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JUGANDO CON LA HISTERIA COLECTIVA

26 Jun

JUGANDO CON LA HISTERIA COLECTIVAEl Polo Democrático, la Marcha Patriótica y los demás movimientos y organizaciones dirigidos por el Partido Comunista Colombiano, aprovechándose de la idiotez de algunas ONG y la ignorancia colectiva, han encontrado una excusa para exacerbar sus permanentes y sistemáticos ataques contra el Estado colombiano.

De manera oportunista han asaltado la natural indignación social por el bodrio que significó la reforma a la justicia que quiso imponerse mediante acto legislativo y que se convirtió en el más rampante ejemplo de clientelismo, politiquería y abuso del poder.

Ahora el PDA y los demás organismos de izquierda pretenden liderar un referendo para hundir la reforma; a él se han sumado, de la misma manera oportunista, órganos como ASONAL JUDICIAL que dice rechazar el acto legislativo que beneficiaba como a ninguno precisamente a los altos miembros del poder judicial, que callaron sus voces críticas al proceso congresional en tanto obtuvieron beneficios particulares, garantizar su permanencia como Magistrados por 4 años más al período fijado en la Constitución del 91 y blindarse frente a los procesos penales, disciplinarios o fiscales que pudieran iniciarse contra ellos.

No hay que olvidar que hay procesos disciplinarios y fiscales por cuenta del carrusel de las pensiones en la rama judicial. El afán de los magistrados que hicieron lobby era quitarle facultades a la Procuraduría y la Contraloría para investigarlos y sancionarlos si encontraba responsabilidad de los funcionarios.

No se trata de justificar la actitud mañosa de los 12 conciliadores del Congreso que introdujeron los llamados ‘micos’ al acto legislativo, pero si hay que señalar que ellos comparten con los demás congresistas (excepto 26 que votaron en contra) la paternidad de la reforma, como la comparte también el presidente de la república y sus ministros del interior y de la justicia y el derecho, los asesores del Ejecutivo y los funcionarios del poder judicial que callaron la existencia de las intenciones perversas con respecto a las gabelas y el incremento del alcance de ciertos aforados; hoy hay que decir que afortunadamente lo relacionado al fuero militar fue retirado oportunamente del proyecto, o sino los militares estarían expuestos en la misma bandeja en que hoy se expone a los congresistas.

La bancada del Polo también lleva culpa, pues no bastaba con retirarse del recinto de la Cámara o del Senado cuando se debatía el contenido del acto legislativo, para ahora aparecerse reclamando su oposición al mismo; lo mismo han hecho cuando el Congreso debate las prerrogativas económicas y pensionales de los parlamentarios, los senadores y representantes del Polo se retiran del recinto pero aceptan gustosos ser incluidos como beneficiarios de las normas resultantes, ni uno sólo ha renunciado a ellas como muestra de probidad (dirán que no son zarraspatrosos).

Lo grave de la situación y que convierte en jugosa oportunidad el debate propiciado por la izquierda con su convocatoria a un referendo, recogiendo firmas de ciudadanos que no conocen el contenido de lo atacado, sino que se dejan llevar por ese repudio casi compulsivo y patológico contra la clase política (a la que nunca renuncian); es que las actuaciones de los poderes públicos en torno a la reforma a la justicia han generado, como se anotó en columna anterior, un problema de inseguridad constitucional y jurídica en torno al qué hacer ahora frente a lo aprobado por el Congreso y objetado por el gobierno.

En efecto, no se ha definido si el Presidente puede objetar un acto legislativo porque no hay norma positiva que así lo contemple, sino que debe remitirse por analogía al reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), como señalan los defensores de la tesis nacida en la Casa de Nariño para sustentar la tardía y fariseica posición de Juan Manuel Santos. Por mucho menos destituyeron al presidente del Paraguay.

Esta situación genera otra incertidumbre y es sobre la vigencia del acto legislativo, pues al no ser publicado por el Diario Oficial, que depende directamente de la Presidencia, no tendría aplicación, salvo que el Presidente del Senado ordene su publicación y por consiguiente su entrada en vigencia, para que se cumpla lo señalado en el inciso segundo del art. 379 de la Carta, esto es que la acción pública contra un acto legislativo sólo procede dentro del año siguiente a su promulgación, lo que deja sin piso la propuesta del referendo que se quiere convocar.

Ahora bien, el art. 241 de la Constitución otorga facultades a la Corte Constitucional para salvaguardar la integridad y la supremacía de la norma superior, de esa manera es la llamada a decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, pero sólo por vicios de procedimiento en su formación, aún cuando por vía jurisprudencial contemple también vicios de competencia para el pronunciamiento de la Corte[1].

En efecto, frente a los actos legislativos la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que a pesar de que el Titulo XIII de la Carta no menciona específicamente el informe de ponencia, es indudable que una irregularidad en la presentación o aprobación de dicho informe, ya sea en las comisiones, o ya sea en las plenarias, puede constituir un vicio de procedimiento en la formación de un acto legislativo, que puede ocasionar su inexequibilidad, no sólo porque expresamente la Carta y el Reglamento del Congreso prevén que todo acto legislativo tenga su respectivo informe de ponencia (CP art. 160, y Ley 5ª de 1992 arts. 156 y ss. y 174 y ss.), sino además por cuanto la aprobación de dicho informe representa un paso necesario en la formación de la voluntad democrática de las cámaras[2].

Habría que ver entonces como se dilucida la situación fáctica y jurídica que se presenta, en tanto el acto legislativo, con el aval del Ejecutivo y el Judicial, cumplió con el requisito de los 8 debates en dos períodos constitucionales y fue aprobado por la mayoría de los congresistas, sólo 26 de ellos votaron en contra. De pronto podría decirse que el error o vicio de procedimiento fue el cambio intempestivo de la Comisión Conciliadora que debía unificar los textos aprobados previamente en Cámara y Senado, pero sería un argumento deleznable a la luz de la misma Ley 5ª de 1992.

Aquí es donde el Ejecutivo contribuye de manera protuberante en la creación de la incertidumbre jurídica; esperó a que el acto legislativo fuera aprobado por la plenaria del Congreso, incluso felicitando a los congresistas por ese hecho y sabedor del término del período constitucional ordinario, ante la resistencia de amplios sectores sociales, académicos y jurídicos al proyecto, aprovecha para públicamente objetar lo aprobado con su concurso.

Tal desparpajo y actitud oportunista podrá dar buenos resultados cuando se juega póker, pero es inconcebible para el manejo de las responsabilidades del Estado. Si lo que se pretende es trasladar la culpa a terceros, eliminar posibles contendientes en un proceso reeleccionista y ganar indulgencias con aves marías ajenas, la jugada política del presidente puede darle resultados, fin que también busca la izquierda con su pretendido referendo revocatorio.

A los beneficiarios frustrados de la norma podrá decirles que hizo lo posible pero que la presión popular lo obligó a tomar tal decisión, a quienes se opusieron desde un principio a la reforma les dirá que reaccionó teniendo en cuenta sus argumentos; total la política del actual gobierno es tratar de tener a todo mundo contento, así lo hizo con la fracasada reforma a la educación y el dudoso tránsito que se le está dando a la reforma de la justicia penal militar.

P.D: La misma suerte habría que darle al bodrio llamado marco para la paz, en tanto reforma la Constitución para llevar a ese nivel la amenaza narcoterrorista, así sea temporalmente, y la impunidad para quienes a nombre de una pretendida revolución armada comunista quieren, como combatientes o simples patrocinadores, destruir el Estado social de derecho.

 


[1] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-816 de 2004. En: http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2004/C-816-04_sentencia.pdf
[2] Ibíd.
 
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Publicado por en junio 26, 2012 en Opinión Pública

 

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