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2.000 MILITARES SE ACOGERAN A SENTENCIA ANTICIPADA

26 Jun

2.000 MILITARES SE ACOGERAN A SENTENCIA ANTICIPADALa información dada a conocer hoy por el diario El Tiempo y otros medios no deja de ser preocupante, en tanto y sin haberse probado responsabilidad penal de los militares detenidos con respecto a homicidios en persona protegida, delito que se les imputa en concurso con el de concierto para delinquir, estos, por recomendación del senador Roy Barreras, estarían aceptándola y acogiéndose a sentencia anticipada[1].

Es entendible la angustia que acompaña a los militares procesados, muchos de los cuáles ya llevan más de un quinquenio detenidos sin que se les resuelva su situación jurídica, como es el caso del señor Coronel Hernán Mejía investigado por presunta relación con paramilitares.

La situación de estos soldados es la demostración palmaria de la falta absoluta de garantías procesales para quienes tienen la difícil tarea de defender con las armas a la república; cualquier acusación sin pruebas y fundamentos reales prospera por sobre los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia y la aplicación del in dubio pro reo. Un militar es el único ciudadano que en el país puede permanecer privado de la libertad por más de cinco años sin haber sido sujeto de sentencia judicial.

Sólo el 16% de los militares hoy detenidos ha sido vencido en juicio y condenado y según cifras oficiales, hay cerca de 5.000 militares investigados por presuntas conductas punibles relacionadas con el conflicto armado interno[2]. Número que seguramente aumentará con denuncias como la que promueve el representante Iván Cepeda Castro del PDA por la muerte de cabecillas narcoterroristas de las Farc pertenecientes a una misma familia.

Para este congresista el 98.5% de las denuncias contra militares deben terminar en condenas, aún cuando las presuntas víctimas hayan pertenecido a organizaciones armadas ilegales como combatientes armados. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, sólo 665 han pasado a etapa de investigación, y 72 han llegado a juicio. Del mismo modo en procesos disciplinarios contra miembros del Ejército Nacional, se encontró que de 1.150 expedientes, 458 han pasado a investigación formal, en 57 se han imputado cargos, y solo en 13 la justicia ha proferido fallo[3].

Esto sí debería ser motivo de preocupación para el Ejecutivo y el Legislativo, la avalancha de denuncias contra los militares se ha desbordado con las normas relacionadas con el conflicto interno y todo mundo es presentado como víctima de la acción de la Fuerza Pública en supuesto maridaje con organizaciones armadas ilegales, incluso los mismos terroristas de las Farc y el Eln ahora pasarán a ser víctimas como se desprende de las acciones que viene desarrollando el PDA y la llamada Marcha Patriótica, organizaciones políticas lideradas por el Partido Comunista Colombiano.

Frente a esa agresión jurídico-política, de la que hacen parte fiscales y jueces militantes del PC3, la institucionalidad militar no tiene ningún mecanismo de defensa porque el art. 221 de la Constitución Política ha sido derogado por las vías de hecho; es de esperarse que la llamada reforma a la justicia penal militar y la definición del fuero militar sea ahora amarrada al escándalo de la reforma judicial que el gobierno impulsó y ahora veta.

Es diciente que sea precisamente Roy Barreras, el vocero congresional oficioso del presidente, quien tenga la tarea de convencer a los militares procesados de acogerse a la perversa sentencia anticipada como un mecanismo para coadyuvar al marco de la paz, anunciando una presunta ‘tercera puerta’ amarrada a dicho proceso, que en lenguaje llano equivale a una propuesta gubernamental de un posible indulto y amnistía dudosos para los militares que resultaren condenados por procesos relacionados con el conflicto.

Es doloroso que quienes han dado todo por defender las instituciones democráticas hoy tengan que agachar la cabeza y llegar a la conclusión de que “preferimos admitir que somos culpables y recibir el beneficio, y no pagar una condena de 50 años siendo inocentes”[4] y que sea el mismo gobierno el que patrocine esta situación en lugar de procurar la debida defensa de los servidores públicos.

Para los ingenuos que aún creen que el ataque contra la institución militar no hace parte de un plan internacional contra la democracia, el Foro de Sao Paulo, bastaría con que revisen los procesos surtidos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y otros países de A.L., donde los ejércitos han sido convertidos en meros instrumentos de políticas de partidos vinculados al llamado socialismo del siglo XXI[5].

Las hasta hace 2 años victoriosas FF.MM de Colombia hoy deben afrontar el reto de la defensa de la democracia con el temor de la judicialización y condena por los resultados de combatir las organizaciones narco-terroristas, cumpliéndose desafortunadamente la sentencia de que el enemigo es quien mejor aprovecha las ventajas que ofrece el sistema democrático para destruirlo desde adentro. 15 años de infiltración comunista a todos los estamentos nacionales están dando frutos de manera acelerada ante la pasiva mirada de quienes desde la arena política deberían defenderlos e incluso con su concurso.

Cabe entonces repetirse la pregunta que hace el señor General (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro), sobre si estamos llegando al punto en que “Los militares no están combatiendo. Como está hoy este país y con las garantías que les está dando a sus soldados, pues no vale la pena defenderlo”; afirmación que aunque no sea compartida en su totalidad, pues a la vista están los resultados de las operaciones militares contra los narcoterroristas, si no deja de ser preocupante frente a la realidad de que la ofensiva jurídico-política puede estar desmantelando al Ejército.

Según la información periodística, de los 308 Mayores que hoy están haciendo curso de ascenso para Teniente Coronel, 160 están siendo investigados por hechos que ocurrieron cuando eran Subtenientes y Tenientes, y que podría dejar a la institución sin oficiales para cargos vitales el próximo año. Así mismo, de los 9 Coroneles que están haciendo curso de ascenso a General, tres tienen investigación, y actualmente hay 16 Generales, entre activos y retirados, vinculados a procesos.

El reto para el gobierno y el Congreso entonces es el de establecer la normatividad legal necesaria para darle garantías jurídicas, en cumplimiento del art. 221 de la Carta, a los miembros de la institución militar y no el de contribuir con deshonrosas propuestas de salidas como las de la “tercera puerta”, que es la puerta trasera de la institucionalidad para resolver la situación de los narcoterroristas y delincuentes que se beneficiarán política y jurídicamente con el llamado marco de la paz.

 

 


[1] EL TIEMPO. Dos mil militares piensan acogerse a sentencia anticipada. Lunes 25 de junio de 2012. Pág. 3.
[2] Ibíd.
[3] RADIO SANTA FE. Casi la totalidad de los falsos positivos quedan impunes: Iván Cepeda. Abril 27 de 2012. 15:57 p.m.
[4] EL TIEMPO. Ob.cit.
[5] UNO AMÉRICA. El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. 19 de septiembre de 2009. En: http://unoamerica.org/unoPAG/libros.php?id=11
 
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Publicado por en junio 26, 2012 en Opinión Pública

 

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