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SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CABECILLAS DE LAS FARC

24 May

SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CABECILLAS DE LAS FARCEn el día de ayer en la ESG y ante los señores Oficiales que hacen su curso de ascenso a Coroneles y Generales de la República, el Presidente Santos señalaba que era un imposible pensar que Timochenko o cualquier otro cabecilla de las Farc, pudiera ser elegido para los cuerpos colegiados en el país en el desarrollo del llamado Marco para la Paz.

Las declaraciones del Presidente son respuesta a las críticas en amplios sectores del país a lo contemplado en el proyecto de Acto Legislativo que modifica el art. 122 de la Constitución Política, para introducir, como lo explicara el Senador Ponente Roy Barreras, una excepción a la prohibición de que personas condenadas por delitos graves (incluyendo el narcotráfico y los delitos de lesa humanidad) puedan ser elegidos, ser designados como servidores públicos o celebrar contratos con el Estado. Esta propuesta establece que el Congreso, por iniciativa del gobierno, puede votar para que no se aplique esta prohibición a los miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen en el marco de un futuro proceso de paz, “una vez cumplan con las sanciones a las que haya lugar”[1].

Señala el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, que en este sentido la reforma constitucional que cursa en el Congreso, lo que hace es recoger y adicionar lo contemplado en el artículo transitorio No. 12 de la Constitución del 91, sobre los mecanismos políticos y judiciales para la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del gobierno[2].

Anota el mismo autor, que se necesita una reforma constitucional para salirle al paso al Estatuto de Roma, que prohíbe beneficiar a autores de crímenes de lesa humanidad[3].

Así, que retomando el mismo título de la columna de Gómez Méndez, es necesario señalar hoy que la verdad es fundamental para entender el real propósito del acto legislativo a aplicar en un eventual proceso de paz con las Farc, el Eln y las Bacrim; estas últimas recogidas en el proyecto cuando se hace referencia a los delincuentes narcotraficantes.

Lo primero que entonces debe aclararse es cuáles serían los mecanismos para impedir que los miembros del llamado Secretariado de las Farc y los cabecillas de los distintos bloques y frentes de la organización criminal puedan recibir esos beneficios de la reforma constitucional. Eso no lo aclaro ayer el Presidente Santos, simplemente hizo una vehemente exposición de su querer personal sin tener en cuenta que la norma no establece casos específicos y que en aplicación de la Carta, debe regir el principio de igualdad frente a la ley que sin duda alguna sería invocado inmediatamente por estos delincuentes y sus apologistas.

No sirve de consuelo para el pueblo colombiano, para las miles de víctimas de las narcoguerrillas y las Bacrim, el saber que el proceso de justicia transicional que tiene lugar en Colombia sea único en el mundo que se prometa que el proceso será gradual, en que no habrá un momento transicional “sino varios momentos transicionales de cierre gradual de diversos capítulos de violencia”, cuando precisamente su mayor dificultad radica en que el conflicto persiste[4].

No puede equivocarse el Presidente y la sociedad colombiana pensando que la arremetida terrorista de los últimos días hace parte de la tradicional celebración de las Farc de su aniversario (27 de mayo de 1964), en ella subyacen otras motivaciones que buscan conseguir mayores cesiones del Estado antes de cualquier negociación, pues puede verse que, antes de dialogar, ya han alcanzado que la Constitución se reforme en su favor, de tal manera, y esa es su concepción, que incrementando la violencia pueden lograr mucho más ante un gobierno y un pueblo amedrentado.

Aún cuando el Presidente de hoy asegure que Timochenko y sus secuaces no van a llegar al Congreso y otras corporaciones, debe tenerse en cuenta que él es pasajero, es temporal en el poder y que tal como está concebida en la reforma constitucional, la justicia transicional es un campo pragmático que, respondiendo a cambios políticos trascendentales, combina medidas de distinto tipo para olvidar las atrocidades perpetradas en el pasado y para asistir a los gobiernos y a las sociedades en su tránsito a permitir en un futuro no muy lejano la impunidad a favor de quienes lideran las bandas criminales, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas.

La necesidad de acabar el conflicto por vía negociada es un anhelo que muchos podemos compartir, pero que la justicia transicional sirva para acabarlo es una equivocación conceptual que podemos pagar duramente.


[1] REED HURTADO, Michael. El nuevo marco jurídico para la paz: una propuesta inconveniente. Universidad de Los Andes. Congreso Visible. Octubre 6 de 2011. En: http://www.congresovisible.org/agora/post/el-nuevo-marco-juridico-para-la-paz-una-propuesta-inconveniente/2524/
[2] GOMEZ MÉNDEZ, Alfonso. La verdad es fundamental. El Tiempo. Opinión. Miércoles 23 de mayo de 2012. Pág. 19.
[3] Ibíd.
[4] REED HURTADO, Michael. El nuevo marco jurídico para la paz: una propuesta inconveniente. Ob.cit.
 
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1 comentario

Publicado por en mayo 24, 2012 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CABECILLAS DE LAS FARC

  1. colombiapresente

    mayo 24, 2012 at 7:24 pm

    El Presidente Santos debe dejar de mentirle al país, ya lo hizo al hacerse elegir con las banderas de la Política de Defensa y Seguridad Democrática para trocarla por una meliflua Seguridad para la Prosperidad que lo único que ha logrado es darle alas a las narcoguerrillas. No mienta más señor Presidente y díganos que lo que pretende es otro caguanazo con el que ha soñado el pastranismo y el liberalismo, sus escuderos de hoy.

     

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