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LAS PÍRRICAS VICTORIAS DE LAS FARC

22 Mar

Las pírricas victorias de las FarcLa sentencia histórica de las batallas ganadas por Pirro, siglo III A.C., se resumen en una realidad incontrovertible, era el tiempo de la confrontación de ejércitos de masas, algo que las narcoguerrillas no han podido desplegar en los últimos 10 años.

Concentrar grupos con superioridad numérica o de poder de fuego contra unidades militares no es una victoria con relación al número de bajas, muertos y heridos, que la fuerza asaltante sufre por acción del fuego defensivo; ese el costo que pagan las narcoguerrillas en sus acciones delincuenciales y que tratan de equilibrar secuestrando niños, niñas y adolescentes para suplir sus necesidades de guerra.

Pirro mismo cuestionaba su estrategia en el año 275 A.C., al contestarle a uno de sus aduladores que otra victoria más como la obtenida contra los romanos en Tarento significaría su propia perdición, dado el número elevado de bajas resultantes de sus campañas.

Para asesinar a 11 soldados del Ejército Nacional las Farc han sacrificado la vida de al menos 51 terroristas que militan en sus filas, entre bajas, capturados y heridos, lo que en términos fríos representaría una pérdida de vidas humanas 5-1 en los partes de guerra que tanto exhiben a través de Anncol y las demás páginas electrónicas que manejan.

No importa cuanta violencia desplieguen los narcoterroristas, tarde o temprano las Fuerzas Militares actuarán con contundencia como lo han demostrado las diferentes operaciones que redujeron a esa banda criminal a grupos de delincuentes aislados que tratan de recobrar alguna posición de preponderancia política, gracias a sus apologistas, no a sus acciones contra el pueblo colombiano.

Si es cuestionable el papel que juegan algunas comunidades que son testigos de la concentración de fuerzas de la narcoguerrilla en sus veredas y no dan el oportuno aviso a las autoridades competentes. La llegada de individuos armados, vestidos con uniformes militares o de civil, es un hecho que no escapa a la mirada de cualquier vecino, cuya obligación de denuncia se encuentra inscrita en el art. 95 de la Carta; los colombianos tenemos el deber y derecho de dignificar y engrandecer el ejercicio de ciudadanos.

Ceder y aceptar la labor criminal de las organizaciones armadas ilegales hace de las comunidades cómplices necesarios en la ejecución de las conductas punibles, a título de elementos activos del delito; dar aviso oportuno de los movimientos de los ilegales puede crear las condiciones necesarias para garantizar su propia seguridad; colaborar con las autoridades militares no es una falta, es un deber.

A ningún habitante de las comunidades especiales, indígenas o afrocolombianos, la llegada de elementos ajenos a las mismas es ajeno; permitir que los delincuentes lleguen y asuman la vocería de sus pueblos es compartir la responsabilidad de los crímenes que ellos cometan. No es declararse víctima de dichas organizaciones, es demostrar que de una u otra manera se opusieron a los protervos intereses de los asaltantes.

En ese sentido Colombia debe despertar para rechazar las labores del MOVICE y el Colectivo de Abogados Albear Restrepo, que califican como víctimas del Estado a quienes promulgaron la “combinación de las formas de lucha”, mientras silencian e ignoran a los miles de colombianos víctimas de la acción criminal de las Farc, el Eln y cualquier expresión narcoguerrillera, considerada por nuestro poder judicial como expresiones de lucha altruista para omitir las investigaciones y sanciones que tal conducta exige.

Que los jueces y magistrados de nuestra república expliquen de una vez por todos sus nexos con narcotraficantes y el título de ‘luchadores altruistas’ que le atribuyeron a las bandas criminales. Ese es un capítulo no cerrado en nuestra historia y que pretendió ser borrado con la declaración del siglo de los jueces que hiciera Augusto Ibáñez en el 2009[1].

Si los llamados ‘falsos positivos’ afectaron de tal manera a las FF.MM., es justo investigar los falsos positivos judiciales que califican al Ejército como una “empresa criminal”, mientras dicen que los narcoterroristas son una entidad humanista; nada decente dice la decisión de esos jueces, que apoyados en el decir de las Farc, consideran ilegal la desmovilización de miembros de sus estructuras criminales, hasta el punto de acusar a un funcionario de porte y tráfico de armas, cuando su misión se limitó a recibir las que les entregaban los presuntos desmovilizados, cuya mayoría, en el caso de la estructura ilegal “Cacica Gaitana” si pertenecían a la narcoguerrilla de las Farc.

En el combate armado las Farc logran algunas victorias efímeras, sus mayores logros los están obteniendo en el campo legal gracias al papel desempeñado por el Movimiento Continental Bolivariano a través del Polo y sus partidos constituyentes, especialmente en el poder judicial; los poderes públicos en Colombia están infestados de comunistas y narcoterroristas, llamados incluso como asesores de los gobiernos nacional y locales.

Colombia pierde la batalla ganada en el terreno por los militares en los escritorios de los jueces y la burocracia gubernamental en todas sus expresiones nacionales y locales. En Colombia los políticos han sido aupadores de la violencia, no el puente necesario para evitar la guerra.

Piedad Córdoba sigue siendo miembro del Partido Liberal, el mismo partido que promocionó la violencia en nuestra historia nacional y fomentó el nacimiento de las narcoguerrillas; Piedad Córdoba es vocera de las Farc, como en su momento lo fue Alfonso López Michelsen del Eln. El ‘talante’ liberal de Juan Manuel Santos le obnubila, le impide ver esta realidad, oportunamente ignorada y omitida por sus directivos, que reclaman para sí la condición de víctimas, como lo hacen los herederos de los promotores de la “combinación de las formas de lucha”.

 


[1] EL TIEMPO. ‘El siglo XXI es el siglo de los jueces y las víctimas’, dice el Presidente de la Corte Suprema. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6213128

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Publicado por en marzo 22, 2012 en Opinión Pública

 

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