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LA CRIMINAL ARREMETIDA NARCOTERRORISTA

05 Jul

LA CRIMINAL ARREMETIDA NARCOTERRORISTAEl asesinato de cinco trabajadores petroleros en Putumayo, el hostigamiento en Algeria y otros municipios caucanos, el paro armado en Arauca y el ataque a una instalación petrolera en Tibú, Santander, poniendo en grave riesgo a cerca de 60 familias, son las más recientes actividades criminales de las Farc y Eln como respuesta a los llamados a la paz hechos por el gobierno nacional y diferentes sectores sociales y políticos del país.

Es la repetición cíclica de una situación que ya alcanza 50 años en Colombia; los grupos armados ilegales pretenden demostraciones de fuerza frente a eventuales procesos de diálogo para solucionar la violencia patológica a la que han sometido a la nación; no hay un solo proceso desde 1964 que no haya significado incremento de las acciones terroristas, especialmente contra la población civil y la infraestructura energética, lo que lastimosamente ha convertido el fenómeno en un hecho intranscendente en el desarrollo social y político, neutralizando la debida reacción de los colombianos a rechazar y repudiar estas acciones cuando se producen, más que por temor, por indiferencia.

La muerte de los trabajadores de Ecopetrol, el ataque a los buses que los transportan y las instalaciones donde desarrollan su labor, así como el asesinato de cientos de colombianos, son conductas claramente prohibidas por las normas del derecho internacional.

Lastimosamente el conflicto colombiano, que sufren y padecen sus habitantes y miembros de la fuerza pública y es pelechado por la dirigencia política, se aparta de todos los cánones de la guerra, aún de la llamada guerra asimétrica, porque muchas veces la voluntad política se aparta de la realidad militar. Por eso hoy tenemos unas FF.MM desprovistas de garantías jurídicas, mientras existe toda suerte de contemplaciones para los grupos armados ilegales.

El derecho internacional humanitario prohíbe, sin excepción, la realización de actos terroristas en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional. Asimismo, insta a los Estados a prevenir y castigar las violaciones de ese derecho. Los actos de terrorismo pueden ser crímenes de guerra que caen bajo la jurisdicción universal, y la Corte Penal Internacional puede tener competencia para tratar el asunto.

Inversamente, la lucha contra el terrorismo y el enjuiciamiento de presuntos responsables de actos terroristas están regidos por el derecho humanitario si tienen lugar durante un conflicto armado. Ese derecho no es un obstáculo para combatir el terrorismo, y los terroristas sospechosos pueden ser enjuiciados por sus actos de terror.

No hay duda que incluso los miembros de las fuerzas armadas o los “combatientes ilegales” de los que se sospeche que han cometido actos de terror son personas protegidas por los Convenios de Ginebra y tienen derecho a garantías judiciales si deben comparecer ante un tribunal[1], pero ello no justifica que el militar condenado por delitos de lesa humanidad deba sufrir condenas que en la práctica equivalen a la cadena perpetua, mientras los terroristas no sólo sean sujetos de penas irrisorias, que muchas veces no deberán purgar, con la certeza de que luego accederán al poder político y a la misma dirección del Estado que combatieron.

A las FF.MM se les piden resultados contundentes contra los delincuentes, con el riesgo de luego verse judicializados por esos resultados; mientras a los terroristas, que son los verdaderos responsables de la violencia y sus efectos, apenas si se les hacen llamados para que den muestras de paz con la promesa de restituirles todos sus derechos ciudadanos como si nada hubiere ocurrido.

A las FF.MM la ciudadanía, con toda la razón, les exige resultados contra el terrorismo, mientras la responsabilidad de los poderes públicos en situaciones como las que se viven, pasa de agache, sobre todo al legislativo que no ha comprendido la realidad del conflicto e insiste en producir normas para tiempos de paz o al judicial laxo y tolerante con los terroristas.

Mientras esa realidad sea la que impere, no podrá esperarse otra respuesta del narcoterrorismo que se siente fortalecido al ver un Estado vacilante sobre cómo combatirlos.

[1] GASSER, Hans-Peter. Actos de terror, terrorismo y derecho internacional humanitario. Revista CICR. 30 de septiembre de 2002. En: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5ted8g.htm
 
 
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Publicado por en julio 5, 2012 en Opinión Pública

 

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