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UNA DECISIÓN CONTRA DERECHO

01 Feb

UNA DECISIÓN CONTRA DERECHO

Ira, dolor, indignación, son las reacciones de los colombianos frente al absurdo fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del proceso del señor Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega; apartándose de las elementales normas del derecho procesal penal, dos de los tres magistrados que desataban el recurso de reposición interpuesto por la defensa del militar, juzgado por el inexistente delito de desaparición forzada en la legislación penal de 1985, no sólo ratificaron la condena a 30 años de prisión, sino que pretenden obligar al Ejército a pedir público perdón por la retoma del Palacio de Justicia en manos de narcoguerrilleros del M-19 y piden a la CPI el juicio al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas.

Esta es quizá la peor afrenta al honor de la institución militar cometida por una justicia politizada y parcializada, que contempla con mano blanda los crímenes de lesa humanidad del narcoterrorismo, que se niega a investigar y sancionar a los farcpolíticos y demás apologistas de la banda criminal, pero que frente a los militares aplica de manera desproporcionada y con un sentido de vindicta pública la dosificación de las penas, imponiendo lo que en la práctica es una cadena perpetua a los Oficiales que tienen la desgracia de caer en sus redes.

El ingreso de los narcoguerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia el 5 y 6 de noviembre de 1985, no fue una acción desesperada de un grupo de bandidos como han querido hacer ver Gustavo Petro, Navarro Wolff y los cabecillas de esa organización que hoy disfrutan de las mieles del poder y el reconocimiento mediático; la sanguinaria operación terrorista requirió de todo un despliegue logístico y de planeación que no podía escapar al conocimiento de sus dirigentes, allí estaba entonces comprometida la negociación que adelantaban con el gobierno de Belisario Betancur y que terminaría finalmente con la generosa amnistía otorgada por Virgilio Barco Vargas.

Pero la empresa criminal, a juicio de los dos magistrados del Tribunal Superior, no era la del M-19 financiado por Pablo Escobar, sino la legítima acción de un Ejército consagrado en la Constitución de 1886 (como lo está ahora en la de 1991), que atendiendo las órdenes directas de su Comandante en Jefe, el Presidente de la República, cumplió con su obligación de recuperar el Palacio de Justicia y restablecer el orden legal.

Para estos magistrados la reacción del Ejército fue desproporcionada, ese ha sido el argumento de fondo desde la primera instancia, como si los terroristas no hubieren estado utilizando un poder de fuego letal, como si no hubieren ya cometido numerosos asesinatos en personas como los vigilantes, magistrados y otros rehenes; el observador que no conoce la realidad de los hechos del 5 y 6 de noviembre de 1985, podrá imaginar fácilmente que los terroristas ingresaron al Palacio con ramos de flores y no con armas de guerra pretendiendo un supuesto ‘juicio revolucionario’ al Presidente Betancur y deponer violentamente el poder legítimamente constituido.

Es la misma Procuraduría General la que ha señalado como el fallo del Tribunal Superior de Bogotá va en contra de los principios del derecho (la duda a favor del procesado y la inexistencia de la tipificación del delito); así lo hizo ver el Magistrado Hermes Darío Lara, en el trámite del recurso de la defensa, quien en su ponencia señalaba en derecho vacíos en el proceso que llevó a la condena, razones jurídicas ignoradas por los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, quienes tenían que cumplir con la tarea impuesta de poner al Ejército en la picota pública buscando quebrar su moral de combate.

En el caso judicial iniciado por el Fiscal Iguarán contra el señor Coronel (r) Plazas Vega, se han pisoteado los principios fundamentales del derecho: el debido proceso, el derecho a la defensa, la existencia de cosa juzgada, la obligatoriedad del juez natural (ya había sido absuelto de los cargos imputados), la irretroactividad de la ley penal (se imputan cargos por un tipo penal inexistente en la época de la comisión del presunto delito), se condena sin pruebas incontrovertibles sino con base en testimonios de testigos inexistentes, en fin, se construye la más absurda aberración judicial de todos los tiempos en Colombia por parte de unos operadores judiciales militantes acérrimos del comunismo criollo en la llamada célula Pardo Leal del PCC.

Las derrotas militares en el campo de batalla son cobradas por el narcoterrorismo en los estrados judiciales y en los sombríos rincones de una burocracia que ha permitido el enquistamiento de los apologistas de las organizaciones criminales en el tejido del poder público; allí es donde el trabajo del Partido Comunista Clandestino o PC3 ha dado sus mejores frutos, infiltrar al Estado para atacar con saña, a mansalva y sobreseguro a la institución militar, haciendo mofa del Estado social de derecho al derrumbar sus pilares fundamentales, el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.

La Procuraduría ha indicado que sin duda, en cuanto a la exigencia de que las Fuerzas Militares de Colombia pidan disculpas a la sociedad por los mencionados hechos, esta indicación desborda el principio de limitación que gobierna la decisión del tribunal penal, en tanto sanciona la institucionalidad castrense, olvidando que el único procesado era el coronel Plazas Vega, teniéndose igualmente que en su caso se violan claros principios legales en tanto el delito imputado, al momento de la ocurrencia de los hechos, no estaba consagrado en el ordenamiento jurídico interno, y de igual manera, no obstante las dudas razonadas que ofrecen las pruebas, se dedujo la culpabilidad del coronel en retiro, haciendo caso omiso del principio de favorabilidad de la duda a favor del acusado.

Queda en manos ahora de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual la defensa y la misma Procuraduría, interpondrán la debida Casación, resolver este entuerto creado por la animosidad política de algunos operadores judiciales cuyas actuaciones se encaminan más en favorecer los intereses de las narcoguerrillas que a la aplicación de correcta y cumplida justicia.

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1 comentario

Publicado por en febrero 1, 2012 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “UNA DECISIÓN CONTRA DERECHO

  1. Ricardo Castiblanco Bedoya

    febrero 1, 2012 at 4:17 pm

    Los colombianos tenemos que reaccionar activamente contra este desborde del poder judicial que ya suplantó de facto al Ejecutivo y al Legislativo en el llamado ‘siglo de los jueces’ que estos elementos inventaron para justificar sus excesos. El Estado social de derecho se derrumba ante la mirada pasiva de los ciudadanos, por eso los magistrados hoy no solo se dan el lujo de acomodarse millonarias pensiones, sino que en el ejercicio de sus funestas funciones pisotean cuanto es más sagrado para los colombianos, sus insttiuciones, entre ellas las FF.MM. A denunciar y rechazar la oprobiosa dictadura de unos jueces al servicio de los enemigos de la democracia.

     

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