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LA EQUIDAD EN LAS PENAS COMO SINÓNIMO DE JUSTICIA

31 Ene

LA EQUIDAD EN LAS PENAS COMO SINÓNIMO DE JUSTICIA

Uno de los principios universales del derecho, señala como debe existir en un sistema penal legal una equidad en la pena aplicable cuando se vence al sindicado en juicio por violación de las normas penales que componen el tejido social de una nación; cuando esa equidad se rompe por decisiones políticas o judiciales, ante la precariedad de la normatividad, se rompe igualmente ese tejido social y se propician conductas que amenazan no solo su integridad, sino su supervivencia.

Para resolver conflictos penales las diferentes sociedades han creado a lo largo de su historia diferentes métodos y teorías, hasta llegar hoy a la proclamada justicia transicional que hace olvido de los delitos de lesa humanidad y juzga y sentencia a sus autores, no por las conductas punibles cometidas, sino por el grado de participación en la planeación y ejecución del ilícito; los determinadores y autores de delitos de lesa humanidad, confesos,  en Colombia afrontan una pena máxima de 8 años de prisión para reparar el daño social producido.

Hasta hoy, la legislación transacional sólo ha sido aplicada con referencia a uno solo de los autores del conflicto armado interno; pareciere que la legislación fue confeccionada para tratar el tema de las autodefensas ilegales o paramilitarismo, mientras el poder judicial hace vista gorda sobre el narcoterrorismo propiciado desde hace 50 años por las Farc y Eln, de cuyos miles de detenidos no se tiene noticia distinta al que al acogerse a la norma disponen inmediatamente de rebaja de penas, pero que no han sido emplazados públicamente a actos de reparación y verdad sobre sus crímenes, los desarrollados por sus cabecillas y sus apologistas y auxiliadores.

Por el contrario, un poder judicial influenciado de tiempo atrás por la ideología comunista, Pardo Leal fue el fundador de ASONAL, ha tomado a las instituciones de defensa del Estado como chivo expiatorio para explicar el conflicto; sobre la institución militar se ha creado una extrajudicial presunción de culpabilidad aplicada por jueces y fiscales para someter al escarnio público, gracias al concurso mediático, al soldado como violador de los DD.HH y del D.I.H., mientras el guerrillero, el paramilitar o el narcotraficante, son presentados como víctimas de la sociedad que requieren toda la comprensión y solidaridad necesarias para rehabilitarse.

Con el surgimiento de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, el comunismo internacional se apropió de sus objetivos a fin de legitimar el accionar terrorista de las bandas criminales afines a esa ideología, mientras condenaba de manera sistemática cualquier respuesta militar a esa criminalidad. Los burócratas de la ONU y la OEA, ajenos a la realidad de los países y especialmente de sus campos y aldeas, pronto recogieron los ‘análisis’ de esas ONG como verdad revelada y desatendieron la realidad fáctica en la elaboración de sus informes. A nivel continental las Fuerzas Armadas legítimas y legitimadas por el apoyo popular, fueron consideradas responsables de la violencia mientras los autores de la misma apenas merecían alguna condena en una esquina olvidada de dichos informes.

Volverse defensor de los DD.HH y contar con un aparato capaz de influir sin contradicciones en dichos informes, se volvió negocio lucrativo para muchos abogados y políticos comunistas; la lucha de clases debía ser estimulada para favorecer esos intereses económicos creados. Hasta hace muy pocos instrumentos internacionales como la CIDH, simplemente recogía esas denuncias para condenar a los países, que por conveniencia política o económica renunciaron a defenderse.

Tal estatus le permite hoy a organismo como el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, tener campo en la opinión mundial y presentarse como si nada hubiere pasado con relación a las falsas víctimas de Mapiripán, el cementerio colectivo de La Macarena o la Hacienda Las Pavas, por citar solamente los casos más recientes. Esa es la catadura de los enemigos del Estado que inventan víctimas para obtener réditos políticos para las Farc y económicos para sus integrantes; desgraciadamente el gobierno actual los considera asesores privilegiados para la fijación de sus políticas.

Mientras tanto, Tribunales Superiores del país ratifican condenas exorbitantes contra miembros del Ejército por haber combatido la subversión; no tienen empacho en hacer retroactivas normas penales inexistentes al momento de los hechos, abogan la retroactividad de normas internacionales suspendidas temporalmente para el país mientras se buscaban acuerdos con los narcoguerrilleros, pero al parecer aplicables ahora para juzgar lo que esas ONG comunistas denunciaron como crimen de lesa humanidad.

La acción militar, en cualquier parte del mundo, ha sido reacción a una causa, el intento terrorista de doblegar el Estado social de derecho y el respeto a la dignidad humana. Condenar al militar a purgar 30 años de prisión por los resultados de la acción militar para suprimir la agresión terrorista, mientras los bandidos que originaron el hecho, son objeto de rebajas de pena o indultos y amnistías, indica que a la clase política colombiana poco o nada le importa la suerte del país.

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Publicado por en enero 31, 2012 en Opinión Pública

 

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