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ACCIÓN PÚBLICA PARA RECLAMAR LA PAZ

15 Jun

ACCIÓN PÚBLICA PARA RECLAMAR LA PAZUn grupo de ONGs radicó ante la Corte Constitucional una acción pública para reclamar su derecho a ser interlocutores directos con las organizaciones armadas ilegales; Feliciano Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, organización participante de esta iniciativa afirmó que “con esta Acción Pública buscamos propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados al margen de la ley para exigirles respeto por la población civil y sus bienes”.

Para las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas es esencial el destierro de toda práctica de violencia sexual, en particular contra mujeres y niñas; además el cese del reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, el no desplazamiento forzado de la población civil, entre otros temas puntuales que afectan considerablemente la vida y el desarrollo de la sociedad.

Según Ronald Romaña, representante de las comunidades afrodescendientes, es de vital importancia plantear escenarios de diálogos y acuerdos humanitarios para proteger sus territorios de la ascendente militarización, especialmente de grupos al margen de la ley, dado que el reclutamiento forzado de los jóvenes para la guerra se incrementa cada vez más.

De acuerdo con Marina Gallego Zapata, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, “la guerra no puede ser un orgullo nacional. No podemos perpetuar la cadena de odio y venganza sin dar solución a los problemas estructurales como la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Se gasta más presupuesto en guerra que en salud y educación. Por ello, reconocemos con esta Acción Pública, iniciativa de la Sociedad Civil, que la llave de la paz también es nuestra”.

Es un hecho que esta iniciativa busca eliminar la decisión del Ejecutivo de ser el único vocero de la sociedad colombiana en eventuales diálogos o negociaciones con las organizaciones armadas ilegales, algo pretendido de tiempo atrás por el Polo Democrático y ahora exigido por la llamada Marcha Patriótica, amparándose en lo dispuesto en la Ley 1421 de 2010, cuyo artículo 3º señala que: Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

— Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley;

— Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos, o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.

Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes.

Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.

Sin embargo las ONGs como los movimientos políticos de izquierda, buscan que se elimine la autorización previa del gobierno nacional a estos grupos para adelantar diálogos con voceros de las organizaciones armadas ilegales, lo que indudablemente generaría caos y anarquía, amén de dificultar la acción militar del Estado contra las bandas criminales Farc y Eln, pues bastaría con que cualquier ONG dijera que está en diálogos con la estructura delincuencial para que los operativos tuvieran que ser detenidos, lo que sería grave en regiones como el suroccidente colombiano, la Orinoquía y el Urabá antioqueño, donde hay organizaciones de bolsillo de los grupos narcoterroristas, que se autodenominan defensoras de derechos humanos.

El ideal que mueve a estas ONGs puede ser y es muy humanitario, pero dada la naturaleza del conflicto armado colombiano sería altamente inconveniente que estos temas quedarán aislados de la estrategia nacional de seguridad y que cualquier ciudadano o cualquier organización tuviere el manejo parcial o regional de eventuales diálogos o negociaciones, lo que representaría una posición ventajosa para las organizaciones narcoterroristas.

Colombia conoce muy bien el resultado de la interferencia de estas ONGs en materia de seguridad nacional; presionados por las organizaciones narcoterroristas estas ONG se convierten en sus voceras, tergiversando las realidades para mostrar al Estado y sus FF.MM como agresoras y a los narcoterroristas como víctimas del Estado.

Nada más desestabilizador para la nación que permitir esta interferencia caótica, lo que sumado a la prematurez del llamado marco para la paz, simplemente dejaría sin piso de legitimidad al Estado frente a las organizaciones narcotraficantes y terroristas como las Farc, Eln y sus socias las Bacrim.

 

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2 comentarios

Publicado por en junio 15, 2012 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “ACCIÓN PÚBLICA PARA RECLAMAR LA PAZ

  1. ROSITA WELCKER

    junio 18, 2012 at 12:24 pm

    y porque nosotros los que estamos en contra de la ley marco para la paz tambien no estamos hartos de que la izquierda y demas actuen como se las gana a ellos, por eso abajo la ley y la demandamos no mas tolerancia

     
  2. Luis Jorge Pulido

    junio 20, 2012 at 2:21 am

    Existira en Colombia todavia algun majadero que le coma cuento a las ONG??? Por desgracia SI. Todo ese ejercito de MAMERTOS que en el gobierno de JMS parecieran multiplicarsen como cucarachas.

     

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