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LA PROHIBICION DEL PORTE DE ARMAS LEGALES NO MEJORARA NIVELES DE SEGURIDAD

04 Ene

Todo parece indicar que la Alcaldía de Gustavo Petro estará más dedicada a generar discusiones que a resolver problemas; en su posesión el mandatario capitalino afirmó que prohibirá el porte de armas aún con salvoconducto en la ciudad como medida para reducir los niveles de inseguridad que registra Bogotá.

Lo primero que olvida el burgomaestre es que no es de su fuero tal prohibición, sino que por Ley es del resorte del Comandante de la Brigada; de tal manera que el primero objetivo es trasladar a la institución militar una hipotética responsabilidad por los hechos derivados del mal uso de las armas de fuego o de su tenencia y porte ilegal por parte de elementos delincuenciales.

En efecto, si la Brigada no accede a sus pretensiones, la ciudadanía culpará a la institución militar por las consecuencias. La propuesta de Petro se convierte entonces en un chantaje a la Brigada.

Las estadísticas de las autoridades de medicina legal y de policía indican que solo 1 de cada 10 hechos de sangre relacionados con armas de fuego involucran armas legítimamente amparadas, pero no hay claridad si su uso se derivó de una acción de legítima defensa para evitar algún hurto, secuestro u otro delito y que el sujeto pasivo del uso del arma haya sido el delincuente.

No hay un solo estudio serio que demuestre que la tenencia y porte legal de armas incide realmente en los índices de inseguridad; hay casos de manejo irresponsable de armas, de su uso en la resolución de conflictos personales, pero precisamente que su tenencia y porte sean legales permiten aportar el acervo probatorio documental necesario para judicializar a quien incurre en conductas punibles por dolo y aún por culpa; lo que no sucede con el caso de las armas ilegales.

El verdadero problema en el porte de armas en el país se orienta al mercado negro de las mismas, en el que se mueven cerca de 4 millones de armas de todo tipo y calibre (apenas 1.300.000 se encuentran registradas y amparadas)[1], de donde es fácil colegir que la solución está en el fortalecimiento de los controles policivos para combatir el tráfico ilegal y no en el castigar injustamente a quienes cumplen con los requisitos de ley para su tenencia y porte.

La propuesta del alcalde Petro equivaldría a señalar que como existe un elevadísimo número de víctimas fatales y lesionadas por los accidentes de tránsito, la solución sería prohibir el uso de vehículos, con literalmente se viene haciendo con medidas como el pico y placa, sin que se haya mejorado la movilidad en las ciudades, ni se haya reducido el número de accidentes y de víctimas.

Es un hecho que en el país existen numerosos clubes de tiro y caza, de coleccionistas, que se verían afectados por la medida de esta ejecutarse; los beneficiados serían las organizaciones delincuenciales, incluyendo las bacrim como las Farc, que tendrían a su disposición una población definitivamente inerme ante sus propósitos criminales, no tendrían para ello por parte de los ciudadanos una resistencia mínima porque sus autoridades decidieron desarmarlos para facilitar tales propósitos.

Habría que ver los registros de la Fiscalía sobre el número de capturas en flagrancia o de tentativas de delitos gracias a que la potencial víctima estaba armada e impidió la comisión del crimen, ese es un factor que deberá tenerse en cuenta para cualquier decisión que quiera tomarse en el sentido del espíritu prohibicionista frente a la tenencia y porte de armas.

Lo ideal sería una sociedad desarmada, pero la realidad fáctica de Colombia y en general de Latinoamérica muestra que esos buenos propósitos son una utopía peligrosa frente al grado de criminalidad que sobrepasa la capacidad judicial y policiva de los Estados para defender la vida y bienes de los ciudadanos. En este caso defenderse es un derecho inherente a la persona.

En Bogotá, como en el resto del país, las autoridades administrativas y de policía saben donde están los mercados negros del tráfico ilegal de armas, como de narcóticos y celulares robados, pero son pocas y nada confiables las operaciones para erradicarlos, amparándose en miles de leguleyadas y tecnicismos omiten la persecución de oficio de pronto al saber que las autoridades judiciales, tan garantistas con el delincuente, dejaran nuevamente en libertad y hasta devolviéndoles los elementos del delito a quienes son capturados por esas conductas punibles.

Compartimos los argumentos del señor General Gabriel Pinilla, Comandante de la Brigada XIII y el sentido de escuchar al Alcalde y evaluar los alcances positivos de la propuesta, pero rechazamos la extorsión que hace Antonio Navarro, compañero de armas de Petro en el M-19, de señalar al Ejército como responsable de la inseguridad por no haberse doblegado ante la indebida presión de elementos interesados en que se desarme a quienes están amparados por la Constitución y la ley.

Que el Alcalde cumpla con su función como primera autoridad de policía de reducir y eliminar los focos de delincuencia y no que tienda cortinas de humo para justificar la ineficiencia e ineficacia de las autoridades locales que han dejado avanzar ese cáncer amparándose en presuntas políticas sociales para permitir la violación de las normas de convivencia, los códigos de policía y las normas penales, lo que ha generado la sensación de impunidad que rodea el crecimiento de las organizaciones criminales urbanas.

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1 comentario

Publicado por en enero 4, 2012 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LA PROHIBICION DEL PORTE DE ARMAS LEGALES NO MEJORARA NIVELES DE SEGURIDAD

  1. Zachary Kingsman Portegosa

    enero 21, 2012 at 12:29 pm

    A Brigada do Reumático, com a colabora ão de várias equipas, relembrou um pouco da nossa História Militar.

     

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