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EL PARO ARMADO DE LAS BANDAS CRIMINALES

10 Ene

EL PARO ARMADO DE LAS BANDAS CRIMINALES

Los hechos delictivos sufridos en la semana anterior en cinco departamentos de la Costa Atlántica y denominados ‘paro armado’ decretado por la banda criminal ‘Los Urabeños’, han dado lugar a toda suerte de comentarios y especulaciones, desde los propalados por los enemigos de la seguridad y defensa democrática que se alegran por lo que consideran un fracaso de la exitosa política que devolvió la confianza al país, hasta pesimistas augures de un retroceso en esta materia.

Sin despreciar el impacto mediático que la acción criminal tiene para el país y la sensación que deja de un presunto control de las organizaciones delictivas sobre el territorio afectado, es necesario hacer un análisis desapasionado y realista de lo sucedido, que sin lugar a dudas se convierte en un importante reto para el Estado y su institucionalidad democrática.

Lo primero que debe advertirse es la simbiosis que se ha dado entre las bacrim y las narcoguerrillas, que convergen en el mismo objetivo. Ya no es la lucha por la toma del poder político, sino el aseguramiento de las rutas estratégicas para el narcotráfico y demás delitos asociados. No es el control político de las regiones para imponer un modelo ideológico, sino el de contar con autoridades sumisas que les informen oportunamente de las acciones militares y policivas contra sus estructuras para evadirlas.

El método es el mismo, la imposición del terror como mecanismo coactivo a la organización social; los asesinatos selectivos o indiscriminados mediante diversas formas terroristas (lanzamiento de cilindros bomba, tatucos y otros artefactos explosivos, el uso de francotiradores o sicarios, la extorsión y los pasquines amenazantes), son su común denominador.

Ese terrorismo inmoviliza a las poblaciones y las somete a la voluntad de la organización criminal, que prevalida del garantismo legal para los delincuentes, que han demostrado su capacidad para burlar el sistema judicial recurriendo en su defensa a tecnicismos y leguleyadas que impiden la legalización de la captura de sus componentes, obteniendo incluso la devolución de los elementos con que se cometen los delitos (armas y narcóticos), porque presuntamente hubo errores de procedimiento al ser aprehendidos; precisamente en esos departamentos afectados por el llamado ‘paro armado’ es donde más eventos de esa naturaleza se han presentado.

Nótese igualmente como esa simbiosis se expresa en el terreno propagandístico, las bandas criminales y las narcoguerrillas se necesitan mutuamente para justificar sus acciones delictivas; las narcoguerrillas y sus apologistas señalando que la existencia de las bandas criminales justifica su existencia y viceversa. De ahí que se insista en el uso del vocablo autodefensas o paramilitarismo para autoseñalarse o señalar a las bacrim.

Basta leer algunas columnas y noticias en los medios de comunicación para entender ese fenómeno; se genera en la población una sensación de miedo que contribuye a los perversos objetivos de las organizaciones criminales. ONG como Justicia y Paz, a la vez que pretendiendo condenar el llamado paro armado de ‘Los Urabeños’, termina haciendo abierta apología de las Farc como respuesta al inexistente paramilitarismo que dicen representan las bacrim.

Son esos mismos periodistas y ONG que condenan la Operación Orión que erradicó narcoguerrillas y bandas criminales de las comunas de Medellín, los que ahora reclaman porque las organizaciones delictivas volvieron por sus fundos, ora como aliadas, ora en sangrienta guerra interna, siempre en perjuicio de los honestos ciudadanos y de la institucionalidad nacional.

Ni las bacrim, ni las narcoguerrillas tienen hoy la capacidad para poner en riesgo la gobernabilidad o la legitimidad del Estado, esa es una verdad incontrovertible; su capacidad criminal se reduce a crear situaciones de desorden público focalizado que aprovechan de manera mediática para generar una imagen de fortaleza y presionar la obtención de réditos políticos en cuanto a capacidad de imponer condiciones para suspender o cesar su actividad criminal o para someterse a la justicia bajo la amenaza de atentar contra la población civil.

Sin lugar a dudas la Política de Defensa y Seguridad Democrática sentó las bases político-militares para derrotar todas esas manifestaciones de criminalidad; hay que reafirmar y fortalecer la voluntad política del gobierno para consolidar el imperio del orden y la ley por sobre cualquier consideración coyuntural de apaciguamiento porque está será siempre vista como debilidad en el combate.

Pero fundamentalmente, y es tarea de los órganos legislativo y judicial, el adecuar la normatividad a la realidad fáctica que se vive. Combatir a las bacrim y a las narcoguerrillas con una legislación pensada para una realidad diferente, es una debilidad real que retrasa el éxito de la PDSD y la recuperación absoluta del necesario clima de seguridad que requiere el país. El exceso de garantismo a favor de los delincuentes o la omisión culposa o dolosa en la investigación y sanción a los componentes de esas organizaciones criminales echa por tierra el esfuerzo militar y policial en el control de las diversas estructuras que las componen.

Lanzar acusaciones y señalar a las FF.MM o de Policía, insinuando falta de decisión o complacencia con las organizaciones delincuenciales, es un recurso no válido y falaz que debe ser erradicado, especialmente de los medios de comunicación. La frustración de militares y policías es ante la falta de eficiencia y eficacia del poder judicial o de las autoridades administrativas para consolidar los resultados obtenidos en el campo de batalla. Es a estos poderes que debe reclamárseles la persistencia de la acción delictiva que afecta algunas regiones del país.

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Publicado por en enero 10, 2012 en Opinión Pública

 

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