Cada vez que el Estado y la sociedad colombiana abren un portal a la esperanza del diálogo y la negociación política como solución definitiva al conflicto armado que por 50 años ha vivido al país, las narcoguerrillas desatan una demencial oleada terrorista alimentada por el mito de que buscan establecer posiciones favorables en un eventual proceso con el Estado.
Es un mito, porque en sana lógica, las posiciones de fuerza para presionar la aceptación de condiciones en los procesos de paz no las imponen los derrotados por las armas sino quienes salen victoriosos en las confrontaciones y es un hecho que ni las Farc, ni el Eln, han alcanzado alguna victoria militar que les permita imponer condiciones para negociar; solamente sus apologistas pueden vislumbrar alguna esperanza de posicionamiento político interno y externo para presionar al Estado y lograr normas laxas y favorables para que sus prohijados asuman la derrota militar como victoria política.
Por el contrario, la lógica político-militar demuestra que las acciones terroristas indiscriminadas restan cualquier apoyo que pudieren tener las fuerzas vencidas en un proceso de paz, concitan no solo el repudio sino que alimentan sentimientos de vindicta colectiva contra sus autores.
Ahora bien, las Farc especialmente, enfrentan un grave problema para sostener su guerra contra el Estado, no sólo en materia de logística y de incapacidad militar para recuperar el terreno perdido en 10 años de vigencia de la seguridad democrática, sino que ahora sostener las estructuras criminales que le quedan demanda más gastos que los ingresos que por narcotráfico, secuestro y extorsiones, están percibiendo; eso explica la desmoralización de varias estructuras que se han desintegrado por carencia absoluta de recursos para mantenerse.
Una gran parte de los integrantes de estas estructuras criminales de las Farc no están allí por una convicción política que sustente el proyecto armado, hoy puede hablarse de mercenarios que conforman sus filas a cambio de prebendas económicas, no siendo elemento de discusión válido el sustentar esa tesis con el argumento de la carencia de oportunidades laborales en la legitimidad.
Los más, son personas secuestradas, especialmente niños, niñas y adolescentes, convertidos en instrumentos de guerra bajo la amenaza de fusilamiento, como acaba de verificarse con el caso de una madre que reconoce a su hija desaparecida, en un documental de René Langlois. Estas personas no tienen la voluntad de lucha que puede tener un terrorista convencido, lo hacen por mero instinto de supervivencia. Los cabecillas de las estructuras criminales no dudan en asesinarlos si los consideran no aptos o poco confiables en el combate.
Es un hecho, históricamente comprobado en el país, que renunciar a la acción legitima del Estado aumenta las víctimas. Si se parte del supuesto de que el objetivo de la guerrilla es tomarse el poder, o obtener tanto poder como pueda para buscar, años más adelante, una negociación más favorable, la renuencia del Estado a usar las armas contra ella y el desarrollo de procesos de negociaciones sin un gran cuidado por sus consecuencias militares puede conducir a reforzar la guerrilla, a permitirle actual más libremente, a consolidar sus armamentos, a reforzar su control de determinadas regiones[1].
El appeasement (Política de apaciguamiento, del término inglés: policy of appeasement, es el nombre con el que históricamente se ha conocido la política conciliadora llevada a cabo por Neville Chamberlain como Primer Ministro del Reino Unido, antes de la Segunda Guerra Mundial), solo es lógicamente argumentable cuando se supone que el otro no va a seguir escalando las acciones ni las demandas. Si se supone que la guerrilla va a seguir secuestrando, extorsionando, reforzando el armamento, la negociación no debe optar entre estrategias belicistas y pacifistas: debe ser abierta y combinar voluntad de negociación y firmeza, buscando obtener las mayores ventajas para la sociedad[2].
Se hace imperativo entonces entender que las narcoguerrillas incrementan su agresión terrorista como respuesta a la sensación de derrota militar que experimentan y que ceder en esta fase de la confrontación para dar paso al appeasement es un suicidio del Estado, de tal manera que en la medida que se avanza en el establecimiento de un marco legal para eventuales diálogos y negociaciones, es necesario reforzar e incrementar las acciones militares para reducir la capacidad del enemigo e imponer la primacía del Estado social de derecho sobre cualquier intención de ruptura de los principios democráticos y de las instituciones sobre las que éste se sustenta.
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