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UN ESTADO DE INJUSTICIA

14 Feb

UN ESTADO DE INJUSTICIA

No deja de ser preocupante para toda la sociedad colombiana el giro que vienen tomando las decisiones judiciales cuando no ocultan su clara intencionalidad política; si la rama judicial, como sustento del Estado social de derecho, se aparta del bienestar general, del bien común, para atender intereses particulares ideopolíticos, está rompiendo ese equilibrio necesario para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, especialmente el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

No es solamente el fallo arbitrario del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, es una cadena de sucesos que de tiempo atrás viene dándose en perjuicio de las instituciones democráticas y que apuntan a favorecer los protervos fines de las organizaciones armadas ilegales y sus apologistas políticos.

En fallo de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia abría el camino a una discusión de nunca acabar y que tiene su última expresión en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que califica al Ejército Nacional como una organización criminal que debe pedir público perdón. En efecto, en el 2007 la CSJ calificaba a las narcoguerrillas de ‘luchadores altruistas’ y a las autodefensas que se opusieron a las anteriores como ‘delincuentes comunes’; se estableció como principio jurisprudencial en el país que quien combatiera a los terroristas, desde la legalidad o la ilegalidad, incurría necesariamente en el delito de concierto para delinquir, el que no puede considerarse como equivalente al de sedición, que tiene naturaleza de delito político, hacerlo, dijeron nuestros magistrados, se constituye en una burla al derecho “de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad“.

Es decir, para el poder judicial, en un aparente interés de hacer prevalentes los derechos de las víctimas, los delitos cometidos por las narcoguerrillas por tener un supuesto origen político, merecen un tratamiento preferencial y laxo, pero los cometidos por quienes las hayan combatido exigen la aplicación drástica y aún excesiva de la normatividad, porque no tienen tal origen.

Es en ese sentido, que los operadores judiciales pueden determinar la anulación de pruebas obrantes contra los componentes de las organizaciones narcoterroristas, sus apologistas y auxiliadores, aplicando un excesivo garantismo legal, apoyándose en tecnicismos nacidos de la interpretación del juez o magistrado; y de la misma manera puede apreciar como válidos los falsos testimonios, desechar el beneficio de la duda a favor del procesado o aplicar retroactivamente normas desfavorables a él, para condenar a quienes dentro del conflicto armado han representado legítimamente al Estado.

Es esa venalidad jurídica la que permite que los operadores judiciales recurriendo a ese garantismo a favor de los terroristas, liberen a quienes son capturados en combate aduciendo que el Ejército no tiene facultades de policía judicial para recaudar pruebas en su contra y por ende la captura y demás procedimientos fueron ilegítimos.

O como ha ocurrido en el caso de las capturas de narcotraficantes y otros delincuentes, que algún error de procedimiento a juicio del juez de garantías, sirva como fundamento no sólo para dejarlos nuevamente libres, sino para ordenar que se les devuelvan las armas y demás elementos que hacen parte de la comisión del delito.

Esos exabruptos judiciales son los que permiten que hoy en Colombia se tenga como víctima a una narcoterrorista que ingresó violentamente al Palacio de Justicia el 5 de noviembre de 1985, con la criminal determinación de atacar las instituciones democráticas y con la consigna que expresara Luis Otero, su cabecilla, a través de una emisora, ¡Aquí nos morimos todos!; mientras el asesinato de civiles, soldados y policías por parte de la organización delincuencial queda en la absoluta impunidad y son procesados como enemigos de la sociedad quienes se opusieron a tan demencial asalto, restableciendo el orden legal.

Mientras tanto el poder judicial se da lujos de manera ilícita favoreciendo a sus integrantes para que accedan a jugosas pensiones de jubilación proscritas para el resto de ciudadanos, hagan el más descarado clientelismo nombrando a familiares y amigos en las más altas dignidades de esas corporaciones, o puedan amedrentar a sus jueces naturales, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que no se investiguen las fiestas, paseos, regalos y demás coimas con que personajes vinculados al narcotráfico agasajaron a los altos magistrados.

Rebelarse ante este estado de injusticia no constituye entonces un desconocimiento de los principios fundamentales de la democracia, por el contrario es un acto de defensa de los mismos. No se pueden tener como legítimas y obligatorias las sentencias que se profieren con clara violación de los principios fundamentales de nuestra juridicidad, especialmente los consagrados en el art. 29 de la Carta.

Con razón decía Richard Hooker: La justicia que, cuando triunfa, mantiene el orden, y que, cuando es pisoteada, crea el desorden, quebranta, amenaza al mundo entero de una desolación y de una ruina completas; la justicia en la que los pobres encuentran su defensa, los seres vivientes la paz…(HOOKER, Sermón, III, ed. 1874, página 616); hoy el ejercicio de la justicia en Colombia nos aproxima más al desorden social que al orden justo promulgado en la Constitución y eso no puede ser aceptado pasivamente por los ciudadanos en aras de respetar la independencia del poder judicial.

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Publicado por en febrero 14, 2012 en Opinión Pública

 

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