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LAS VÍCTIMAS INVISIBLES

17 Abr

LAS VÍCTIMAS INVISIBLESDefinitivamente la tan cacareada Ley de Víctimas se hizo a la medida del MOVICE y el comunismo criollo, las únicas víctimas visibles son las atribuidas al Estado o a las autodefensas ilegales, las demás ni siquiera son tenidas en cuenta de manera tangencial por la Ley 1448 de 2011.

Aunque pomposamente la norma dice que en los términos de la Ley, víctima es cualquier persona que hubiera sufrido un daño, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado; allí no tuvieron cabida los secuestrados por las organizaciones armadas ilegales activas o desmovilizadas, las familias de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado por parte de las narcoguerrillas, y lo que es más triste, los miles de colombianos de todas las edades y sexos víctimas de las minas antipersonal o minas quiebrapatas sembradas por los narcoterroristas.

Seguramente nuestros legisladores y el ejecutivo consideran que las víctimas del M-19, EPL, ADO, FARC, ELN y demás guerrillas comunistas o socialistas lo fueron por fuera del plan operativo o del accionar del grupo armado ilegal o como dijera cínicamente un magistrado cuyo nombre hace parte de la ignominia nacional, fueron victimizados para que otros vivieran mejor.

Por ejemplo, la ley de víctimas excluye particularmente a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, aun habiendo sido secuestrados, mutilados o asesinados en acciones fuera de combate; para ellos sólo quedan las medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición que nadie ha definido. Ser parte de una memoria histórica que está siendo construida conforme a la visión comunista, de tal forma que el Soldado o el Policía terminarán pasando a esa historia artificiosa como los victimarios, como los agresores.

De manera sarcástica se enuncia que los miembros de la Fuerza Pública no acceden a la ley de víctimas porque ellos seguirán gozando de sus regímenes especiales, pero no dice que esos regímenes especiales son precisamente el objeto, el blanco de la eliminación, como está ocurriendo con el Fuero especial que consagra el art. 221 de la Constitución, como ocurre con la sistemática y reiterada negativa del Ministerio de Hacienda de entrar a estudiar con seriedad la situación salarial, las pensiones y demás derechos económicos y sociales, que deberían tener los ‘Héroes de la Patria’ muertos o lisiados con ocasión de un conflicto armado interno que ya se prolonga por más de 50 años.

Ni un solo proceso se ha abierto con respecto a los miles de hectáreas de tierras de que fueron despojados humildes campesinos en Caquetá, Putumayo, Meta y otras regiones del país por parte de las Farc; ni una sola revisión o mención siquiera al despojo ocurrido durante la vigencia de la llamada zona de distensión. Esas víctimas no existen para el Estado colombiano.

Esta exclusión ha llevado a organizaciones como la Campaña Colombiana Contra Minas –CCCM- a hacer un llamado al gobierno nacional para que en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras se haga un esfuerzo para ampliar el reconocimiento de aquellos colombianos que han sido afectados por la utilización de MAP/MUSE/AEI -minas antipersonales. La CCCM le pidió al gobierno nacional generar procesos de reparación integral para quienes han sido alcanzadas por estas armas no convencionales.

Cálculos muy conservadores señalan que en el país hay por lo menos, desde 1990, 9.755 colombianos afectados por los artefactos explosivos de las narcoguerrillas, siendo el segundo país del mundo, después de Afganistán, que padece ese flagelo; se señala que en el territorio nacional las narcoguerrillas han sembrado más de 100.000 minas no convencionales.

Son casi dos víctimas diarias las que se han producido y serán muchas más las que se produzcan porque los narcoterroristas no son obligados a señalar los sitios donde han sembrado sus trampas explosivas; víctimas de las que nadie se acordará, ni por las que nadie reclamará.

Seguramente reclamos de este tipo llevarán a que el gobierno tilde de dementes a quienes los elevan y las narcoguerrillas y sus apologistas hablen de manos negras que no quieren la paz.

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Publicado por en abril 17, 2012 en Opinión Pública

 

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