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FARC UTILIZAN INDÍGENAS COMO ESCUDOS HUMANOS

12 Jun

FARC UTILIZAN INDÍGENAS COMO ESCUDOS HUMANOSLa detención de 39 auxiliadores de las Farc en los departamentos de Cauca y Arauca, pone una vez más en evidencia la utilización por parte de los terroristas de pobladores indígenas y afrodescendientes para la comisión de sus crímenes contra el pueblo colombiano. Entre los detenidos se encuentran Félix Manuel Banguero, conocido líder afrodescendiente de Guachené, lo mismo que los dirigentes indígenas Sergio y Rafael Ulcué, de Caloto, denunciados por las mismas comunidades como colaboradores del frente 6 de la banda criminal.

La operación conjunta de Ejército, Policía y Fiscalía General, que dio lugar a las capturas se derivó de una investigación de índole nacional contra redes conjuntas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad de Arauca, la capital homónima de Arauca y sus localidades de Arauquita y Saravena, al igual que la de Cubará, en la región vecina de Boyacá y los aprehendidos deberán responder por cargos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y secuestro.

De tiempo atrás se ha evidenciado como las Farc manosean las comunidades indígenas y afrodescendientes utilizándolas como escudos humanos. No sólo para sembrar cultivos de coca y marihuana, sino cada vez con mayor intensidad para ser milicianos, para que los ayuden en obstaculizar las operaciones militares, pero en el momento en que también necesita golpearlos y asesinarlos lo hacen sin ningún miramiento. Mediante el terror han logrado que las organizaciones representativas de estas comunidades sirvan a sus intereses, amedrentados sus representantes repiten el discurso fariano que culpa a la Fuerza Pública de las situaciones de violencia que los terroristas crean.

Hay casos específicos denunciados por las mismas comunidades cansadas del abuso de las narcoguerrillas, tal es el ejemplo de Alias ‘Chaverra’, jefe del frente 34 de las Farc, quien ordenó a sus hombres utilizar como escudo a las comunidades indígenas del Atrato y el Bajo Baudo, en Chocó, para evadir la acción de las autoridades. Con la instrucción dada a sus hombres, aumentaron las denuncias por maltrato y abuso sexual en los resguardos. Un subalterno del jefe guerrillero, alias ‘Neneco’, fue capturado después de agredir sexualmente a una mujer indígena embarazada, pero su situación jurídica se desconoce.

La misma situación de abuso de las comunidades indígenas se presenta en el Departamento del Meta, considerado por las organizaciones armadas ilegales en convivencia con las Bacrim, como corredor estratégico de armas y enclaves de cultivos y tráfico de drogas. La región del Ariari –Guayabero (El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vista Hermosa) se considera la retaguardia estratégica de las Farc y sus municipios presentan el mayor índice de riesgo humanitario por la labor de las milicias farianas y los narcotraficantes.

La utilización de estas comunidades por parte de los narcoterroristas está más que documentada. Violando claros preceptos normativos internacionales, las Farc dirigen ahora su ofensiva contra los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, no solo en el Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá colombianos, sino que pretenden extenderse a estas comunidades en todo el país.

La llamada acción ‘político-militar’ de las Farc, es coordinada por los terroristas “Francisco González (‘Pacho Chino’), Miguel Pascuas (‘Sargento Pascuas’), Carlos Patiño (‘Caliche’) y ‘Matías’, en comisión, queden encargados de reunirse con la Acin y el Cric, en comunicación directa con el Secretariado (…) En Nariño, los camaradas comisionados son ‘Aldemar’, ‘Gustavo’ y ‘Villano’ para que conversen a fondo“, dice un mensaje enviado por ‘Cano’ y ‘Pablo Catatumbo’ en el 2009 y que fue hallado en los PC del ‘Mono Jojoy’, prueba que sobrevive a la intención jurídica de la CSJ de invalidar el material encontrado en los campamentos terroristas.

A finales del 2010, en la operación del 26 de noviembre contra alias ‘Seplín’, las autoridades hallaron instrucciones dirigidas a “darles contenido popular a las organizaciones y luchas indígenas”, así como a crear cabildos y a establecer una organización para “que integre a diferentes cabildos del Cauca”.

En otro archivo, correspondiente a los dispositivos electrónicos incautados en la operación contra alias ‘Mayerly’, el 11 de julio del 2010, se reportan encuentros con miembros de cuatro asociaciones indígenas de Tolima, Putumayo, Caquetá y Huila. Así mismo están documentadas las amenazas de la banda criminal contra las comunidades, como lo prueba un correo del abatido ‘Jerónimo Galeano’, uno de los jefes de las Farc en Valle y Tolima; en una carta al cabildo indígena Páez de Gaitania (Tolima), se queja por una supuesta infiltración de informantes del Ejército entre la comunidad. “Estaban haciendo inteligencia para el régimen y son responsables del bombardeo ocurrido a fines del 2009“.

En el oriente del país, alias ‘Rafael Gutiérrez’, jefe del frente 45, le reportó al bloque Oriental de las Farc supuestos encuentros con indígenas uwás, en Arauca y Boyacá. En un correo encontrado en los computadores de ‘Jojoy’ también habló de “cuatro reuniones masivas en los resguardos de Bachira y Sinsiga”, en Norte de Santander. En un correo del 2007, ‘Raúl Reyes’ le reportó a ‘Ingrid’, de la Comisión Internacional de las Farc en Argentina, sobre “comandantes guerrilleros indígenas que hablan con las comunidades sus dialectos” y que están sirviendo como cabeza de playa para la infiltración y reclutamiento de menores en esas comunidades

No hay duda que mientras organismos como la ONIC sigan permitiendo la presión de los narcoterroristas y no denuncien esas conductas criminales, seguirán poniendo en grave riesgo humanitario a sus propias comunidades. La legislación indígena no excluye a estos dirigentes de cumplir con los deberes que para todos los colombianos señala la Constitución y ponerse de parte de los violentos, así sea por temor, no les garantiza el reconocimiento de sus derechos por parte de quienes han convertido el crimen narcoterrorista en su modo de vida.

 

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Publicado por en junio 12, 2012 en Opinión Pública

 

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