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RASTROS DE LAS FARC EN LA ‘RECUPERACIÓN DE TIERRAS’

30 Dic

RASTROS DE LAS FARC EN LA ‘RECUPERACIÓN DE TIERRAS’

Aunque el Ministro de Agricultura y el alto gobierno se empeñen en negarlo, la prematura decisión referida a la Ley de Restitución de Tierras, está abriendo la Caja de Pandora que en lugar de aminorar la violencia actual, puede llevar a situaciones desbordadas en algunas regiones del país.

Nunca, como hoy con esa norma impuesta por el derrotado Partido Liberal, en minoría absoluta en toda su historia, puede ser aprovechada como salvaguarda por las organizaciones narcoterroristas para reivindicar las supuestas causas políticas que acompañan su actual accionar criminal. El PC3 cumple su misión y seguramente Guillermo León Sáenz Vargas, el ilustre alumno de Jacobo Arenas, murió dejando asegurada una victoria: derivar el sentido criminal del negocio narcoterrorista a la discusión política de la tenencia de la tierra.

Basta ver como el Ministro Restrepo y las fuerzas políticamente derrotadas, el pastranismo y el liberalismo, que lo acompañan, se esfuerzan en mostrar que los únicos victimarios frente al despojo de tierras de los campesinos e indígenas colombianos fueron el Estado y las desmovilizadas AUC; callan y amenazan cuando se dice lo contrario, frente a la responsabilidad criminal de las Farc, Eln y las organizaciones terroristas desmovilizadas en el fenómeno que quiere resolverse atacando a los propietarios como criminales que deben demostrar su inocencia frente a los invasores de tierras que nada deben probar, a ellos les acude el principio constitucional de la buena fe.

Se repite, ahora legalmente, lo que hicieron los tradicionales políticos que se caracterizaron como invasores de terrenos, como los Fetecua y otros conocidos en la capital.

Si fuera hoy, los nuevos Fetecua provinciales,  habrían renunciado al partido liberal (al que nunca renunciaron),  para ser parte de la secta corrupta o presublimemente legal que apoya al Ministro Juan Camilo Restrepo; secta que jamás ha explicado al país su participación política en el negociado de El Guavio, en tanto el padrino de Andrés Pastrana era Puyo Vasco, exiliado en Europa con la parte del dinero que le correspondió y que ahora se pasea impune en Colombia porque su delito prescribió (oficialmente, nunca pudo ser capturado, ni pedido en extradición, para cumplir la pena impuesta).

Nuestros partidos políticos, incluida la oposición que representa el Polo, tienen mucho que ocultar y poco que salvar frente a la corrupción existente, de tal manera que la carta que lanzan las Farc para vincularse al caso de ‘Las Pavas’ o ‘El Garzal’ (Simití), pueden terminar conduciendo a que la única autoridad judicial que se opuso a las invasiones termine siendo prevaricadora y quienes se opusieron a las mismas como desplazadores o en el caso de la Fuerza Pública, como criminales autores del ‘falso positivo’. No en vano la izquierda colombiana ya puso en marcha todo el contenido mediático que la ‘tercera vía’ podría acoger[1].

El perverso ejemplo de las ‘comunidades de paz’, implantado por las Farc y algunos jesuitas, fue la respuesta adversa al ‘quitarle el agua al pez’, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam, cuyo desarrollo sea dicho de paso, es desconocido por algunos jóvenes congresistas que se empeñan en jugar en el conflicto colombiano al ‘bueno’ y al ‘malo’, convencidos que frente al fusil agresor una buena palabra o un gesto de amistad bastan para desarmarlo.

A los congresistas del partido liberal la suerte del país les importaba un carajo, como lo han demostrado en el curso de la historia. O tienen el poder o nadie tiene nada, es su consigna. El talante liberal se demostró suficientemente cuando el país entre el 2003-2010 luchaba solo contra la inseguridad democrática que sus representantes habían creado; ahora, advenedizos al poder quieren mostrar los logros contra el narcoterrorismo como propios y hacernos devolver al momento de sus equívocos.

Volver a la época en que López Michelsen le abrió el camino a los capitales narcotraficantes (la ventanilla siniestra del Banco de la República), o que Turbay Ayala instituyó la corrupción como política oficial ‘reducida a sus justas proporciones; valdría la pena reconstruir y declarar asunto de lesa humanidad el juego perverso en la construcción de la represa de El Guavio y la responsabilidad de los protagonistas empresariales y políticos en ese asalto que aún no terminan de pagar los bogotanos. Si fuere en comparación de pesos, los Nule no alcanzaron la primaria.

Es esa perversión y corrupción de los políticos lo que inhabilita una acción real y definitiva frente a la narcoguerrilla, y frente al el temor del soldado que en el ejercicio de sus funciones, reconociendo que es responsable legal por las conductas que le correspondan a sus acciones legales, se ve amenazado por la irresponsabilidad política de quien gobierna; el político está dispuesto a descargar sobre el soldado la responsabilidad de la guerra, en tanto la guerra le garantiza su propia continuidad.

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Publicado por en diciembre 30, 2011 en Opinión Pública

 

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