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LA TRISTE REALIDAD DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

18 Abr

TRISTE REALIDAD DE LA JUSTICIA EN COLOMBIAEn el país se volvió un lugar común la frasecita aquella que las decisiones de los jueces se respetan y no pueden ser objeto de controversias, para imponer una dictadura judicial que hizo de la administración de justicia un show mediático para cultivar las aspiraciones electoreras de algunos operadores judiciales.

Con un presupuesto de 2,2 billones de pesos, duplicado frente al que la rama judicial tenía a comienzos de siglo, con un promedio de jueces similar al de los EE.UU y superior al de Chile, Perú o Brasil, el poder judicial colombiano es el peor sinónimo de ineficiencia e ineficacia en las ramas del poder público[1].

Advierte la Contraloría General, que en el país 2.9 millones de procesos se encuentran represados, 500.000 casos más que hace una década; países que tienen menos jueces como Chile, Perú y Brasil, muestran entre tres y cuatro veces más sentencias por despacho que en Colombia. El país tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, el mismo número que los EE.UU, pero mientras en ese país un juez resuelve 3.135 demandas por año, en Colombia apenas alcanza, en el mejor de los casos, a 448.

Así las cosas, el derecho de acceso a una justicia pronta y eficaz se convierte en Colombia en una quimera, en un derecho de papel, mientras los funcionarios judiciales se dedican a la política como oficio, a servir de caja de resonancia de intereses ideológicos contrarios a los principios democráticos, a tratar de destruir los logros de la Política de Defensa y Seguridad Democrática para favorecer las protervas intenciones del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.

No puede ser de recibo la justificación que el gremio judicial, ASONAL, pretende dar para explicar el caos a que está sometida la justicia en Colombia. Recurrir a la sempiterna excusa de la falta de recursos humanos y económicos es un sofisma inaceptable. En el 2007, para justificar la petición de mayores recursos, el poder judicial adquirió el compromiso público de aumentar la productividad de los jueces en un 40% y de reducir en un 70% el inventario de los procesos represados[2]. El poder judicial recibió los recursos económicos solicitados pero le incumplió al país su compromiso, ese inventario se incrementa dramáticamente año tras año.

Todo indica que la efectividad de los jueces y magistrados se reduce a atender con prontitud las acciones que favorecen sus propios intereses como quedó demostrado en lo denunciado frente al ‘carrusel de las pensiones’, afortunadamente el Consejo de Estado echó por tierra la intención de los magistrados de las otras Cortes de refugiarse en la impunidad garantizada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y devolvió en derecho las funciones investigativas que le corresponden a la Contraloría General de la República.

Vale la pena recordar como la Corte Suprema de Justicia neutralizó la investigación que por los nexos de algunos Magistrados con personajes vinculados a la delincuencia narcotraficante iba a iniciar el Congreso, la apertura de investigaciones por presuntos vínculos con el llamado ‘paramilitarismo’ fue el freno para abortar esas investigaciones; el tema se diluyó en el tiempo y los Magistrados emergieron como funcionarios impolutos. Las fiestas y carnavales, los regalos de botines y relojes, las visitas consuetudinarias,  que individuos como Giorgio Sale les armaron no pasaron de ser otra anécdota más en la folclórica historia del país.

Seguramente esa misma suerte correrán las denuncias de infiltración de las mafias narcotraficantes, realizadas por los mismos autores materiales, que dan cuenta de la actividad en las altas Cortes para presionar decisiones judiciales, entre ellas la elección de altos dignatarios de la justicia.

‘Es el siglo de los jueces’ anunciaba Jaime Ibáñez, quien ahora aspira a ser el Procurador General; lastimosamente ese siglo de los jueces sólo ha servido para descuadernar más las instituciones republicanas y posicionar los intereses antidemocráticos. Por algo los Magistrados que se retiran pasan a ser candidatos o directivos del Polo Democrático, o a ser litigantes acuciosos de personajes de la izquierda envueltos en escándalos de corrupción. No debe quedar duda que la politización del poder judicial ha sido el más triste descalabro de nuestra democracia.

Es un hecho que sin justicia no podrá cimentarse la paz en Colombia; de nada sirve el sacrificio diario de nuestros soldados y policías por recuperar el orden y la ley, si el poder judicial sigue siendo un instrumento ineficiente e ineficaz, permeable a intereses distintos a los del Estado social de derecho.


[1] EL TIEMPO. Un juez de Colombia resuelve 448 casos al año; uno de EE.UU., 3.135. Miércoles, 18 de abril de 2012. Pág. 2.
[2] Ibíd.
 
 
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3 comentarios

Publicado por en abril 18, 2012 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “LA TRISTE REALIDAD DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

  1. Rosita Welcker

    abril 18, 2012 at 9:27 pm

    ES UN ATRACO QUE EL CARTEL DE LA TOGA NEGRA QUIERA HACER SU VOLUNTAD A COSTA DE COLOMBIANOS DE BIEN, PERO NOSOTROS SOMOS LOS CULPABLES POR ADMITIR CUANDO VOTAMOS EJERCEMOS UN DERECHO INVIOLABLE QUE ES DE PROTESTAR DE NO ACEPTAR LA CORRUPCION Y MANIPULACION DEL CARTEL DE LA TOGA NEGR, DE NINGUN POLITICO NI DEL PRESIDENTE PORQUE SOMOS LIBRES TENEMOS DERECHOS CIVILES POR LO TANTO NO ESTAMOS EJERCIENDO NUESTROS DERECHOS.

     
  2. RODRIGO CARDENAS

    mayo 10, 2012 at 2:52 am

    Nuestros jueces y magistrados hacen “carrera” para lograr encasillarse en una Urna (no jaula) de oro (No de cristal) y perpetuarse en un mundo que alli desgarran de la realidad. O como se explica uno que para un juez no sea delicuente digno de aislar un sujeto que esgrime un arma (Como el caso de los atracadores del puente peatonal); sera que le es imposible “imaginar” la impresión que eso deja de por vida en la victima?…por que tal vez el sujeto nunca usara el arma…o tal vez a nadie cercano al Juez lo han atracado.

     
  3. Fabián Moreno

    junio 25, 2012 at 8:01 pm

    Según un artículo reciente, más de 2.000 militares y policías estarían dispuestos a aceptar cargos de haber cometido delitos que nunca cometieron, para no tener que pagar 50 años de prisión, que seguramente les impondría la justicia ordinaria, si no se declaran culpables. Hay más policías y soldados en la cárcel que guerrilleros y paramilitares. Con estos datos, las FARC y el ELN deben estar, con razón, estar seguros que el mejor camino que tienen es seguir en su lucha y terrorismo, porque las fuerzas armadas del Estado ya no pueden combartirlas, porque la justicia lo impide, castigando el cumplimiento del deber de los militares y policías.

     

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