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A MI SÁQUEME DE ESA GUERRA QUE NADA TENGO QUE VER

07 Jun

A MI SÁQUEME DE ESA GUERRA QUE NADA TENGO QUE VERAlgunas comunidades han hecho de la presunta neutralidad frente al conflicto declarado por las narcoguerrillas desde 1964 un principio, sin entender que el conflicto nos involucra a todos; los ataques no son solo contra unas Fuerzas Armadas, es contra todo un Estado: control de territorio, instalaciones e infraestructuras públicas, población civil. Eso de que yo no tengo nada qué ver, eso es contra los militares, lo que hace es debilitar la posición del Estado para negociar[1].

Y ese precisamente, es el objetivo de las narcoguerrillas a través de sus aparatos políticos, promover una supuesta neutralidad que ellas mismas son las primeras en violentar. Las llamadas ‘comunidades de paz’ tienen por objeto establecer espacios seguros para los terroristas, en tanto su establecimiento tiene como fin evitar la presencia de las Fuerzas Militares o de Policía en la zona, algo similar está ocurriendo con algunos resguardos indígenas utilizados por los terroristas después de la comisión de crímenes.

La población civil es parte del conflicto en tanto ha sido convertida en víctima por las organizaciones armadas ilegales y la neutralidad frente a ese conflicto no puede pretenderse se traduzca en ausencia del Estado y sus instituciones, especialmente de las militares y de policía en procura de su protección frente al accionar criminal.

Es deber del Estado, frente al derecho interno y el derecho internacional humanitario, procurar esa protección, de ahí que es impensable la ausencia de los organismos de seguridad para eliminar la amenaza y asegurar la convivencia de los pobladores. Cuando estas ‘comunidades de paz’ rechazan la presencia militar, es porque sus líderes están ocultando los verdaderos intereses que se mueven tras esas posiciones.

El moderno derecho de los conflictos armados se ha traducido en dos ramas: el derecho de La Haya o derecho de la guerra y el derecho de Ginebra o derecho humanitario propiamente dicho. El primero se dedica a la regulación de las hostilidades y limita la elección de los medios de combate. El segundo protege a la población civil no combatiente y a las víctimas de los conflictos armados internacionales e internos[2].

El derecho de La Haya o derecho de la guerra establece pautas sobre la conducción de hostilidades y limita la elección de los medios de combate con base en tres reglas esenciales: las hostilidades sólo pueden dirigirse contra combatientes y objetivos militares; se prohíben los medios de combate que causen sufrimientos o daños innecesarios; y se proscriben los procedimientos de lucha de carácter pérfido o deshonroso. En desarrollo de los tres principios, se prohíbe atacar localidades que no estén defendidas, el pillaje, utilizar contra las personas civiles el hambre como método de guerra y las armas y los medios que causen a las personas civiles daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista[3].

Por su parte, el derecho de Ginebra o el derecho internacional humanitario propiamente dicho procura el respeto de los derechos humanos mínimos o inderogables, en caso de conflicto armado. El derecho humanitario protege esencialmente a la población civil no combatiente, es decir, a todas las personas que no participan directamente en las hostilidades, asiste a las víctimas de los conflictos armados tanto en campaña como en el mar, y otorga respeto humanitario a todo combatiente que caiga en poder del enemigo. Tres son los principios que fundamentan esta legalidad: el de neutralidad (la asistencia humanitaria nunca es una injerencia en el conflicto), el de normalidad (las personas protegidas deben ver su cotidianidad, lo menos alterada posible), y el de protección (el Estado debe asumir la protección nacional e internacional de las personas que tenga en su poder). El derecho de Ginebra es de obligatoria aplicación por la mera ocurrencia del hecho hasta la finalización del conflicto, pues genera una obligación internacional de respeto y de observancia para las partes contendientes de un Estado signatario, siendo irrenunciable y no recíproco[4].

Frente a una amenaza armada, como la representada por las organizaciones narcoterroristas, es deber irrenunciable del Estado el garantizar la seguridad de los pobladores mediante los instrumentos de fuerza con que cuenta para contener y eliminar esa amenaza. A las organizaciones armadas ilegales no les conviene la presencia de la Fuerza Pública porque se les impide la comisión de los actos delictivos que procuran.

De ahí que su primer objetivo sea entonces la amenaza y el terror contra la población civil para alcanzar el retiro de la Fuerza Pública y despejar su campo de acción criminal.

Sirva como ejemplo nacional lo que ocurre en las regiones y territorios donde la población, por el contrario, ha exigido la presencia de la Fuerza Pública, la paz, el desarrollo y la convivencia se han consolidado. A cambio en aquellas regiones donde se mantiene el criterio de las comunidades de paz, sur de Colombia y el Urabá antioqueño, los criminales terroristas hacen de las suyas porque tienen buen recaudo al refugiarse en dichas zonas.

 


[1] RUIZ, Luis Ernesto. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Vanguardia Liberal, Opinión. Bucaramanga, 6 de junio de 2012. En: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.vanguardia.com
[2] VALENCIA VILLA, Alejandro. La protección del derecho de los conflictos armados a propósito de la guerra del Golfo Pérsico. En: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/78/view.php
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.

 

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Publicado por en junio 7, 2012 en Opinión Pública

 

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