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LA GUERRA JURÍDICA

24 Feb

LA GUERRA JURÍDICA

Con este titular el señor Pedro Medellín Torres trata de convencer a los colombianos de que el Ejército no ha sido humillado con el tristemente célebre fallo del Tribunal Superior de Bogotá, sino que ha sido engrandecido al ser obligado a pedir perdón por los hechos del 5 y 6 de noviembre de 1985; que tal petición de perdón por parte del estamento militar es parte de la reparación debida a las víctimas del desbordamiento de la respuesta del Estado a la toma del Palacio por parte del M-19.

El señor Medellín Torres oculta convenientemente las razones expuestas en el salvamento de voto sobre la decisión mayoritaria de la Sala de conocimiento, entre otras cosas porque ese salvamente de voto proviene del único Magistrado del Tribunal que estudio el proceso por más de un año, mientras sus pares forzaron las decisiones sin un real conocimiento de causa, sino mediante la imposición de un criterio ideológico visible en la lectura de la providencia.

Si para Medellín Torres, como para los demás enemigos acérrimos de la institución militar, es un asunto vano que el fallo no sólo desconozca los principios del debido proceso en perjuicio del sentenciado, sino que desbordan sus límites y atropellan a la institución militar como la dignidad del entonces presidente de la república, Belisario Betancur y de paso a la misma institucionalidad jurídica, pues nada habría que hacer entonces en este país, el llamado ‘siglo de los jueces’ tendría que tenerse como legítima reivindicación de los tribunales inquisitoriales.

Es así como Medellín Torres debería comenzar su análisis preguntándose cómo es que una terrorista como IRMA FRANCO PINEDA, termina elevada al altar de las víctimas del asalto criminal del M-19 y quienes truncaron la intención criminal de los asaltantes terminan en el banco de los condenados. El M-19 no entró al Palacio de Justicia el 5 de noviembre con ramos de flores y bombones, su ingreso comenzó con el asesinato vil de 10 personas, entre vigilantes, policías y personal civil que se encontraba en el sótano de la edificación, crímenes de los que hizo parte la ahora tenida como víctima de sus propias acciones.

Es el mismo Tribunal quien en su decisión señala la falta de certeza de los llamados desparecidos en la acción de recuperación del edificio en manos de los narcoterroristas, así lo señala al indicar que no se ha probado si dichas personas (los presuntos 11 desaparecidos por el Ejército), realmente se encuentran desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadáveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, pero sin embargo aplica el principio de la duda en perjuicio del procesado al ratificar la condena impuesta en primera instancia. ¿No es esa una decisión política y no judicial?

Habría que también preguntarse el alcance de la decisión judicial del citado Tribunal en cuanto refiere a la recomendación de llevar al Coronel Plazas Vega a un sitio de reclusión común para que la ejecución de la pena que se impone se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la comunidad a la que ellas pertenecían[1], No puede haber duda alguna de que los magistrados que impusieron la mayoría buscaban ante todo reivindicar al M-19, en tanto una de las presuntas víctimas es precisamente una componente de la estructura criminal que provocó el asalto del Palacio de Justicia.

IRMA FRANCO PINEDA no hacía parte de la sociedad colombiana, por decisión propia y voluntaria se había marginado de ella al hacerse parte de una organización criminal que mediante la violencia y el terror rechazaba los principios constitucionales y legales que conformaban el tejido social vigente en Colombia. Obligar al Ejército colombiano a pedir perdón para no ofender a Irma Franco y la comunidad a la que ella pertenecía, el M-19, es sin lugar a dudas una pena que excede las potestades judiciales del Tribunal Superior de Bogotá y que constituye un ataque directo al honor militar.

Téngase en cuenta que el mismo Tribunal decretó la nulidad parcial con relación a los supuestos desaparecidos en la retoma militar del Palacio, algo que debió obrar a favor del procesado como lo señalaba el magistrado ponente, pero que fue ignorado a propósito por los dos elementos que impusieron su criterio político por sobre el jurídico. En efecto el Tribunal optó, ante la falta de evidencias de responsabilidad penal del señor Coronel Plazas Vega, por DECLARAR la nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación, para que prosiga la investigación respecto de lo realmente ocurrido con CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, DAVID SUSPES CELIS, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA LEÓN, NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO, GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO Y LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA.

Olvida convenientemente Medellín Torres que el Tribunal confirma una retroactividad de la norma penal desfavorable en perjuicio de los derechos fundamentales del procesado, el Coronel Plazas Vega, a quien se condena como autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas IRMA FRANCO PINEDA y CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA. Las penas impuestas por la juez a quo se mantienen sin modificación alguna[2] Medellín Torres y los demás defensores del fallo arbitrario, saben que tal retroactividad de la ley penal está proscrita en nuestra legislación y tradición jurídica, que la duda debe resolverse siempre a favor del procesado y que el M-19 no fue víctima en la recuperación del Palacio de Justicia, sino el autor único del asalto criminal para favorecer los intereses de los narcotraficantes que los financiaron.

Silencia Medellín Torres el hecho cierto de que la sentencia proferida por dos magistrados afines ideológicamente a las narcoguerrillas, busca imponer, como ellos mismos manifiestan en su fallo[3], la tesis de Roxin sobre la pertenencia a una estructura organizada de poder como elemento válido de condena; lo que no cuenta Medellín Torres y los demás apologistas del abuso judicial, es que dicha teoría se creó para condenar a los responsables y partícipes del holocausto judío cometido por el régimen nazi de la Alemania de los 30 y 40, ante la imposibilidad de señalar responsabilidades personales sobre los hechos que dieron lugar al asesinato de más de 6 millones de personas.

Dijo el Tribunal Superior de Bogotá, al pretender obligar al Ejército Nacional a pedirle perdón a los asaltantes del Palacio de Justicia, que buscaba impedir que conductas semejantes a éstas, en atrocidad y en agresión al conjunto de valores y principios que conforman la dignidad humana, como la suma de todos los derechos reconocidos a las personas por el sólo hecho de serlo, no vuelvan a ocurrir, dentro del concepto de proscripción de repetición de la ofensa[4]; es decir, que es lícito que organizaciones armadas ilegales violen la normatividad, pero es criminal que la Fuerza Pública responda como es su deber a dicho ataque.

Lo atroz e indignante para estos jueces es que el Ejército nacional hubiere impedido que el M-19 alcanzara el objetivo criminal que se propuso: Hacer un juicio público al presidente Betancur y tomarse el poder mediante el acto terrorista. El golpe militar, el asalto armado, no lo produjo la legítima acción de respuesta militar, era el M-19 quien pretendía suplantar el poder legítimamente constituido, de tal manera que convertir a una de las integrantes de la cuadrilla criminal en víctima del Estado, busca legitimar las razones del asalto delincuencial.

Es un hecho que estos Magistrados, como militantes activos de la célula Jaime Pardo Leal del PC3, no quieren reivindicar al M-19, sino crear las condiciones para deslegitimar al Estado y profundizar la que creen crisis de credibilidad del actual gobierno, son parte activa de la organización dispuesta por el Foro de Sao Paulo para someter a las FF.MM a los designios del llamado socialismo del siglo XXI.

Que hay una guerra jurídica contra las FF.MM es algo que no puede ignorarse, mucho menos prestarse para que verdaderos idiotas útiles alimenten tesis apaciguacionistas derrotadas por los colombianos en las urnas al elegir a Santos como continuador de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, único camino cierto para alcanzar la paz anhelada.

 

[1] TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Comunicado 001/2012. Bogotá, 30 de enero de 2012.  En: http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2012/01/sentencia-del-tribunal-superior-de.html

[2] Ibíd.

[3] El Tribunal decidió confirmar parcialmente el fallo de primer grado, emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en cuanto condenó al CO(r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA como autor mediato (por estructura organizada de poder), del delito de desaparición forzada, en concurso homogéneo, por los hechos que dejaron como víctimas a IRMA FRANCO PINEDA y CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, este último administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Ver en: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Comunicado 001/2012. Bogotá, 30 de enero de 2012.http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2012/01/sentencia-del-tribunal-superior-de.html

[4] Ibíd.

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1 comentario

Publicado por en febrero 24, 2012 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LA GUERRA JURÍDICA

  1. LUIS A. MERA C.

    marzo 7, 2012 at 2:47 pm

    El Señor Pedro Medellín Torres no tiene la mínima ecuanimidad ni imparcialidad en su “docto” escrito que no merece comentario alguno; es otro de los enemigos gratis (¿) que tienen las Fuerzas Militares, no entiende uno, cómo se atreve a decir que los militares deben cumplir la orden de humillarse pidiendo perdón allá en el sitio sagrado donde fue declarada nuestra independencia, ¿perdón porqué? ¿perdón de qué? Los militares tenemos el honor que seguramente le falta al Señor Medellín; son otros además del M-19 los que deben pedir perdón al país por el grave daño causado; el Señor Petro al asomarse al balcón y ver la casa del florero y el Palacio de Justicia reconstruido como monumento a su maldad, debería salir con Navarro, arrodillarse y ellos sí deberían pedir perdón a Dios y a Colombia que aún sufre los daños de su aleve ataque; para ello se requiere contrición y al menos algo de nobleza.

    Coronel Luis A. Mera C.

     

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