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LA MINGA DEL CRIC CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

17 Jul

LA MINGA DEL CRIC CONTRA LA FUERZA PÚBLICALos argumentos del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, para justificar las acciones de hecho contra las bases militares y policiales en el norte del Cauca, comienzan a desbaratarse y sus verdaderas intenciones a quedar en evidencia ante la sociedad colombiana.

No hay tal hastío por la presencia de actores armados en los territorios indígenas, hay una intención de servirle a los intereses narcotraficantes y terroristas al exigir el retiro de la Fuerza Pública legítima para garantizar los corredores estratégicos de los delincuentes; esta zona es vital para la movilización de narcóticos hacia el Pacífico y se ha constituido en el centro de gravedad de las Farc, en tanto desde allí están obteniendo los recursos económicos para sostener la agresión contra el pueblo colombiano.

Son los mismos indígenas y las autoridades civiles de Miranda y otras poblaciones los que han expresado su inconformidad por las arbitrariedades de la guardia indígena aupada por elementos que desde 1971 se impusieron esa tarea de expulsar a la Fuerza Pública de esta zona. No sabemos en manos de quién vamos a quedar, dicen los pobladores y como un salto al vacío califican las autoridades municipales la acción de la guardia indígena.

La Organización de los Pueblos Indígenas OPIC denunció valientemente como las organizaciones delincuenciales infiltraron comunidades indígenas para lograr ese objetivo de propiciar la salida de la Fuerza Pública; objetivo que va de la mano al intervencionismo de ciertos agentes extranjeros que buscan protagonismo internacional a costa del sufrimiento del pueblo indígena sometido a los abusos y crímenes del narcoterrorismo.

Hay un área especialmente crítica, la conformada por los municipios de Miranda, Toribío, Caloto y Jambaló, donde las operaciones militares buscan reducir y someter a los integrantes de la estructura criminal de las Farc conocida como ‘Columna Jacobo Arenas’ y los integrantes del 6º Frente de la organización narcoterrorista; como resultado de estas operaciones se han presentado enfrentamientos en diversos sectores rurales de esas poblaciones; las Farc han rehuido el combate con el Ejército y han buscado presionar mediante acciones terroristas contra la población civil, acciones suficientemente conocidas por la opinión pública que han cobrado la vida o han causado lesiones a miembros de las comunidades.

Se ha documentado cómo los delincuentes narcoterroristas se refugian en viviendas campesinas e indígenas, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para desde allí adelantar sus actos criminales contra la población civil y hostigar los puestos de policía, destruyendo además instalaciones protegidas por el D.I.H. como son centros de salud, escuelas y más de un centenar de viviendas civiles.

Es curioso que la acción de la guardia indígena se ha centrado solamente contra las bases militares y de policía, argumentando su vocero Feliciano Valencia que no han podido hacer lo mismo con respecto a los campamentos narcoterroristas porque cuando llegan a estos ya los han abandonado y desmantelado; esta afirmación tiene un peligroso contenido, indicar ante la opinión pública que las Farc si se están retirando de la zona, cosa que es una falacia perversa.

Nada se dice de la complicidad de algunos indígenas que entregaron a las Farc a los pilotos de un helicóptero civil secuestrados en Argelia luego de destruir la aeronave; se pretende justificar la retención ilícita de la caja negra del avión supertucano siniestrado y la desaparición de material de guerra altamente peligroso para las comunidades indígenas, hecho en principio negado por la llamada guardia indígena y posteriormente aceptado ante la evidencia fotográfica de un medio de comunicación civil y que ahora quiere ser explotado mediáticamente al afirmar que sólo entregarán la caja negra a un organismo internacional humanitario.

La demora y la retención del ese elemento de la aeronave accidentada responde a una necesidad propagandística de las Farc que han sostenido el infundio de que ellas derribaron el avión, el registro electrónico de los últimos 25 minutos de vuelo del supertucano echará por tierra la mentira y eso no le conviene a los delincuentes.

La llamada Guardia Indígena surgió en 1971 como un mecanismo de fuerza para presionar la invasión de fincas y haciendas y obtener el reconocimiento como parte de los territorios indígenas, a la par del llamado Plan Renacer de Alfonso Cano, vienen desarrollando el llamado Plan Vida que recurriendo a la excusa de la autonomía territorial, busca generar situaciones de hecho y confrontación de la comunidad indígena con las autoridades nacionales y la Fuerza Pública para justificar su objetivo de lograr el retiro de ésta de los municipios de su influencia.

El objetivo de quienes dirigen esta minga contra el orden constitucional es ambicioso, no sólo obligar al retiro de soldados y policías de Miranda, Toribío, Caloto y Jambaló, sino extenderlo a Tacueyó, San Francisco, Canoas, Huellas, Munchique, Pueblo Nuevo Ceral, Toez, Nasa Kiwe, López Adentro, Cilia- La Calera, Cerro Tijeras, Corinto, Guadualito, Concepción, Las Delicias, Alto Naya y Kitek Kiwe, argumentado que allí sólo pueden aplicarse las facultades como gobierno propio del Pueblo Nasa del norte del Cauca, que implican el desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal que rige para todos los colombianos.

La irresponsable acción de la CRIC y de la guardia indígena busca generar conflictos y enfrentamientos entre la población civil y las tropas allí destacadas para preservar el orden público; la salida de militares y policías de la región es una necesidad vital para las estructuras criminales de las Farc y el narcotráfico acosadas por las operaciones que allí se adelantan, de tal manera que cualquier incidente entre las tropas y la población indígena será explotada mediáticamente para alcanzar el objetivo de los narcoterroristas y las bandas criminales asentadas en el norte del Cauca.

De ahí el temor cierto del pueblo indígena y las autoridades civiles de los municipios que conforman esta región, con razón califican la acción de la CRIC y la guardia indígena como un salto al vacío cuyos efectos nocivos no han sido previstos por quienes se han prestado a este peligroso juego.
Es entonces urgente la acción decidida del gobierno nacional que no puede dejar solamente en manos del Ejército y la Policía la solución del conflicto planteado; es necesaria la acción inmediata de los poderes públicos, en especial del ejecutivo y el judicial, para asumir el control por parte del Estado social de derecho e imponer el orden y la ley que permitan la pacífica convivencia de los colombianos que habitan en esta región. Colombia no puede tolerar la creación de repúblicas independientes bajo el control de organizaciones criminales como las Farc, sería retroceder históricamente 50 años y condenar al país a una derrota que los narcoterroristas no ocasionaron por las armas sino mediante la sistemática violación del D.I.H.

 

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Publicado por en julio 17, 2012 en Opinión Pública

 

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