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LOS SOFISMAS DE GUILLERMO RIVERA FLÓREZ

13 Dic

LOS SOFISMAS DE GUILLERMO RIVERA FLÓREZ

En español, un sofisma es una razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso; a ello es lo que recurre el representante liberal Guillermo Rivera Flórez en su oposición a que mediante un acto legislativo necesario se defina de una vez por todas la presunción de legalidad en el acto militar, como opera para otros servidores públicos.

El señor Rivera Flórez[1], parte del reconocimiento del mandato constitucional contenido en el art. 221 de la Carta, para atacarlo con la falsedad del compromiso colombiano con órganos internacionales en materia de derechos humanos. Ni uno sólo de los países signatarios de estos acuerdos ha cambiado su legislación penal militar para satisfacer esos acuerdos, sólo a Colombia se le quiere imponer tal condición.

Ahora bien, no es cierto y no se ha probado por los opositores a la propuesta de considerar legítimo en primera instancia el acto militar, que ello conlleve la consagración de impunidad frente a conductas punibles constitutivas de violación al derecho internacional humanitario; cuando un militar, sin contemplación del grado que ostente, incurre en una de estas conductas, el conocimiento del delito pasa automáticamente a la jurisdicción ordinaria, dado el impacto social que su comisión representa.

El art. 221 de la Constitución ha tenido un desarrollo legal en las Leyes 552 de 1999, 940 de 2005 y 1058 de 2006, sin que el Legislativo hubiere discutido la necesidad de la definición jurídica del acto de servicio en tratándose de las misiones militares para tiempos de guerra como el que ocupa a Colombia desde hace más de 50 años; por el contrario, para favorecer a algunos miembros del Senado o la Cámara, se creó la idea de que la apología al narcoterrorismo no podía constituir delito, de ahí que no avance ni un solo proceso por la farcpolítica o elenopolítica, como también se considere inviable reabrir procesos contra los cabecillas del M-19 por los hechos del Palacio de Justicia de noviembre 5 y 6 de 1985, mientras los militares que intervinieron en la recuperación del mismo son sometidos a penas de 30 años de prisión, aún con la evidente violación del debido proceso y el derecho a la defensa que consagra el art. 29 de la Carta.

Lo que se denota a leguas es la intención de aplicar en Colombia el mandato del Foro de Sao Paulo (1991), para destruir a las Fuerzas Armadas, en tanto son el último bastión que el neocomunismo encuentra como defensa de la democracia y de los valores morales de un país que como Colombia, ha rechazado la dictadura proletaria o bolivarianismo como hoy se concibe,

El único derecho fundamental del que es desposeído el militar por voluntad del constituyente es el de elegir o ser elegido; no se puede hacer extensión a derechos como el debido proceso, el derecho a la defensa y el contar con un juez natural consagrado constitucionalmente.

A partir de ese reconocimiento el señor Rivera Flórez, pretende sustentar su mentira. Al decir que quienes defienden la iniciativa de reforma argumentan que si bien el inicio de la investigación estaría en manos de la justicia penal militar, esta perdería competencia si se demuestra que las conductas punibles investigadas no corresponden a los actos del servicio y en esos casos se trasladarían a la jurisdicción ordinaria[2].

Eso es cierto, enfatiza, pero a renglón seguido señala de manera temeraria, que también lo es que en materia de investigación penal las primeras diligencias son fundamentales para el desarrollo de la misma y en todo caso ellas tendrían el enfoque de la jurisdicción penal militar que puede llegar a ser distinto al de la jurisdicción penal ordinaria[3], obviando una realidad, el juez ordinario no tiene el conocimiento, ni la capacidad para determinar los hechos que fundamentan una acción de combate, como si la tiene el juez penal militar.

Allí es donde la investigación preliminar se convierte en procedimiento fundamental, el acto militar reclama el conocimiento y la experticia necesaria para determinar si se violan o no las normas del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, a fin de decidir la jurisdicción competente para conocer el proceso.

Definir la presunción de legalidad de la acción militar para nada contradice los acuerdos internacionales suscritos por Colombia, mucho menos el aplicar el art. 221 de nuestra Constitución. Lo que se pretende es crear la justa medida en la aplicación de la normatividad penal, pues no puede, en razón de la equidad y el derecho, ser norma que los jueces ordinarios castiguen al militar con la máxima pena mientras las causas de los delitos de lesa humanidad apenas afrontan penas de 8 años redimibles.

 

[1] RIVERA FLÓREZ, Guillermo. Reforma del fuero militar. El Tiempo. Opinión. Martes, 13 de diciembre de 2011. En: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/sobre-la-justicia-a-miembros-de-la-fuerza-publica_10911865-4

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

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Publicado por en diciembre 13, 2011 en Opinión Pública

 

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