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EL SILENCIO DE LOS CONDENADOS AL OLVIDO

17 Ene

 

EL SILENCIO DE LOS CONDENADOS AL OLVIDO

¿Cuántos secuestrados hay en Colombia? Para las ONG de izquierda y los políticos afectos a la narcoguerrilla, son 11 militares y policías; para la entidad oficial Fondelibertad son 125 personas cautivas, de las cuales 66 están en poder de las Farc, 10 en manos del ELN y el resto se les atribuyen a bandas criminales, pero no cuentan que éstas últimas son motivos de negocio entre las bandas criminales Farc y Eln con la delincuencia común.

País Libre, una ONG no comprometida ni con el gobierno ni las OAI, señala que el número de secuestrados en Colombia, especialmente por motivos económicos, asciende a la suma de más de 2.500 compatriotas.

La primera forma de silenciar a estas víctimas es excluirlas de las estadísticas oficiales para mostrar los avances de la seguridad nacional. Decir sin indicadores que muchos de ellos fueron liberados y el hecho no se reportó a la autoridades de policía o administrativas de su seguimiento, es tanto como decir que nunca se hizo nada en el procedimiento investigativo y de judicialización del crimen; señalar que muchos casos no fueron denunciados simplemente advierte el grado de desconfianza que el colombiano tiene en la inexistente actividad preventiva por parte de las autoridades civiles, es decir policía y jueces (incluyendo los fiscales).

La ineficiencia e ineficacia de estas autoridades hace más llamativa la oportunidad de negociar con los delincuentes que acudir a la normatividad para resolver la situación. No bastaría este artículo para señalar cómo a lo largo y ancho del país se permitió la multiplicación de los fenómenos delictuales contando con la venalidad del poder judicial y demás autoridades administrativas, a las que nunca se ha tocado por esos si ‘falsos positivos’ con respecto a la convivencia ciudadana.

El Estado colombiano, del cual hacemos parte responsable y pagadora, debe responder por el silencio que se mantuvo frente a la expansión del narcotráfico cuando se abrió la llamada “ventanilla siniestra”, o toleró el patrocinio de campañas presidenciales por cuenta de las entonces llamadas “economías emergentes”.  Los partidos políticos deben responder por sus tesis impulsadas entonces en torno a la ‘combinación de las formas de lucha’ o la ‘respuesta adecuada’ que partidos tradicionales como el Conservador y el Liberal le dieron por vías no apropiadas a la izquierda entonces insurrecta.

Pero también debe ser motivo de análisis e inclusión a la memoria histórica del país, la lucha que la insurrección y narcotráfico abrieron con ocasión del secuestro de Nieves Ochoa por parte del M-19  y el surgimiento de la respuesta mafiosa. La izquierda no puede eludir el juicio a tal responsabilidad cuando ella desembocó en el patrocinio económico de Pablo Escobar a la criminal toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la demás combinación de factores que hoy los identifican. Los muertos de hoy por los paramilitares de alguna forma son muertos por las guerrillas y por su presunta contraparte de entonces.

No es ni más ni menos, que la aplicación del principio leninista de profundizar la crisis en la sociedad que se combate.

Baste con mirar la productiva alianza de alias Megateo, antes convencido líder comunista y guerrillero del EPL, con el Frente 33 en el Catatumbo, dos enemigos ideológicos a los que los une el interés narcotraficante. Por cierto, valdría la pena que la justicia colombiana investigara las relaciones de Javier Giraldo y las estructuras non sanctas que construyó en esa región antes de migrar al Apartadó, donde sentó su reino y que hoy sirven de nexo para la alianza narcoterrorista. ¿Giraldo no tiene influencia en esta zona y las alianzas creadas? ¿La comunidad jesuita ni mu frente a la acción narcoterrorista?

Los jesuitas nunca condenaron la pretendida ley económica de las Farc, de tal manera que justificaron los secuestros económicos, siempre y cuando no ocurrieran contra sus poderosos emporios o miembros; jugada efectuado por diversos imperios financieros a lo largo del mundo. El objetivo es solo uno, obtener financieramente la mejor tajada, aunque para ello haya que ahogar el discurso social, manteniéndolo al mismo tiempo en cuanto representa mejor empoderamiento.

Que entre el clan De Roux en Colombia y las obras sociales de Javier Giraldo, Pablo Escobar, González Gacha y otros, no haya diferencia judicial, implica lo mismo que el papel de Giraldo y sus pares pueda llevar a ser considerados como héroes y mártires de la narcoguerrilla a los cabecillas de las bandas criminales. La ventaja es para ellos, las nuevas generaciones no conocen el papel de narcoterroristas de los jesuitas que crearon el ELN o que militaron en las Farc.

Tampoco cuestionan o critican el papel del cura Giraldo en sostener campamentos guerrilleros con el cuento de ‘Comunidades de Paz’, de la misma manera que les importa un poco que el Bolivarianismo sea el impulsor de las inexistentes ideas de las Farc (son extranjeros los que sostienen el MCB) y que Venezuela sea el principal campo de recuperación, recreo y entrenamiento de las narcoguerrillas-

Esas son las trazas del cura Giraldo y su efectividad se aprecia en el carro-bomba en el Catatumbo. Tres muertos, tres civiles y varias viviendas afectadas, ninguna baja militar. Ese es el heroísmo de las Farc y sus apologistas. Pero a diario se esfuerzan en mostrar que la guerra fratricida que alimentan es contra el Estado colombiano y que el Ejército es su contraparte.

¡Ya basta! Es la consigna que el pueblo colombiano ha esgrimido contra las bandas narcoterroristas. Ya basta de Farc, Eln y cualesquiera de sus auxiliadores. ¡Ya basta! ¿Cuándo lo entenderán?
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3 comentarios

Publicado por en enero 17, 2012 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “EL SILENCIO DE LOS CONDENADOS AL OLVIDO

  1. Ricardo Castiblanco Bedoya

    enero 17, 2012 at 3:23 pm

    Realmente es desoladora la falta de solidaridad de la sociedad colombiana con sus FF.MM. Abandonadas a combatir las narcoguerrillas y las bacrim sin un verdadero compromiso de la clase política en el logro de la victoria final, huérfanas de la protección jurídica y legal que el Estado debe darles en su misión de garantizar, como lo hacen, la seguridad y la convivencia que fundamentan la nación. 9 millones de colombianos elegimos un gobierno que aseguró iba a continuar la Política de Defensa y Seguridad Democrática de su antecesor, pero ahora nos encontramos con la sorpresa de que nuestro presidente no nos representa, sino que lo hace a los apenas 4 millones que votaron por otras opciones, entre ellas las de claudicar ante el narcoterrorismo repitiendo los errores del pasado frente a las bandas criminales como las Farc y Eln.

     
  2. Armando Mar

    enero 17, 2012 at 7:04 pm

    Los Condenados al Olvido

     
  3. Ian Nyman Bartaserlo

    febrero 11, 2012 at 12:34 pm

    Lo cierto es que efectivamente en Colombia, por ejemplo, tambi n dan por hecho que son propias muchas de las cumbias del R mac.

     

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