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TEMORES INFUNDADOS O DESORIENTACIÓN PERVERSA

20 Jun

TEMORES INFUNDADOS O DESORIENTACIÓN PERVERSAA raíz de las expresiones de duda frente al llamado marco para la paz, expresadas por las organizaciones de militares de la reserva activa, los apologistas de las narcoguerrillas y toda suerte de analistas y comentaristas se han dado a la tarea de desinformar a la opinión pública, señalando que los militares se oponen al mismo porque perderían privilegios.

Nada más lejano a la realidad, en torno al conflicto los militares no gozan de ninguna prestación que pueda considerarse un privilegio y si lo hubiere, sería el mínimo reconocimiento de la sociedad al sacrificio que incluye la puesta en riesgo de la misma vida y la integridad, que hace el soldado o el policía para garantizarle a los colombianos la vigencia de sus derechos fundamentales y la convivencia como máxima expresión de la vida social.

Un irredento apologista de las narcoguerrillas como Alfredo Molano Bravo, ex asesor de paz de Samper Pizano, es la cabeza de puente de esta arremetida propagandística en contra de las FF.MM., y no desaprovecha espacios para repetir la cantinela de que lo más difícil para el Presidente será “negociar con los militares la terminación del conflicto armado, un asunto que nunca les ha convenido y al que se han opuesto con pies y manos”[1].

A estos individuos no los roza siquiera la vergüenza para torcer la realidad y convertir en verdad una falacia. Los militares en Colombia no han sido jamás parte de las negociaciones de ningún proceso con las narcoguerrillas, ni deben serlo, porque desde 1886 existe la prohibición constitucional de la deliberación en el seno de las FF.MM y en sus relaciones con el Estado y la sociedad (Art. 219 de la Constitución de 1991). Los militares, por tradición histórica, se han limitado a cumplir las órdenes, directrices y políticas emanadas del Estado y de la sociedad civil.

Como parte de su función, la defensa de la independencia nacional y las instituciones públicas (art. 216 ibídem), han hecho conocer de manera respetuosa a los gobiernos sus apreciaciones sobre los riesgos que para la seguridad nacional pueden representar algunas decisiones políticas con respecto al orden público interno; los diferentes gobiernos, en su sabiduría, han aceptado o no las sugerencias y recomendaciones, incluso han tomado decisiones de separación de los militares del servicio activo cuando a su juicio político consideraron que esas sugerencias desbordaban el ámbito militar, así ha sido de manera ininterrumpida desde 1964 hasta el día de hoy y la institución militar jamás se ha rebelado pública o privadamente contra las decisiones políticas de los gobiernos.

No es un secreto que el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) no fue impuesto por las FF.MM como decisión nacida de su seno, lo fue por iniciativa y acción de la clase política liberal-conservadora inconforme con el gobierno entonces vigente; la Junta Militar que lo sucedió (1957-1958), se estableció como respuesta al clamor político y popular frente a los excesos y ambiciones de Rojas Pinilla, proclamado tiempo después como líder popular.

Salvo este breve período, las FF.MMcolombianas han sido ejemplo continental y mundial de respeto a la institucionalidad democrática, aún cuando ello ha significado renuncia a privilegios como combatientes, a discriminación en materia salarial y prestacional frente a los demás servidores públicos, en materia de seguridad social para las familias y los soldados y policías que han resultado afectados por el conflicto (muertos y heridos) y otros factores resultantes del privilegio a las decisiones políticas por sobre las necesidades nacionales.

El problema con la clase política colombiana, la de viejo y nuevo cuño, es que jamás han enfrentado su responsabilidad histórica real frente a las diferentes etapas de la violencia en Colombia. Generan la guerra civil como lo hicieron los partidos liberal y conservador en la primera mitad del siglo XX, o la continúan como hizo el partido comunista y la izquierda en diferentes escenarios, incluido el surgimiento del proyecto político militar representado por las Farc y Eln, en la segunda mitad del mismo siglo amparándose en la tesis de la ‘combinación de las formas de lucha’.

Es más fácil redirigir la culpa hacia los militares y policías, ellos son los que representan el medio disuasivo que debe hacer valer las decisiones que toman los políticos, aún cuando no las compartan. Si se atendiera o se interpretara el mandato del art. 217 de la Carta, serían las FF.MM las que en primera instancia deberían responder ante cualquier intento político de reformar la Constitución a su favor, como acaba de hacerlo la clase política con la reforma a la justicia, en tanto son las guardianas del orden constitucional.

Ahora bien, cuáles son los privilegios que los militares defienden con pies y manos, como dice Molano Bravo[2], para oponerse a la paz; el fuero militar, es decir la existencia de un proceso y un juez natural que en desarrollo del debido proceso consagra el art. 221 de la Constitución se consagra para los militares, no sólo ha sido desvertebrado por ilícitos acuerdos interinstitucionales (Ospina-Iguarán), sino en dudosas interpretaciones jurisprudenciales basadas en un utópico reconocimiento de la legislación civilista de países sin conflictos al seno del país con el conflicto más largo del mundo.

La propuesta del restablecimiento del fuero militar ha sido precariamente acompañada por el actual gobierno, más interesado en la aplicación del garantismo legal para los narcoterroristas a través de la llamada justicia transicional, no aplicable para los militares. ¿Queda alguna duda de la orientación del marco para la paz?

Tampoco son privilegias salariales o prestacionales. Las FF.MM están sujetas a las mismas previsiones salariales de todos los servidores públicos y generalmente con bastante tardanza y mayor desvalorización del ingreso (los últimos de la fila); frente a las prestaciones las del militar son las mismas que se reconocen a los maestros, sin reconocimiento del grado de exposición al riesgo que la profesión representa.

¿Cuáles serán entonces los intereses o privilegios que el soldado defiende a pies y manos frente a un eventual proceso de paz? Sería el primero en apoyarlo si fuera claro y transparente, si la amenaza de no ser convertido en victimario no estuviere connatural a las propuestas que el marco de la paz viene estableciendo para establecer la justicia transicional como fundamento primordial. Ese es el temor, no el miedo, a un eventual proceso desarrollado de espaldas al pueblo y a favor de la clase política que no asume ninguna responsabilidad.


[1] EL ESPECTADOR. Expertos en paz analizan iniciativa aprobada por el Congreso. Miércoles, 20 de junio de 2012. En: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elespectador.com
[2] Ibíd.
 
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1 comentario

Publicado por en junio 20, 2012 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “TEMORES INFUNDADOS O DESORIENTACIÓN PERVERSA

  1. ROSITA WELCKER

    junio 23, 2012 at 7:24 pm

    LAS NARCOGUERRILLAS APOYADAS POR LOS COMUNISTAS IZQUIERDISTAS MALINTENCIONADOS QUIENES BUSCAN EN RIO REVUELTO SUS INTERESES TODAS ESAS ONGS HOY VEMOS QUE LA LEY MARCO PARA LA PAZ HASTA HUMAN RIGHTS WATCH ESTA EN CONTRA DE ELLA COMO VE SU OJO ANALISTA DE VIVANCO LA CLASE POLITICA COLOMBIANA ES VERDADERO ASCO REPUGNA HOY EN COLOMBIA LA GENTE NO TIENE OJOS Y ESTA CIEGA SORDA Y MUDA CUANDO MENOS PIENSEN ESTAMOS CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE COLOMBIA QUE ES LA DICTADURA IM[PUESTA POR LOS COMUNISTAS GRACIAS A DIOS NO VIVO EN COLOMBIA HOY PERO TENGO MI HIJO Y NIETOS ALLA ESO ME DA PENA Y DOLOR DE PATRIA, QUISIERA SER UN HEROE PARA LUCHAR CONTRA ESA PLAGA MALEVOLA QUE HAY EN LA COLOMBIA DE SANTOS POR FORTUNA NO VOTE POR EL PORQUE HOY ESTUVIERA LLORANDO DE PENA, ESPERO QUE EL DESGRACIADO DE CHAVEZ MUERA PRONTO Y SE VAYA AL MISMO INFIERNO CON TODO Y ZAPATOS.

     

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