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Y AHORA EL CASO SANTO DOMINGO

02 Dic

Develada la infame mentira de la masacre de Mapiripán, en cuanto al número de víctimas y las maniobras del Colectivo Alvear Restrepo para usufructuarse fabricándolas, como el caso de la Hacienda de Las Pavas y los falsos desplazados, a través de una ONG vinculada a la Compañía de Jesús, la misma que patrocina al cura Javier Giraldo en San José de Urabá; el turno debe ser para que se establezca la verdad sobre la falsa masacre de Santo Domingo, como lo acaba de denunciar la DEMIL, por la que fueran condenados a 31 años de prisión los Oficiales de la FAC que intervinieron en el operativo.

El director de la ONG Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía, cuestionó este jueves la veracidad de las víctimas que fueron encontradas en la masacre de Santo Domingo, así como la labor de Medicina Legal.  A través de un documento titulado ‘La verdad: primera víctima del caso Santo Domingo’, el director de la ONG asegura que, “a lo largo de toda la actuación judicial, no obra una sola prueba que acredite el sitio exacto donde fallecieron las personas y, en consecuencia, resulta imposible concluir que las muertes y lesiones se debieron a efectos de un ametrallamiento indiscriminado”.

En la masacre de Santo Domingo, como se le denomina al bombardeo en este caserío de Tame (Arauca) protagonizado por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998, murieron 17 personas identificadas como campesinos, entre ellos seis menores de edad. Además, 27 personas resultaron heridas. Por este hecho, la Fuerza Aérea Colombiana fue condenada por el Consejo de Estado al pago de 1.600 millones de pesos a cuatro de las 23 familias afectadas por el bombardeo. El caso está ahora bajo estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, Demil pone en duda algunas de las víctimas. Asegura que las diligencias de levantamiento de cuerpos no se realizaron en el lugar del deceso, sino en pueblos cercanos a los que, extrañamente, algunos cuerpos sin vida llegaron desnudos.  Es otra parte del montaje: los pobladores, presionados por los terroristas le quitaron la ropa a algunas víctimas vestidas con prendas de uso militar, para ocultar su vinculación con la guerrilla, dice el documento.

El proceso ante la CIDH está promovido, no podía ser por otros, por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, el Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, y el Center for International Human Rights of Northwestern University School of Law, quienes el 18 de abril de 2002 presentaron ante la Comisión Interamericana la petición por el caso de la masacre de Santo Domingo[1].

El argumento en este caso, para controvertir la operación aérea, es que no existió necesidad militar ni justificación legal para el bombardeo. Mientras que hubo combates entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla en las inmediaciones del caserío el día de los hechos y el día anterior, ni los combates ni los combatientes entraron en el caserío en ninguno de los dos días; es decir, no niegan la presencia de los narcoterroristas en el área, ni la existencia de combates, pero señalan que el uso del arma aérea fue excesivo e injustificado y por ello se dio como resultado la muerte de civiles[2].

De tal manera que probándose lo señalado por la DEMIL, el que las diligencias de levantamiento de cuerpos no se realizaron en el lugar del deceso, sino en pueblos cercanos a los que, extrañamente, algunos cuerpos sin vida llegaron desnudos, se estaría probando sumariamente la inexistencia de la pretendida masacre y que las bajas fueron producto de combates legítimamente adelantados por las FF.MM. La presencia de menores entre las bajas es un elemento distractor, en tanto es hecho de conocimiento público que los terroristas utilizan de tiempo atrás menores de edad como combatientes.

No se puede negar que en el curso de 50 años de conflicto terrorista desatado por las Farc y el Eln han ocurrido muchas cosas dolorosas, la muerte violenta de cualquier colombiano entristece a todo el país. Pero se está demostrando que la memoria histórica del conflicto no es únicamente la que han querido construir los terroristas y sus amigos, basada en verdades a medias y generalmente en mentiras para deslegitimar al pueblo colombiano.


[1] COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ. Masacre en Santo Domingo. 13 de diciembre de 2007. En: http://justiciaypazcolombia.com/Masacre-en-Santo-Domingo-Arauca

[2] Ibíd.

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1 comentario

Publicado por en diciembre 2, 2011 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “Y AHORA EL CASO SANTO DOMINGO

  1. Ricardo Castiblanco Bedoya

    diciembre 2, 2011 at 3:59 pm

    Otro dato: Demil acaba de probar como lo ocurrido en Mapiripán y Las Pavas, se repite en El Salado (febrero de 2000), que tanta ambientación nacional e internacional ha recibido. Eloy José Montes Olivera, una de las víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los mismos colectivos de abogados y ong de la guerrilla, está vivito y coleando en Turbaco (Bolívar). Que sigan buscando, muchas sorpresas más se van a llevar. A esculcar registros electorales, listados de damnificados por alguna causa, beneficiarios de subsidios o del SISBEN, etc., hay están todos los muertos y desaparecidos que la izquierda ha matado para cobrar fama y fortuna.

     

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