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UNA POLÉMICA DECISIÓN

30 Nov

UNA POLÉMICA DECISIÓN

Sin duda alguna la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de trasladar a la justicia ordinaria el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocasionada por el agente de policía Wilmer Alarcón, al considerar que no se puede considerar como acto de servicio el disparar sobre un civil desarmado, motiva aún más la necesidad de definir de una vez por todas qué es y qué no es acto de servicio para efectos de establecer una seguridad jurídica frente a los actos colaterales que el ejercicio de las armas puede acarrear.

Debe recordarse que el joven grafitero encontró la muerte cuando el policial, atendiendo una voz de alerta perseguía en el sector a unos delincuentes que acababan de atracar una buseta; el grafitero emprendió la huida ante la presencia del policial, quien dadas las condiciones de oscuridad pensó que este llevaba un arma y le disparó con las consecuencias conocidas.

El caso había pasado a la Justicia Penal Militar en octubre, cuando la fiscal Viviane Morales aseguró que en el proceso “podría haber un conflicto de competencias porque se puede invocar que esto es un acto dentro del servicio”. La parte civil interpuso un conflicto de competencias y sus argumentos fueron aceptados por la corporación judicial. Ahora, la Fiscalía deberá retomar la investigación que había iniciado y en la que ya se había llamado a interrogatorio al patrullero Alarcón.

La justicia ordinaria ahora asumirá el caso como un homicidio en persona protegida, lo que hace más gravosas las circunstancias para el policial, en tanto se aprecia su responsabilidad desde la posición de garante de la seguridad (vida y bienes) de la víctima.

El caso trae inmediatamente a la memoria hechos como los de Cajamarca en junio de 2004, cuando una patrulla militar que adelantaba operaciones lícitas contra un reducto de terroristas, disparó accidentalmente contra unos civiles en horas de la madrugada, cuando estos no atendieron las voces de alto y emprendieron la huida. A juicio de las autoridades la muerte de estos civiles no obedeció a actos del servicio y el caso pasó a manos de la justicia ordinaria.

Son múltiples los casos en que una operación militar o policial pasa a manos de la justicia ordinaria por la apreciación legalista de la justicia que parte de apreciar al militar o policía como garante, sin considerar las circunstancias modo temporales en que se dan los hechos en los que resultan lesionados o muertos civiles.

La justicia ordinaria al asumir los procesos parte de una presunción de culpabilidad del militar o policía; presupone una intención dolosa del servidor público, de tal manera que de entrada ya se niega tácitamente el derecho al debido proceso y a la defensa que la constitución consagra para todos los colombianos, haciendo nugatorio el fuero militar y el juez natural que el artículo 221 de la Carta contempla.

Para el caso en comento el Consejo Superior de la Judicatura tuvo en cuenta los derechos de la víctima al proponer el conflicto de competencias, no la realidad fáctica en que se produjeron los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte del joven Becerra, la no intencionalidad dolosa del policial de causar el daño antijurídico y la presunción de legitimidad del operativo policial en persecución de unos delincuentes; no hay una demostración palmaria en los alegatos de la parte civil al proponer el conflicto de competencias, que permita presumir una voluntad dolosa del policial al hacer uso del arma de dotación contra la integridad de un tercero en desarrollo de su actividad legal.

Es la misma situación que a diario tienen que afrontar los militares en las llamadas zonas rojas de orden público, donde las milicias narcoterroristas se camuflan entre la población civil para desarrollar sus actividades criminales. Si esta situación no se define con urgencia por el Legislativo y sigue sujeta a la apreciación puramente legalista de los jueces, indudablemente las operaciones militares contra las Farc, Eln y las Bacrim, van a verse constreñidas y paralizadas por el temor a verse envueltos en procesos penales ordinarios por los resultados de la acción que debería considerarse legítima.

Debe recordarse que teóricamente la acción militar es la ultima ratio cuando fracasa la política; pero en Colombia tal principio no se aplica, aquí se hace política a partir de la acción militar, en el más claro de los sentidos, las decisiones de los jueces no atienden la Constitución y la ley, sino los intereses políticos que como agremiación representan y que tienden en general a mostrar al militar o policial como un actor del conflicto armado, no como el elemento de fuerza legal del Estado que debe responder a las agresiones que contra la institucionalidad ejecuta la delincuencia.

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Publicado por en noviembre 30, 2011 en Opinión Pública

 

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