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MÁS ALLÁ DE LOS PALIATIVOS

11 Jul

MÁS ALLÁ DE LOS PALIATIVOSHay cosas que en el país ya no dan más espera, problemas que vienen de tiempo atrás y cuya solución ha sido infinitamente postergada por razones políticas, de conveniencias gremiales, pero que cada día afectan más al pueblo colombiano generando razones de inconformidad y pérdida de fe en las instituciones.

No nos referimos al desprestigio de los poderes públicos por las groseras componendas para obtener mayores beneficios para sus autores, como acaba de pasar con la fallida reforma judicial, sino precisamente a la urgente necesidad de abocar la solución a la necesidad de servicios públicos básicos y fundamentales como son la justicia, la salud, la educación y el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de los colombianos para afrontar con éxito el reto de la apertura económica que significa la entrada en vigencia de tratados de libre comercio con el mundo entero.

Es grave para la democracia colombiana que en materia de las necesarias reformas de fondo para atender la urgente demanda de esos servicios públicos, se prioriza el estar bien con todo el mundo porque se termina cediendo ante los intereses de los gremios que no quieren que nada cambie; lo visto con la llama reforma judicial nos muestra un oscuro panorama donde los compromisos con la nación son deleznables y se retrocede a pasos agigantados a las más dolorosas épocas donde incluso la viabilidad como nación estuvo amenazada.

El problema de la salud pública, por ejemplo, ya toma ribetes de catástrofe nacional. Un país que ya cuenta con 46 millones de habitantes, según los cálculos poblacionales que se hacen a partir del censo de 1993 (los otros han sido cuestionados hasta por las mismas autoridades gubernamentales), en el que 6 u 8 millos de compatriotas se encuentran excluidos por el desplazamiento producido por la violencia, la falta de oportunidades, los desastres naturales, etc., no puede darse el lujo o ser cínico frente a la realidad que representa el estado de la salud pública.

Y no bastan paliativos como el de expedir leyes o decretos que ordenen la inclusión de todos los colombianos sin distingo en el Plan Obligatorio de Salud POS, si la realidad fáctica muestra que no hay recursos para hacerlo; ese es un paliativo que simplemente traslada la responsabilidad de las altas esferas gubernamentales a los mandos medios y en el peor de los casos, a la cabeza de los directores de las instituciones hospitalarias de los departamentos, municipios y distritos, quienes terminan siendo los sacrificados por un inequitativo esquema de salud que sólo beneficia a las empresas de mercadeo del servicio, a la infinidad de intermediarios que se quedan con los recursos existentes.

El engendro creado con la Ley 100 de 1993 requiere una urgente cirugía para eliminar el cáncer que está consumiendo el sistema de salud pública; véase como el decreto que unifica el POS no resuelve el problema general, sino el de las EPS privadas que supuestamente cubrían a la población del régimen subsidiado; todas esas EPS se encuentran en quiebra, en procesos de liquidación y no hay quien cubra las deudas que por servicios, procedimientos, etc., tienen con los hospitales públicos.

A los únicos que convienen estas medidas es a quienes por mala administración y prácticas corruptas permitieron el caos de las EPS. Los casos de Saludcoop y otras entidades similares, demuestran que ese modelo fracasó y no resiste reparaciones superfluas, se requiere la eliminación de la intermediación financiera en el manejo de la salud, labor que realizan las EPS.

El sistema de aseguramiento en salud aplicado en Colombia, se inspiró en las teorías económicas que propiciaron que el porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado por las naciones a la salud, entrara a la economía real, sujeto a las reglas del libre mercado, de tal manera, que impactara los negocios relacionados con tecnología, construcción de infraestructura, equipos médicos, mano de obra, industria farmacéutica, transporte de enfermos, etc., todo administrado por el sector privado, incluyendo el negocio del aseguramiento y por supuesto el financiero, reservando para el Estado la regulación y la supervisión[1].

Las teorías a las que hace referencia, dieron luz en los Estados Unidos como parte del paquete de iniciativas para yugular una de las crisis cíclicas (años 80) del modelo capitalista. Hoy en Colombia al igual que en el país del norte, el modelo se ha hecho inviable, fundamentalmente por el aumento exagerado en el gasto y por la imposibilidad de una cobertura total (46 millones de habitantes (una población similar a la totalidad de la colombiana) sin seguro de salud en Estados Unidos), afectando el déficit general de las naciones. Además, el mayor gasto no siempre se relaciona con la calidad de la atención ni con la oportunidad de la misma, menos con menor prevalencia de algunas enfermedades[2].

Es obligatorio pues para el gobierno colombiano, entrar a estudiar a fondo y presentar soluciones reales a una crisis que puede amenazar la institucionalidad nacional al desatender uno de los pilares o fundamentos constitucionales que constituyen el Estado social de derecho.

 

[1] CALDERÓN HERRERA, Jaime. Sin título. Presidente, Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 24 de junio de 2009. En: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-56332009000300001&script=sci_arttext
[2] Ibíd.
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Publicado por en julio 11, 2012 en Opinión Pública

 

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