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EL CONSENSO COMO FORMA DE LEGITIMAR UN GOBIERNO

12 Dic

EL CONSENSO COMO FORMA DE LEGITIMAR UN GOBIERNO

Al definir la estructura del Estado, el art. 113 de la Carta señala: Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Ello es consistente con lo señalado en el Preámbulo de la Constitución Política de Colombia, que enmarca el Estado social de derecho dentro de unos límites jurídicos, democráticos y participativos que garanticen un orden político, económico y social justo, a partir del ejercicio del poder soberano del pueblo de Colombia; dice la norma superior que sólo el pueblo puede reunirse y escoger la forma de gobierno y la regulación, conformación, organización, dirección y manejo de sus relaciones sociales y políticas.

En ese sentido podría pensarse en la fundamentación del estado democrático que plantearan los clásicos griegos como realización de la democracia, el gobierno del pueblo que reunido en el ágora determinaba su forma de gobierno. Pero esa democracia tiene límites, aún en la concepción anarquista de Mikhail Bakunin con sus planteamientos de antiteologismo, socialismo y federalismo, que rechaza cualquier forma de poder y que hoy inspira a tantos grupos de presión social y política.

En honor a la verdad, el desarrollo del concepto de la democracia, como la concebimos hoy, es nuevo en la evolución histórica de la humanidad; apenas está pasando su bicentenario en el mundo. Por ello puede afirmarse que desde la perspectiva  histórica, estado y derecho se articulan en la época  moderna. Es decir que entendemos al estado como una unidad centralizada de dominación y acción sobre un territorio y una población, que ejerce, por medio del monopolio de la coacción legal, la cooperación social. Se trata de una formación política específicamente moderna, que se distingue de las formaciones premodernas por la concentración de los medios de administración, entre ellos, el derecho[1].

Para el caso colombiano, y en general latinoamericano, desde el punto de vista de los derechos políticos y de los derechos sociales inscritos a nivel de las actuales constituciones, es evidente que los movimientos democráticos y socialistas han sido fundamentales en la superación  del estado de derecho liberal del siglo XIX[2].

Si bien evidentemente su búsqueda común, que podríamos sintetizar en la idea – fuerza de la democratización plena de la sociedad-, encuentra hasta ahora la definición de sus límites en la economía de mercado y en la empresa capitalista privada y en los sistemas políticos representativos donde una clase política profesional controla y monopoliza el acceso  poder político estatal y la participación social se limita a optar, elegir, entre sus miembros[3].

Ello queda evidenciado en las acciones del actual gobierno colombiano. Elegido con las tesis políticas de su antecesor, ante la imposibilidad constitucional de su reelección a pesar de la decisión mayoritaria del pueblo colombiano y argumentando fallas de quienes encabezaron el proceso, no de la voluntad popular; muy pronto dio un giro para aplicar como programa de gobierno los postulados de quienes electoralmente habían sido derrotados, para optar por la ‘tercera vía’ propuesta en una tesis académica que se basa en una ética utópica y fundamentalista, notoriamente peligrosa, basada en la afirmación de ideas abstractas y a priori, desconectadas de lo cotidiano[4].

La ética a que me refiero es aquella que, advirtiendo lo inaceptable de muchos aspectos de nuestra vida política y social, como las narcoguerrillas, la farcpolítica, las bacrim; se nos impone lo que dice esa ‘tercera vía’, como lo ha aplicado nuestro poder judicial, que lo actuado por la llamada ahora ‘insurgencia’, no es tan grave con relación a los crímenes cometidos por su contraparte (El Estado, las FF.MM y el paramilitarismo), y trata de transformarlos y superarlos acudiendo a la benevolencia social y política frente a las narcoguerrillas. Esa ética no supone tanto la realización de lo bueno, que es la utopía, cuanto el esfuerzo por realizar nuestra vida, mejorando sucesivamente lo que existe[5], solamente busca legitimar la decisión del ejecutivo para acceder al reconocimiento del mandatario que logró la ´paz’.

 [1] ANÓNIMO. El estado de derecho constitucional, democrático y social como concepto histórico. En: http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/Derecho%20Politico/el%20estado%20de%20derecho%20constitucional.pdf

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

[5] Ibíd.

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Publicado por en diciembre 12, 2011 en Opinión Pública

 

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