REFLEXIONES SOBRE EL CAGUAN
Los 10 años del necesario fin del experimento del Caguán, dejan serias reflexiones sobre los errores y aciertos que el mismo pudo tener; hay que salirse del entorno politiquero que se le ha dado al fallido proceso y sumergirse en el necesario proceso de análisis científico del mismo.
No hay que hacer un mayor ejercicio intelectual para entender que el proceso del Caguán rompió en dos la historia del conflicto armado interno; una cosa era la presunta república inviable que algunos analistas internacionales le atribuían a Colombia y otra realidad histórica, social, política y económica la que surgió a partir de entonces.
Hay una tendencia generalizada a considerar que las experiencias anteriores, las de Belisario Betancur, Virgilio Barco o César Gaviria, fueron fútiles y que sólo sirvieron para fortalecer a las narcoguerrillas, pero hay que recuperar lo positivo que ellas contienen. Las antiguas guerrillas comunistas, convertidas en aliadas del narcotráfico, nunca entendieron la dimensión histórica que las propuestas de diálogo y negociaciones amplias y generosas de esos gobiernos representaban para la construcción de un nuevo país; una patria erguida en la medida de los sueños y esperanzas de los mismos colombianos.
En la medida que el dinero del narcotráfico les proporcionó los recursos económicos las antiguas guerrillas comunistas experimentaron un crecimiento cuantitativo, pero no cualitativo, prueba de ello es que los mandos medios y varios cabecillas de la organización Farc dejaron de creer en el sueño revolucionario socialista para inmiscuirse cada vez más en el poderío mafioso y terrorista. Ya desde la toma del Palacio de Justicia guerrilleros y narcotraficantes probaron las mieles de esa combinación de las formas de lucha.
El desastre absoluto que significó el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), alimentó más que nunca la idea del país inviable. Un presidente elegido con los dineros del narcotráfico, dispuesto a cederle todo a cualquier grupo de presión para tratar de recuperar legitimidad, un país descertificado a nivel internacional, parias en la comunidad internacional sin ninguna credibilidad como lo demuestra el retiro de proyectos y propuestas de inversión, incluso nacionales, ponía en el escenario nacional solo una realidad posible, la división territorial y la pérdida de soberanía: Un norte de Colombia en poder de las organizaciones narcotraficantes, un sur en manos de la guerrilla y un centro debilitado que pronto caería en manos de cualquiera de sus otros contendientes.
Entonces se hablaba de que el poder económico definitivamente estaba en manos de narcotraficantes o narcoguerrilleros, que a través de testaferros habrían logrado tal dominio de nuestra economía que per se debía ser excluida del mercado internacional. 1994-1998 debe ser considerado en Colombia el peor capítulo de su historia, pero que el de la Patria Boba (1810-1816), por los resultados desastrosos que representaron las políticas de Samper Pizano para la comunidad nacional; es cierto, hay que reconocer que arrepentido de sus acciones inició una campaña contra el narcotráfico con buenos resultados, pero después de rotos los cristales ya nada importaba la ventana.
Permítaseme un paréntesis. Samper Pizano hoy se vale de sus propios pecados para buscar alguna justificación y atacar al Presidente Uribe, su gestión y especialmente la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Sus peones de brega se empeñan en señalar como sus prácticas deben ser después consideradas ilícitas o delitos de lesa humanidad; prueba de ello son las columnas mendaces del señor Ramiro Bejarano en El Espectador, felón enemigo de Uribe se empeña en demostrar que las llamadas ‘chuzadas’ son crimen de lesa humanidad, pero oculta las que él mismo practicó como Director del DAS, sobre todo aquel desproporcionado operativo en el aeropuerto El Dorado cuando detienen a una periodista en busca de capturar y ocultar los llamados narcocassetes, evento olvidado ahora por los medios que le abren las puertas en aras de la libertad de prensa.
Pastrana inicia su período con dos elementos característicos de su propia personalidad: El revanchismo contra Samper, que dio origen al inconcluido Proceso 8.000 y la imposición de la zona de despeje del Caguán, sin previa consulta a los afectados. Las tropelías y desafueros de las Farc en esos 42.000 km2 de la geografía nacional han sido suficientemente documentados y denunciados para recaer en la misma relación de hechos.
Más allá de eso hay que ver lo positivo, se alcanza el Plan Colombia, concebido como una estrategia cuyos objetivos son la búsqueda de la paz a través de cuatro banderas que se relacionan entre sí y que son la solución política negociada, la recuperación económica y social, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y la iniciativa contra el narcotráfico[1].
Fiel a su promesa a las Farc, el presidente Pastrana se ocupó de adquirir los recursos económicos necesarios para desarrollar esa política negociada a fin de alcanzar el grado de desarrollo económico y social que superara los históricos grados de inequidad que en ese campo alimentaron a la guerrilla comunista en sus primeros años de existencia. Las Farc no supieron entender ese momento histórico y por estupidez política consideraron, y consideran, que todo aporte de los EE.UU al desarrollo del país es una indebida injerencia y una muestra de colonialismo.
Las Farc nunca podrán señalar como falta a los acuerdos del Caguán el que el gobierno nacional se preocupara por fortalecer sus políticas contra el narcotráfico, crimen de afectación internacional y del que ellas se lucraban para buscar un poderío militar que les permitiera alcanzar sus objetivos políticos, la toma del poder.
La zona del Caguán era un laboratorio para dos fuerzas en conflicto: La legítima conformada por el Estado colombiano y sus instituciones y la ilegitimidad de una organización armada ilegal cada vez más incursa en el mundo del narcotráfico internacional, involucradas en las dimensiones económicas, especialmente las dinámicas individuales y colectivas de apropiación de recursos y la viabilidad económica para hacer la guerra[2].
Es un hecho que el Ejército colombiano llegaba golpeado, sin recursos y estigmatizado por las decisiones políticas de los gobernantes anteriores; nunca desde el Plan Lasso se había propuesto una estrategia nacional unificada que contara con la voluntad del gobernante para desarrollarla, las recomendaciones militares frente al conflicto eran tenidas como indebida intervención en asuntos políticos, vedados para los militares desde la Constitución de 1886 y reafirmado en el art. 219 de la actual Constitución.
Las Farc, por el contrario, aprovecharon el momento para obtener la necesaria atención mediática de una fuerza militar que llegaba al Caguán en términos de conquista; no era el gobierno nacional el que les concedía la zona de despeje, sino la apropiación de un ‘territorio de conquista’. De ahí su primera amenaza, despejar el Caguán de toda autoridad administrativa, política, policial y principalmente militar, el Batallón Cazadores debió arriar banderas para satisfacer la exigencia. Incluso la autoridad judicial fue desplazada bajo amenaza, en su pobre análisis de lo sucedió en el Caguán, Alfonso Gómez Méndez cuenta como la fiscal de San Vicente tuvo que desplazarse a Bogotá en busca de protección. Vino a mi mente la imagen de la fiscal de San Vicente, Maritza Chavarro, quien llegó al despacho pidiendo auxilio tras haber tenido que abandonar su oficina, en horas, frente a la amenaza de muerte de guerrilleros por no atender sus órdenes[3]. Lo que no cuenta este Fiscal de opereta es que muchas de sus decisiones contra la institución militar tuvieron esa presión inaceptable, él fue quien sin razón de causa agitó las turbulentas aguas del proceso del Palacio de Justicia.
Lo tratado y por la ya extenso del escrito, amerita con el perdón de ustedes, una segunda parte, que espero tener concluida en próximos días. Me ayudaría mucho que como protagonistas de la historia, contribuyan en la construcción de esta memoria necesaria para la identidad nacional.
[1] FRANCISCO Z. Gonzalo D. El Plan Colombia y la paz. Consejero presidencial para la convivencia y seguridad ciudadana.En: http://www.ideaspaz.org/eventos/download/haciendo_paz_02.pdf
[2] GUÁQUETA, Alexandra. Dimensiones políticas y económicas del conflicto en Colombia: Anotaciones teóricas y empíricas. ISSN (versión en línea): 1900-6004. Revista Colombia Internacional. Universidad de Los Andes. Mayo-Agosto de 2002. En: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/410/view.php
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