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LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS NO ES LA SOLUCIÓN

20 Abr

LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS NO ES LA SOLUCIÓNLos corifeos de la despenalización del consumo de narcóticos argumentan que ese fenómeno debe ser tenido como un caso de salubridad pública que no amerita tratamiento punitivo; propenden por trasladarle a la sociedad los costos económicos, políticos y sociales de conductas individuales libremente asumidas con conocimiento del riesgo que ellas implican.

Si bien es cierto la Organización Mundial de la Salud OMS, califica las adicciones al alcohol, el tabaco o los narcóticos como una enfermedad, y a pesar de las laxas consideraciones sociológicas que tratan de crear una culpa colectiva frente al consumidor, debe señalarse e insistirse en que convertirse en adicto es una decisión personal, que existe innumerable cantidad de avisos preventivos, de campañas de prevención a todos los niveles sociales, de tal manera que colectivizar el problema no resuelve los hechos particulares.

Es distinto hablar de un problema de salud pública cuando la enfermedad se adquiere en circunstancias ajenas a la voluntad del individuo como ocurre con las patologías virales o bacterianas; allí si está llamado el aparato público a responder con medidas de asistencia y atención inmediata para evitar su propagación, de minimizar los riesgos de contagio inherentes a la enfermedad.

La producción, distribución y consumo de narcóticos son connaturales, no puede desprenderse el uno del otro, y todos ellos configuran la conducta punible de narcotráfico, independientemente de la cantidad objeto de la transacción o el uso. Son delitos universalmente conocidos como atentados a la salud pública, entendida como el equilibrio biológico, psicológico y social delser humano o los individuos en particular pero también en lo general de la sociedad y como tal la adecuada salud pública es inherente al Estado de Derecho y cualquier atentado contra ella es un atentado contra el Estado.

Tanto es así que en numerosas legislaciones penales en el mundo, el consumo de drogas y la inducción al mismo a menores de edad, es considerado una circunstancia agravante de la conducta punible y en medio del desafuero de la Corte Constitucional colombiana, cuando se legitimó el porte de la llamada “dosis personal”, se restringió el uso de psicotrópicos en presencia de niñas, niños o adolescentes, entonces se preveía que la libertad del uso de drogas alucinógenas no era absoluta[1].

En México, por las vicisitudes de una legislación federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es válido que en el delito de corrupción de menores, de competencia local, se pueda incluir la modalidad de “favorecer o facilitar el consumo de narcóticos”, aunque el consumo de estupefacientes sea un delito que compete a autoridades federales.

Ahora, frente a la pretendida defensa de la autonomía personal y del libre desarrollo de la personalidad, que hacen los apologistas de la despenalización del consumo de narcóticos, no existen argumentos para explicar la dicotomía entre producción y comercio de drogas y su consumo. Per se estaríamos en una situación en la que legitimar el consumo taxativamente equivale a la legitimación de la producción y el comercio de narcóticos, pues si el resultado no es punible, mal puede serlo la causa, en esto no caben medias tintas ni tonos grises.

Debe precisarse que en Colombia, el consumo de narcóticos no es considerado un delito sino una contravención y existe una diferencia abismal en esos conceptos, tanto por la apreciación jurídica como por la penalidad que los dos tipos representan. La Ley 745 de 2002 tipificó comocontravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia, algo apenas lógico y necesario en la construcción del tejido social necesario para la convivencia.

Ahora bien, hay que atender la alerta lanzada por el señor Procurador General Alejandro Ordoñez, sobre la existencia de poderosos intereses económicos de la industria farmacéutica en el trasfondo de la propuesta de despenalización del consumo de narcóticos.  Esta denuncia no puede caer en el olvido, sino que debe ser motivo de amplio debate en todas las esferas sociales de Colombia, pues deja al descubierto que los intereses que mueven a los apologistas de la despenalización no son propiamente humanitarios.

El debate pues debe quedar abierto y amerita el concurso de toda la sociedad, el alcance de las decisiones que se tomen afecta al conjunto de la población colombiana por lo tanto ésta no puede ser excluida dejando únicamente en las manos del legislativo el abocar su conocimiento y solución.


[1] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-221/94. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Exp. D-429. 
 
 
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Publicado por en abril 20, 2012 en Opinión Pública

 

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