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NO COMER CUENTOS

12 Nov

Plinio Apuleyo Mendoza

Con este mismo titular, Plinio Apuleyo Mendoza hace un certero análisis de lo que viene sucediendo en el desarrollo del ‘conflicto armado’ en Colombia. En la lucha contra las Farc se han descuidado sus otros frentes en los campos político y judicial[1].

Dice el columnista con toda razón que, liquidado (por error imputable a Uribe y a Santos) el fuero militar, jueces, fiscales y magistrados con sesgos ideológicos cercanos a las Farc han parcializado peligrosamente sus investigaciones y fallos. Bastará recordar las condenas flagrantemente injustas impuestas al coronel Plazas Vega, al general Arias Cabrales o al general Uscátegui, víctima de una escandalosa maniobra del colectivo de abogados Alvear Restrepo, que inventó la masacre de Mapiripán e hizo pagar al Estado millonarias indemnizaciones por sus supuestas víctimas[2].

Hoy para esos magistrados, jueces y fiscales, tiene más valor probatorio el testimonio interesado de un delincuente confeso que la trayectoria meritoria de un alto Oficial militar, basta que se señale una presunta complicidad del Oficial con actividades criminales para que el aparato judicial desconozca todo elemento probatorio que concurra a favor del inculpado y se profieran sentencias desproporcionadas que simplemente son la demostración del poder omnímodo del enemigo que puede golpear en cualquier flanco, no solo en el armado.

Ahora comienza a publicitarse un pseudo estudio del CINEP[3] mediante el cual se pretende demostrar que las FF.MM. tienen como política desde 1984, la comisión de los llamados ‘falsos positivos’; manipulando cifras y atribuyéndoles incluso de manera descarada los crímenes cometidos por las desmovilizadas autodefensas, el CINEP trata de justificar porque el soldado debe ser visto como actor de la violencia al mismo nivel que los paramilitares o los narcoterroristas y no como el instrumento de la fuerza legítima del Estado en la defensa de la Constitución y la Ley.

Al mejor estilo de Cano cuando ordenaba a sus esbirros arrastrar los despojos de los 11 diputados del Valle a un sitio cercano a alguna unidad militar para culparlos del crimen, el CINEP arrastra 1.741 víctimas cuya muerte es objeto de investigación de las autoridades judiciales y sin mayores pruebas o argumentos a la responsabilidad de la institución castrense en su protervo afán de mostrarlos como parte y causa del ‘conflicto’.

El CINEP, como la MOVICE, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, el movimiento de Piedad Córdoba y otros similares, no son más que aparatos propagandísticos del narcoterrorismo, que desde su aparición en los años 50 ha querido mostrarse ante el pueblo colombiano como la víctima y al Ejército como el victimario.

Desde el inicio de la agresión comunista armada contra Colombia, los comisarios del brazo político de las FARC han recurrido a todos los medios legales e ilegales inscritos en el Plan Estratégico del grupo terrorista para atacar a las Fuerzas Militares, pues son conscientes que las instituciones armadas de Colombia son el único y mas difícil bastión, interpuesto entre sus apetitosos deseos de poder y el objetivo final[4].

Para el efecto han utilizado todas las argucias propias de la propaganda marxista-leninista, verbigracia, falsas denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos, falsos testigos, pruebas fabricadas, connivencia de algunos jueces y magistrados venales y el poder corruptor del dinero del narcotráfico para comprar conciencias de funcionarios oficiales o la intimidación y el chantaje armado contra quien se oponga a sus ideas[5].

Vistas en su conjunto, las acciones de guerra sicológica y guerra jurídica realizadas por los terroristas y sus comisarios políticos, estructuraron una cadena estratégica de propaganda tendiente a desmoralizar las tropas, bloquear las acciones militares tácticas y estratégicas del Estado y a la vez generar dentro de la opinión pública nacional e internacional, la idea que las FARC no son terroristas sino víctimas de un sistema de gobierno injusto y violador de los derechos humanos[6].

Muchos de los jueces y fiscales colombianos desconocen la historia, han sido formados en universidades altamente infiltradas por la ideología narcoterrorista y antes que el contenido o el espíritu de la ley nacional, prima en ellos el concepto marxista-leninista a la hora de tomar sus decisiones, eso se aprecia en las desproporcionadas penas que se imponen a los militares y en la laxitud con que se juzga a los criminales narcoterroristas.

Es hora pues de retomar la historia y no comer más cuentos de quienes interesadamente asumen las banderas de los DD.HH para favorecer las narcoguerrillas, derrotadas militarmente pero pujantes en el aparato judicial gracias a la labor del PC3.


[1] APULEYO MENDOZA, Plinio. No comer cuentos. El Tiempo. Opinión. Jueves 10 de noviembre de 2011. En: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/plinioapuleyomendoza/no-comer-cuentos_10744070-4

[2] Ibíd.

[3] CINEP. Colombia, deuda con la humanidad: 23 años de falsos positivos. Bogotá.

[5] Ibíd.

[6] Ibíd.

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Publicado por en noviembre 12, 2011 en Opinión Pública

 

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