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A PROPÓSITO DEL NUEVO FISCAL

23 Mar

A PROPOSITO DEL NUEVO FISCALEn tiempo record la Corte Suprema de Justicia eligió a Eduardo Montealegre Lynett como nuevo Fiscal General de la Nación, pero en el mismo tiempo sus contradictores se afanaron en crear un manto de duda sobre lo que sería su gestión al frente del ente acusador, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos abiertos con relación a las normas de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Hay que cultivar el sentimiento que frente a Montealegre se ha creado en su vasta experiencia judicial, no es un hombre que se ha dedicado a la política, sino un jurista que llega a uno de los mayores honores que el derecho puede exigir: La natural y reposada experiencia para abocar los procesos acusatorios que debe liderar, especialmente y para lo que importa a las FF.MM., en el campo de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario.

Con el abogado Montealegre Lynett puede llegar la garantía de considerar la inconstitucionalidad del acuerdo nefasto obtenido por Mario Iguarán, que decidió empapelar a todo militar que haya participado en un combate armado con las organizaciones ilegales, para satisfacción de los colectivos de abogados comunistas y del colectivo Jaime Pardo Leal que alimenta la injusticia promovida por ASONAL en contra de las instituciones armadas del Estado.

El quiebre para el legítimo desarrollo de la Justicia Penal Militar, en contra de lo dispuesto por la Constitución, lo produjo un Ministro de Defensa que quiso disfrazarse de soldado, Camilo Ospina, y un Fiscal cuya elección siempre estuvo en duda, Mario Iguarán. Un acuerdo institucional, sin fuerza legal, reemplazó de plano a la Justicia Penal Militar.

Desconociendo abiertamente el artículo 221 de la Constitución Nacional, artículo que pone los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en manos de tribunales militares, Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, suscribió con el mediático Fiscal Mario Iguarán un llamado Convenio Interadministrativo que dejó en manos de la justicia ordinaria las investigaciones y procesos contra los militares, violatorio de todo ordenamiento constitucional recogido en el art. 221 de la Carta.

Con esta medida a espaldas de la Constitución, se buscaba sin duda apaciguar a las ONG y a sectores de la opinión internacional que no confían en nuestros militares cuando juzgan a uno de los suyos. Suponen que se tapan con la misma cobija. Sólo que para enfrentar tales inquietudes, el ministro Ospina no tomó en cuenta una realidad venenosa: la justicia que tenemos en casa. Sus cientos de fiscales y jueces parcializados son los mejores alfiles de la guerra jurídica impulsada por los intelectuales de las Farc, el Polo y su asociado PCC (cabeza del colectivo Jaime Pardo Leal que orienta ASONAL). A sus dudosos manejos se deben los tres mil militares hoy detenidos. La pérdida del Fuero Militar permite contra ellos toda suerte de atropellos e injusticias[1].

Habría que conocer a fondo las decisiones judiciales sobre dicho acuerdo y compaginarlas con las propuestas del actual gobierno para no repetir los errores que mostrando al militar como el continuador de la política en la guerra, termínenlo siendo el único culpable de ella.

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[1] En: http://www.palaciodejusticia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=124:peligrosa-brecha&catid=26:prensa-escrita&Itemid=56

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Publicado por en marzo 23, 2012 en Opinión Pública

 

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