuadrillas criminales de las Farc han mostrado mayor actividad durante el tiempo que llevan las negociaciones en La Habana y fue en esas regiones donde no se atendió la llamada “tregua unilateral” que la organización narcoterrorista anunciara a finales de 2012; esas estructuras que están asumiendo “Los Urabeños” son precisamente las que se encuentran bajo el mando de Jorge Torres Victoria, conocido en el mundo delincuencial con el alias de “Pablo Catatumbo”, quien fuera trasladado con la colaboración del gobierno nacional a la capital cubana para hacer parte del equipo negociador de las Farc.

Precisamente esa mutación de las Farc es la que advierte el CERAC al recomendar a las autoridades que se preparen para afrontar esta realidad, independientemente de que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) logren un acuerdo de paz, en el que trabajan desde hace casi seis meses. “Podemos negociar con las guerrillas y acordar el fin del conflicto, pero eso no es construir la paz. Colombia está cruzada por muchas violencias”, observó Jorge Restrepo, al advertir que el país ya está “empezando a vivir la violencia del pos conflicto sin haber terminado el conflicto con las Farc“ (EFE, 2013).

El paso de las estructuras criminales de las Farc a “Los Urabeños” completaría la ya evidente unidad política alcanzada y probada con la alianza de los antiguos cabecillas de las AUC, extraditados y con juicios en espera en Colombia, con organizaciones de bolsillo de las Farc que adelantan en el país la campaña de descrédito de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y del anterior gobierno contando precisamente con sus falaces testimonios, aceptados como verdad revelada por un poder judicial que actúa bajo la bandera de la célula “Jaime Pardo Leal”, el dirigente comunista que cayó en la guerra entre narcotraficantes y guerrilleros en los 80 y cuyo nombre es precisamente insignia de una de las estructuras de las Farc.

Este hecho desmiente la pretendida guerra entre “Los Urabeños” y las Farc por el control de Tumaco y de las rutas de narcotráfico en el sur colombiano y que ha servido para alimentar la fábula de la subsistencia de grupos paramilitares para justificar la propaganda de la izquierda a favor de las narcoguerrillas en el sentido de que estas no son narcotraficantes sino “luchadores altruistas que matan para que otros vivan mejor” como las describiera el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz y sostienen sin pudor algunos sectores de la Corte Suprema de Justicia y el poder judicial.

La denuncia del CERAC sin duda alguna pone en evidencia que las Farc continúan engañando a Colombia y al mundo entero, que los diálogos son un pretexto para legitimarse pero no para renunciar a la actividad criminal la que luego querrán proteger diciendo que cualquier acción contra las bandas criminales es un ataque a sus militantes, sacando a relucir el fantasma de la UP como ocurrió en los 90 y han mantenido como excusa todos estos años. Las Farc sólo se están consolidando como estructura mafiosa y criminal y su menor interés es el cese del conflicto, lo que quieren es diversificar sus caretas.

Si, como él mismo señala, el 98% de los militares privados de la libertad observan un comportamiento ejemplar en sus sitios de reclusión, no se entiende cómo quiera generalizar el llamado escándalo del Tolemaida Resort que el amarillismo informativo ha creado en el país.

Hubo unos pocos casos, que no alcanzan a ser el 1% de la población carcelaria en los centros de reclusión militar que dieron lugar a la explotación sensacionalista de la prensa, propiciados por el Mayor (r) Maldonado en el 2010; sin embargo ciertos periodistas han tenido ese antecedente como un rico filón para buscar una figuración que realmente no merecen.

Hablar de privilegios exagerados o de comodidades en los centros de reclusión militar comparándolos con las condiciones de reclusión de la población general, además de injusto es absurdo, porque los permisos son concedidos conforme a las normas del régimen penitenciario y las condiciones en que se encuentran los militares privados de libertad simplemente obedecen a normas mínimas de respeto a los DD.HH de los detenidos, en su gran mayoría, personas que apenas están en el proceso investigativo y no han sido condenados por los delitos que se les imputan.

Las reiteradas informaciones, por ejemplo de la revista Semana, hacen parte de una campaña de enemigos ideológicos de la institución militar que aspiran ver en el patíbulo a los soldados y policías que han combatido a las organizaciones narcoterroristas y para quienes cualquier beneficio jurídico les parece demasiado cuando se trata de militares y policías sindicados de delitos de lesa humanidad aun cuando no hayan sido condenados. Delitos, que debe decirse de una vez por todas, si se cometieron fue al fragor del conflicto interno desatado por el comunismo desde hace 50 años con la tesis absurda de la lucha de clases y la combinación de las formas de lucha.

Los enemigos del Ejército señalan que la ausencia de una real privación de la libertad es una forma de impunidad, pero no señalan cuáles son las condiciones a que debe ser sometido el militar o el policía detenido para que ellos se sientan satisfechos en su ánimo de vindicta. Quizá aspiran a que en las cárceles castrenses se den las mismas condiciones de irrespeto y violación a los DD.HH que han sido tradicionales en las cárceles ordinarias, es decir con su carga de hacinamiento, insalubridad e inseguridad que las caracteriza.

En sus apresuradas declaraciones el señor General Ricaurte no señala qué normas del Régimen Disciplinario Penitenciario se están violando en las cárceles militares y no porque lo haya olvidado sino porque no pueden probarse tales violaciones sino a partir de especulaciones e infundios creados por los medios sensacionalistas para deslegitimar la existencia de sitios de reclusión especiales para el personal militar y de policía.

Qué más quisieran los narcoterroristas, sus apologistas y ciertos periodistas de pacotilla que les trabajan a sueldo, que ver a nuestros soldados y policías reducidos en condiciones humillantes en centros carcelarios comunes a merced de los delincuentes que combatieron; no pocos legisladores y politiqueros oportunistas han aprovechado la información sensacionalista para obtener figuración y simpatías entre los electores que comparten el odio visceral por nuestras instituciones inoculado por el comunismo, o socialismo o bolivarianismo, especialmente contra nuestras FF.MM y de Policía.

Los militares y policías que hoy se encuentran privados de la libertad son sindicados de delitos de lesa humanidad, especialmente homicidio o lesiones personales en persona protegida, sin que su situación jurídica se haya resuelto porque la Fiscalía o los jueces no han encontrado pruebas reales de responsabilidad penal, pero mantienen la privación de la libertad como un castigo injustificado por indicación de algunas ONGs y gremios sindicales que hacen parte de la estructura política de las narcoguerrillas; mientras los criminales que son capturados por el Ejército o Policía gozan de todas las garantías y son dejados en libertad por tecnicismos o interpretaciones leguleyas, al soldado y al policía se les niega el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia en contra de lo ordenado por el art. 229 de la Carta.

Los términos contemplados en los Códigos Penales y de Procedimiento Penal son absurdamente pretermitidos por los operadores judiciales en perjuicio del militar o del policía y ya hay toda una arremetida de estos para recluir en cárceles comunes a quienes son señalados por las ONG afectas a las narcoguerrillas, ha sido necesario incluso recurrir a la acción de tutela que debe llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los procedimientos, porque los miembros de Asonal de los juzgados y tribunales departamentales presumen la culpabilidad del soldado o del policía y contra toda evidencia se consagra la palabra del delincuente como verdad revelada.

Desde aquella tristemente célebre consigna liberal de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” (Julio César Turbay Ayala (1978-1982), esta se desbordo a extremos inimaginables; la coima o mordida se volvió el referente no sólo de la contratación con el Estado sino que incluso se extendió a las más simples diligencias que un ciudadano debe realizar ante las entidades, aquí se volvió costumbre pagar hasta por no hacer una fila para cumplir un trámite.

Para una democracia es supremamente grave que más de la mitad de un cuerpo colegiado pueda estar implicada en actos de corrupción que han sacudido no sólo a la ciudad, sino al país entero. Por cuenta de la malla vial, el sistema Transmilenio y el de Salud son miles de millones pagados por los contribuyentes que pasaron a manos privadas incluyendo al Alcalde, a su hermano Senador, al Personero y al Contralor distritales (los órganos de control que debieron vigilar para que eso no sucediera), y ahora uno de sus protagonistas revela que de 45 concejales 20 recibieron comisiones y dádivas por su ejercicio político a favor de los contratistas.

No se salva ningún partido político, incluido el recientemente creado partido verde, de esta feria de corruptelas que merecen todo el repudio de la ciudadanía, derecha e izquierda tienen su cuota de participación y quedan llamados a tomar las medidas del caso para expulsar de sus filas a los inmorales delincuentes que aprovechándose de los recursos públicos se enriquecen a costa de las necesidades de sus electores. Ninguno de estos individuos, de resultar judicialmente culpables, puede aspirar a volver a desempeñar el más humilde cargo dentro de la administración pública o a convertirse en vocero de alguna comunidad.

El triste ejemplo de la laxitud política y moral de la sociedad frente a hechos de corrupción es un acicate para que esas conductas se propalen; de hecho muchos de los corruptos, los que financiaron sus campañas políticas con dineros ilícitos, hoy pretenden convertirse en la conciencia moral del país y dan cátedra de cómo debe manejarse el Estado con el triste argumento de que no fueron condenados por la instancia correspondiente pero sin decir que esa instancia estaba manejada por sus copartidarios y aliados para conducir la investigación hacia la absolución.

La corrupción no es un mal reciente y esa reacción laxa de la sociedad se deriva del hecho real de que muchos de quienes condenaron actos corruptos de otros, terminan envueltos en los mismos ropajes clientelistas, corruptos y politiqueros; la condena a la corrupción por parte de nuestra clase política no ha pasado del discurso porque los métodos siguen siendo los mismos que la alimentan. Es inexplicable que no quiera endurecerse la normatividad relacionada con la contratación pública o que los mismos políticos de siempre, por ejemplo, ahora exijan que se les devuelva el manejo y control de los dineros de la salud como lo contempla la reforma ordinaria propuesta por el actual gobierno.

Estamos de acuerdo que debe surtirse el debido proceso frente a todas estas denuncias y que los señalados están cobijados por el principio de presunción de inocencia que consagra el art. 29 de nuestra Constitución, pero aquellos que resultaren condenados por estas conductas deben sentir no sólo todo el peso de la ley, sino que deben repara el daño hecho con su patrimonio y fundamentalmente deben ser condenados a la muerte política que de alguna manera debe afectar también a los partidos que los avalaron porque ellos tienen una responsabilidad directa en la escogencia y presentación de sus candidatos a los cargos de elección popular y de la administración pública.

Pero no sólo es en lo público. La Segunda Encuesta Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas 2010, realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, arroja que el 93% de los empresarios considera que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios, mientras que el 26% de ellos afirma tener programas e inversiones contra el soborno. El sector privado debe también caer bajo la veeduría de los ciudadanos y empresa que se sepa estimula o ejerce estas prácticas de corrupción debe ser vetada por los consumidores de bienes y servicios. En esto no se puede andar a medias tintas, no hay grises para contemplar este cáncer, la corrupción sólo debe ser vista en blanco o negro.

Ya son más de 8.000 combatientes de las Farc los que han optado por esa salida inteligente que les devuelve todas las oportunidades para reconciliarse con la vida; entre ellos muchos mandos medios que han entendido que las oportunidades políticas y jurídicas de que se habla en La Habana no serán para ellos, como tampoco lo será el disfrute de las riquezas acumuladas en años de secuestro, extorsión y narcotráfico. Esos mandos medios y los guerrilleros rasos no serán otra cosa que el chivo expiatorio para tapar las culpas de los altos cabecillas, reales beneficiarios de cualquier acuerdo.

Desmovilízate ahora que tienes tiempo y oportunidad para que tu caso sea considerado individualmente, si esperas al final sólo tienes dos opciones: Morir por una lucha que no tiene futuro o ser uno más del montón cuando tus jefes decidan entregar las armas, paso que será inevitable; para entonces cualquier tratamiento deferente será casi imposible y serás abandonado a tu suerte por quienes hoy te llaman camarada, esos mismos que disfrutarán de todos los beneficios sólo te dejarán el camino de la exclusión o de la delincuencia y cualquiera de los dos representan la cárcel o el cementerio.

Mientras los cabecillas aseguran su impunidad y su paso a la política, la suerte de los guerrilleros rasos y medios en una desmovilización masiva siempre quedará en el limbo, el mismo Estado señala que no tiene la capacidad para resolver la situación jurídica de los cerca de 9.000 hombres y mujeres que conforman las estructuras de las Farc o del Eln, eso implica limitaciones a las posibilidades laborales o de integración social. Pero si te desmovilizas ahora puedes hacer parte de programas que ya funcionan y de los cuales dan testimonio cierto quienes se han acogido a ellos.

Del limbo jurídico al laberinto de un proceso judicial: esta es, paradójicamente, la suerte que aguarda a los desmovilizados rasos de las guerrillas si se alcanzan acuerdos en La Habana y es de simple lógica entender que esos procesos se prolongarán en el tiempo sin que las oportunidades de reinserción puedan hacerse efectivas; la desmovilización personal o de grupos de guerrilleros te facilitará las cosas y aún más si colaboras para desarticular las estructuras que aún insisten en el delito como forma de vida.

Ten en cuenta un factor fundamental; si los desmovilizados no han cometido ningún delito posterior a su dejación de las armas, si cuentan su participación en la guerra ante el Centro de Memoria Histórica que creó la Ley de Víctimas y suscriben un documento en el que se comprometen a contribuir a la verdad y la reparación de los afectados por las acciones de las Farc o Eln, evitarán ir a la cárcel y podrán continuar (o iniciar, si no lo han hecho) su proceso de reintegración; pero si esperan al final la misma complejidad de esas desmovilizaciones limitará ostensiblemente esas oportunidades.

Los colombianos estamos dispuestos a recibir con los brazos abiertos y brindarle toda suerte de oportunidades a quienes se desmovilicen ahora; entendemos que la gran mayoría de quienes están en las filas de las Farc lo hicieron por engaño o fueron forzados mediante el terror a ellos y sus familias a hacer parte de la organización criminal, aún en los casos en que decidieron hacer parte de las Farc o Eln por convicción ideológica, sabemos de su frustración al constatar que las guerrillas hace tiempo abandonaron esos ideales. Por eso no podemos hacerlos responsables por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por los que deberán responder ante la justicia colombiana o la justicia internacional sus cabecillas, no permitan que ellos los arrastren a ese incierto camino.

Hermano guerrillera, ahora es el tiempo para tomar esa decisión que te devolverá la vida y a tu familia. Preséntate con tu armamento y equipo a la unidad militar más cercana, y expresa tu deseo de desmovilizarte. Tus derechos serán garantizados como lo prueba la realidad de más de 8.000 desmovilizados que gozan hoy de la plenitud de ellos y de la oportunidad por un mañana mejor y real.

En 1961, días antes de que Castro anunciara al mundo el carácter marxista-leninista de su revolución, alrededor de 100 mil opositores internos y/o sospechosos fueron detenidos en estadios, teatros y escuelas, de muchos de ellos nunca volvió a tenerse noticia alguna y la misma suerte corrieron familiares que se atrevieron a indagar por su suerte. Para quienes duden de la verdad de la criminal represión del clan Castro y sus esbirros contra la democracia, se les recomienda ver  la película “El Hombre de Maisinicú”, y leer los libros “Los Años Duros”, de Jesús Díaz, y “Condenados de Condado”, de Norberto Fuentes, entre otros, donde se narra la lucha de los cubanos por retomar su independencia.

Esta referencia histórica nace de la preocupación por el rumbo que está tomando el devenir político en el hermano país venezolano; la actitud arrogante y de burla que el gobierno de Nicolás Maduro tuvo frente a la brutal agresión de que fueran objeto los diputados demócratas en la Asamblea Nacional podría ser el preludio de cosas peores si se tiene en cuenta que incluso la Ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, otra fanática chavista, amenaza públicamente con la cárcel a los opositores, dice que ya ordenó que les prepararan las celdas porque eran “fascistas”: “Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano” anunció oficialmente la funcionaria a través de los medios de comunicación en referencia al líder opositor Henrique Capriles (UNIVERSAL, 2013), mote que los comunistas siempre le han endilgado a quienes no comparten sus dogmas fundamentalistas.

No puede olvidarse ni por un instante que el mando militar en Venezuela ha sido convertido en un instrumento político del partido de gobierno y algunos altos oficiales han dicho públicamente que defenderán con las armas la revolución si esta fuera derrotada por la democracia. Téngase en cuenta que el pasado 19 de abril incluso se puso a jurar a las tropas lealtad a Nicolás Maduro y no a la Constitución y el pueblo de Venezuela (HISPANTV, 2013); los poderes públicos en Venezuela dependen del único partido PUSV y han sido cooptados absolutamente por el gobierno, hasta el punto de que la esposa de Maduro, Cilia Flórez, es a su vez la Procuradora General.

En Venezuela incluso se detiene y priva de la libertad de manera arbitraria a Oficiales retirados de las FANB por haberse pasado a la oposición, tal es el caso de los señores Generales Raúl Baduel y recientemente a Antonio Rivero. Estos dos altos oficiales fueron compañeros de Hugo Chávez Frías en su intentona golpista y posteriormente como presidente, pero muy pronto se desilusionaron al ver el rumbo que se le imprimía a la llamada revolución bolivariana. Sin ninguna vergüenza el régimen neocomunista no ha dudado incluso en tildarlos de “agentes de la CIA” por denunciar públicamente la cubanización de áreas estratégicas del gobierno y la seguridad venezolanas.

El General Rivero renunció en marzo pasado a la Fuerza Armada tras denunciar que personal militar de Cuba cumple “tareas de planificación y conformación de la organización militar, capacitación y adiestramiento” en las instituciones castrenses venezolanas, hechos que denunció a sus superiores al considerar que los cubanos accedían a informaciones y planes de seguridad nacional que deben ser reservados solo para el Alto Mando y el gobierno de Venezuela, sus denuncias no fueron atendidas y desde entonces se le persiguió judicialmente para acallarlo, incluso Hugo Chávez se mofó públicamente de sus denuncias cuando señaló en una de sus interminables peroratas: “Ahora salió ese triste, porque lo que da es tristeza” con “el mismo discursito enemigo: cubanización de la fuerza armada (…) ¿cuál cubanización? ¡Aquí los cubanos nos están ayudando!”, declaró el extinto mandatario (TERRA, 2013).

Hoy el gobierno Maduro a través del poder judicial que manipula a su antojo le formula imputación al señor General Rivero por los delitos de “ultraje” a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el de “revelación de noticias privadas o secretas” de ese organismo, que conllevan penas de cárcel de entre tres a ocho años y de cuatro y diez años, respectivamente; es decir, lo grave para Venezuela no es que los cubanos castristas estén dirigiendo las FANB, los órganos de policía y que dicten al legislativo y al judicial las directrices de acción pública, lo grave es que eso se sepa.

Ojalá el gobierno colombiano y los demás gobiernos de América Latina cuyas conciencias no están comprometidas por los subsidios del espurio gobierno venezolano desde tiempos de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, atiendan el desesperado llamado de más del 50% de los venezolanos, valientemente representados por demócratas como Corina Machado, quien con sus heridas físicas aún visibles después de la brutal paliza propinada por los matones comunistas, recorre el continente pidiéndole a nuestros países activar la Carta Democrática de la OEA con respecto a Venezuela antes de que el gobierno cubano y sus esbirros en el gobierno en el hermano país lo hundan en la negra noche de la violencia y la negación de los derechos y garantías fundamentales que sólo la democracia ofrece.