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JUSTICIA TRANSICIONAL Y FUERO MILITAR

24 Oct
JUSTICIA TRANSICIONAL Y FUERO MILITAR

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Con la mejor intención la bancada conservadora y del Partido de la U van a sostener el artículo sobre fuero militar contemplado en el proyecto de acto legislativo que eleva a rango constitucional la llamada justicia transicional.

Los militares en servicio activo y las organizaciones de la reserva activa han expresado sus observaciones a esta propuesta, en tanto con razón se considera que conlleva una enorme trampa política que amenaza con desprestigiar las instituciones militares y policiales al tiempo que deslegitimar al Estado. De hecho, la propuesta de abrir las puertas de la Justicia Transicional a militares y policías encierra dos pecados políticos de graves consecuencias. Para empezar, colocará a los miembros de la Fuerza Pública en el mismo nivel que los terroristas en la medida en que aplicará idéntico rasero legal a unos y otros[1].

Contrario a lo que se empeñan en mostrar los críticos oficiosos de la institución militar, nuestras Fuerzas Armadas han dado ejemplo de honestidad e integridad al señalar que los miembros de las mismas que incurran en conductas punibles tipificadas como delitos de lesa humanidad deben ser objeto de todo el peso de la ley, porque las mismas traicionan los principios y valores que las cohesionan, precisamente porque no puede aceptarse desde ningún punto de vista que las responsabilidades individuales se conviertan en una responsabilidad colectiva, como si la violación de los DD.HH y el D.I.H. fuere una política oficial de la institución militar.

Es cierto que la propuesta permitiría superar el problema jurídico de los militares y policías responsables de abusos, que podrían conseguir una amnistía a cambio de reconocer su culpa y reparar a las víctimas. Por otra parte, resolvería lo que se considera el doble rasero de Oficiales y Suboficiales procesados por delitos cometidos en la confrontación con grupos narcoguerrilleros cuyos miembros han sido perdonados por su responsabilidad en graves actos terroristas[2].

Pero ahí es donde está la trampa política. Desde la constitución del Foro de Sao Paulo el principal objetivo del comunismo internacional es desprestigiar y deslegitimar las Fuerzas Militares. Que mejor ocasión podría presentárseles si logran que en Colombia Soldados y Policías sean puestos en el mismo nivel de criminalidad que en el que se encuentran los agentes del narcoterrorismo comunista.

Con la aplicación de la Justicia Transicional, aquellos militares y policías implicados en actos ilegales verían reducidas sus penas a cambio de que el estamento castrense aceptase una culpabilidad colectiva. Los individuos recibirían el perdón, porque los delitos serían imputados al sistema institucional en su conjunto[3].

Conviene no menospreciar el impacto que tendría esta equiparación de las instituciones militares y policiales con los grupos terroristas. El reconocimiento de que el comportamiento de la Fuerza Pública en nada se distinguió de guerrillas o autodefensas ilegales asestaría un golpe demoledor a la legitimidad del Estado. Bajo tales circunstancias, las posibles conversaciones para la desmovilización de los grupos armados ya no podrían ser vistas como un gesto de generosidad de una democracia hacia una banda de violentos que actuaron por fuera de la ley[4].

Por el contrario, las negociaciones pasarían a ser percibidas como el diálogo entre dos lados —Estado y guerrillas— con idéntica calidad política y moral donde los grupos armados estarían en posición de exigir un rediseño completo del orden constitucional en la medida en que las instituciones carecen de legitimidad. Como consecuencia, se abriría la puerta a una ruptura del orden legal de la Constitución de 1991 y un proceso de refundación del Estado donde el proyecto ideológico radical de una minoría armada podría ganar una influencia desproporcionada sobre la mayoría de los ciudadanos que otorgan su respaldo al sistema político vigente[5].

Andrés Pastrana justificaba hace poco su decisión de llamar a calificar servicios a exitosos altos Oficiales del Ejército con el peregrino argumento de que las denuncias presentadas por las ONG afectas al narcoterrorismo sembraban elementos de duda sobre la legitimidad de su ejercicio profesional, para ello, dice, el Ejecutivo cuenta con las facultades discrecionales que le permiten separar del servicio a quien sea señalado sin necesidad de agotar el debido proceso o permitirle el derecho a la defensa.

Habría que imaginar entonces un escenario donde se privilegien ciertas prácticas de la llamada ‘justicia transicional’ y la perversidad con que el poder judicial colombiano conduce los procesos contra los militares. Declaraciones y testimonios que comprometan a Coroneles y Generales serían el pan de cada día a cambio de beneficios judiciales. Cualquier militar implicado en delitos de lesa humanidad obtendría su recompensa señalando a sus superiores como determinadores de sus acciones criminales, lo que tendría toda la ‘credibilidad jurídica’ por provenir del interior de las mismas Fuerzas.

Ya es suficiente con lo que sucede con los terroristas de las AUC y las bandas criminales, que han encontrado el filón de oro judicial señalando a los miembros de la Fuerza Pública, sin prueba plena de sus afirmaciones, como determinadores de sus conductas delictivas. Por ahí están los Orozco, los Velásquez y hasta los inventados cabos que contra el Coronel Plazas Vega sirvieron de base a las acusaciones y fallos de la fiscal Ángela María Buitrago y la Juez María Estella Jara,  símbolos hoy en el país y el mundo de la ignominia judicial.

Imaginemos nada más un universo de 450 mil hombres, donde menos del 1% ha delinquido pero a quienes se les abre la puerta para destruir a los demás a fin de encontrar exculpaciones o ausencia de responsabilidad penal. Sería el caos y el reinado de la anarquía, algo que ansía evidentemente el comunismo criollo de donde han salido voces en apoyo de la aplicación de la justicia transicional al personal militar, supuestamente como solidaridad de hombres que hicieron parte del conflicto armado, de la agresión narcoterrorista contra el país.

Cómo verá el mundo que, mientras la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americano (MAPP-OEA), encabezada por el socialista juez español Baltasar Garzón le entregó al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, un diagnóstico sobre los instrumentos de justicia transicional, en especial sobre los alcances y las debilidades de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), y entre cuyas principales recomendaciones se encuentran la necesidad de evitar que en 2014 los más de 30.000 desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz recobren la libertad sin que haya habido un avance efectivo en el camino de esclarecimiento de la verdad, así como también pidió recomponer los métodos de investigación y selección de los beneficiarios de la ley, ahora el Congreso de Colombia y el Ejecutivo se empeñen en garantizar curules a los narcoterroristas y en destruir a sus FF.MM.

No hay que caer en la trampa de los cantos de sirena. Seguramente tendremos amigos y conocidos que afrontan procesos judiciales por la comisión de conductas punibles que hieren el honor militar.  Ellos deberán responder ante la justicia, ordinaria o penal militar según el caso, mientras no sean condenados como culpables del delito, para nosotros seguirán siendo inocentes (art. 29 Constitución Política) y los respaldaremos íntegramente.

Pero si un soldado resulta probadamente culpable, deberá responder por su conducta que no es la de todos los soldados. Por eso la propuesta de ‘justicia transicional’ para equipararnos a los narcoterroristas y cuanto criminal exista en Colombia no puede ser aceptada.


  1. EL ESPECTADOR. La trampa de la justicia transicional. Judicial.  Octubre 23 de 2011. En: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-306957-trampa-de-justicia-transicional
  2. Ibíd.
  3. Ibíd.
  4. Ibíd.
  5. Ibíd.
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Publicado por en octubre 24, 2011 en Opinión Pública

 

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