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EL DERECHO AL DISENSO

23 Abr

EL DERECHO AL DISENSOUn derecho fundamental dentro de una democracia como la colombiana, es el que asiste al ciudadano para manifestar su inconformidad, su oposición frente al estado de cosas, a presentar sus propias propuestas y modelos de gobierno, derecho garantizado profusamente en la Constitución Política que rige el país[1].

Se atribuye a Voltaire la sentencia que compendia la democracia y las libertades inherentes a ella: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La aplicación cierta y permanente de este principio es la base de la convivencia en paz de los ciudadanos, cuando no es así, se pone en riesgo y se amenaza a la sociedad democrática y se allana el camino para la instauración de los totalitarismos excluyentes que secuestran la libertad.

Son numerosos los ejemplos históricos de las dictaduras de todos los pelambres que han sometido sociedades enteras y han ejercido, y ejercen, toda suerte de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; bajo el pomposo nombre de ‘revoluciones’ se somete la voluntad general al capricho del partido o el grupo de poder, se hacen nugatorios todos los derechos civiles atendiendo la premisa del ‘colectivo’, no la del bien común.

Colombia históricamente se ha librado de esas dolorosas experiencias; en sus 202 años de independencia, ha estado regida por los principios de la democracia liberal y salvo cortos períodos en el siglo XIX, no ha estado sometida al capricho de las dictaduras. A mediados del siglo XX, por voluntad popular se sucedieron dos gobiernos de corte militar, que dicho sea de paso, sirvieron para sentar las bases de la convivencia política, asediada por largos años de lucha fratricida alentada por los partidos liberal y conservador.

La segunda mitad del siglo XX, pese a los esfuerzos democráticos que incluso llevaron a cambiar la centenaria Constitución de 1886, atendiendo los intereses de todos los sectores sociales, políticos y económicos que erigieron la Constitución Política de 1991, considerada como la más avanzada del mundo en materia de consagración de derechos, libertades y garantías civiles, la izquierda fundamentalista ha sostenido la validez y la vigencia de la llamada combinación de las formas de lucha, armada y política, como mecanismo de imposición por la fuerza de la ideología marxista-leninista, rompiendo el paradigma del consenso como garantía del contrato social.

Imponer una ideología o un modelo de gobierno o de Estado por la fuerza del terror, desconoce que el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás; esa es la premisa de gobierno del unipartidismo, de la democracia comunista o del socialismo del siglo XXI o bolivarianismo como ahora se llama; basta con ver las condiciones de pobreza y de atraso que imperaron en las regiones colombianas donde el narcoterrorismo había sentado o mantiene sus bases.

Para el comunismo fundamentalista es imposible llegar a consensos sociales, la ideología colectivista debe ser impuesta mediante la lucha de clases, recurriendo a todos los medios posibles, para profundizar la crisis de la democracia de tal manera que el tejido social se desintegre y el caos y la anarquía sobrevivientes sean el camino para la imposición de la dictadura de un partido único en el país que dictamine cómo, cuándo y dónde deben vivir los ciudadanos. El Partido Comunista se convierte entonces en ‘un pastor de naturaleza superior a la de su rebaño’.

Colombia le ha dado acogida a todas las formas de pensamiento político existentes, prueba de ello son los triunfos electorales alcanzados por los exponentes del socialismo democrático, pero ha rechazado con fervor todo intento totalitarista, máxime cuando él se acompaña de la violencia y el terror como vehículo político. Esa es la gran frustración de los comunistas criollos pese a sus intentos por desestabilizar la nación para sostener la vigencia de la tesis de la ‘combinación de las formas de lucha’, retirada como principio escrito de sus estatutos, pero mantenida como tradición política hasta el día de hoy.

Para los colombianos, como en toda democracia real, es saludable la existencia de una oposición al régimen ya que se presenta como una alternativa de gobierno, pero rechazan toda expresión política acompañada de la violencia contra el pueblo soberano como mecanismo. Así ha quedado demostrado en el rechazo a la llamada ‘parapolítica’ y en las multitudinarias manifestaciones contra las organizaciones armadas ilegales.

En las regiones que fueron azotadas por el narcoterrorismo, ceder a la fuerza irracional de las narcoguerrillas, fue un acto de necesidad,  no de voluntad; cuando más, pudo ser de prudencia, de mera supervivencia. Hay que ver la alegría y el alivio de los pobladores de los municipios que habían permanecido sometidos al terror de esas organizaciones cuando la Fuerza Pública los recuperó para la integridad nacional, ellos recuperaron una libertad perdida por cerca de 40 años.

Así que es saludable cualquier manifestación política, aún siendo comunista, si ella no está acompañada de elementos de coacción, de violencia, de terror. Ese derecho al disenso no sólo está consagrado en la Constitución, sino que ha sido una tradición secular del pueblo colombiano y de las instituciones democráticas, hasta el punto que fue la causa de las confrontaciones de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; Colombia no es tierra para las imposiciones totalitarias.

Si la denominada Marcha Patriótica, que lidera entre otros la exsenadora Piedad Córdoba, marca su rechazo (no sólo en el discurso, sino en la práctica diaria), a los métodos violentos de las Farc y el fundamentalismo comunista, puede construir un futuro real como alternativa política, pero si mantienen ese soterrado vínculo con las narcoguerrillas desde ya están labrando su propio fin, su reducción a ser una minoría bulliciosa sin transcendencia en el país como ha ocurrido con el PCC, el MOIR y otros grupúsculos extremistas.


[1] CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Participación ciudadana, Participación comunitaria y Participación  democrática: Arts. 41, 49, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 139, 152, 311, 318, 342.

 

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Publicado por en abril 23, 2012 en Opinión Pública

 

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