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SENCILLAMENTE INTOLERABLE E INACEPTABLE

18 Jul

SENCILLAMENTE INTOLERABLE E INACEPTABLE

La imagen de la humillación al que la llamada guardia indígena sometió hoy a nuestros soldados, las lágrimas de rabia e impotencia del Sargento que comandaba la unidad agredida y de dos antisociales que amenazaban a los soldados con armas blancas, quedarán grabadas en la historia de la ignominia del país.

La brutal agresión de la turba levantisca contra los militares no puede quedar en la impunidad por consideraciones políticas, ni la conducta criminal desplegada puede ser premiada señalando que compete a la jurisdicción indígena el juzgamiento de estos antisociales; los responsables de los ataques a las bases y puestos militares en el norte del Cauca deben comparecer ante los tribunales ordinarios y responder por los delitos de hostilidad militar (art. 112 C.P.), asonada (art. 148 C.P.) con las circunstancias de agravación punitiva (art. 129 C.P.), usurpación y retención ilegal del mando (art. 131), violencia contra servidor público (art. 429 C.P.) y concierto para delinquir agravado (art. 340 C.P.), cuando menos.

El presidente de la república y el ministro de defensa tienen la obligación legal y moral de denunciar inmediatamente ante las autoridades judiciales a los cabecillas de la agresión contra nuestros soldados, no hay excusa alguna para que omitan ese deber a partir de consideraciones políticas y del interés de quedar bien con todo el mundo, si lo hacen estarán legitimando las acciones de hecho de cualquier grupo social, étnico, religioso o de cualquier naturaleza contra el ordenamiento constitucional y legal agrediendo salvajemente a los servidores públicos para alcanzar sus propósitos.

La jurisdicción especial indígena no es una patente de corso o un estatuto de impunidad para que los miembros de esas comunidades puedan delinquir a su gusto y antojo. Los indígenas como todos los colombianos, también están sujetos a los deberes del ciudadano como es el de de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95, numeral 7, Constitución). Este deber, al armonizarlo con el contenido del artículo 246 de la misma Carta, que estable la jurisdicción especial indígena, como una jurisdicción autónoma, permite concluir que no sólo esta autonomía no es absoluta, sino que requiere de la colaboración del Estado y de las dos jurisdicciones : la ordinaria y la indígena, para su cumplimiento.

La guardia indígena dirigida por los individuos Feliciano Valencia y James Terracué, militantes de la llamada Marcha Patriótica, no representa a la totalidad de las comunidades indígenas, lidera apenas un grupo violento creado desde 1971 para invadir fincas y haciendas reclamándolas como parte de los territorios indígenas; la mayoría de los indígenas no respaldan las acciones delictivas iniciadas por la guardia indígena como lo prueban las declaraciones de la líder Ana Silvia Secué, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia OPICE, que reúne a las comunidades paeces y gambiana, como a los pueblos nasa de Putumayo y Huila. La dirigente indígena denunció que la guardia indígena que adelanta las acciones de hecho contra la Fuerza Pública está influenciada por los terroristas de las Farc y los narcotraficantes.

Valerosamente Ana Silvia Secué denunció que las autoridades indígenas tienen pactos con la guerrilla de las Farc para actuar en contra de la Fuerza Pública. “Ellos vienen manejando una política de común acuerdo con los grupos ilegales, pues ahí se muestra la realidad de lo que está pasando”, puntualizó[1].

La vocera de la OPICE dijo que es falso que la Guardia Indígena busque desterrar a los actores armados al margen de la ley de los territorios que ellos protegen y advirtió que estas afirmaciones “son para escudarse ante los grupos de Derechos Humanos y el Gobierno”, y agrega “es solamente un disfraz para que no piensen en lo que se está haciendo”. Por último, destacó que “si ellos de verdad quisieran que los grupos armados ilegales se fueran no habría tanto hambre y violencia en los resguardos, sino una unidad de verdad. Solamente quieren mostrarse como víctimas, pero ellos no los son”[2].

Pero no es la única que se opone al salvaje accionar de la guardia indígena. Los habitantes de Toribío también se expresaron. “Nosotros también estamos cansados de la guerra, también somos víctimas, todos los días soportamos balas, bombas”, manifestó Clara Cerón, una habitante del área urbana que no comparte la posición de los indígenas. En medio de la multitud, la mujer reclamaba: “todos queremos una salida pacífica al conflicto, pero creemos que el retiro de las trincheras nos afecta más. Están decidiendo por la mayoría unos que ni siquiera viven en el municipio y no entienden las lógicas del área urbana”[3].

Lo mismo dijo Gustavo Santacruz. Su reflexión era sencilla: si se retira la Fuerza Pública, detrás se irán los bancos, se acabará el comercio, se reducirán, aun más, las oportunidades de empleo[4].

No existe entonces razón alguna para que el gobierno nacional no actúe de manera inmediata para recuperar el orden en el norte del Cauca, pues no es la comunidad indígena la que se manifiesta en contra de la presencia de la Fuerza Pública sino un reducido grupo de agitadores y violentos que quieren imponer el Plan Renacer de las Farc escudándose en la autonomía de los territorios indígenas.

Hoy más que nunca la sociedad colombiana debe respaldar a la Fuerza Pública que desprovista de garantías judiciales ha sido dejada sola por los gobernantes afrontando la situación de hecho creada por el narcoterrorismo en el norte del Cauca.

 

[1] RADIO SANTA FE. Guardia indígena es cómplice de los grupos ilegales. Julio 17 de 2012, 1 :47 p.m. En: http://www.radiosantafe.com/2012/07/17/guardia-indigena-es-complice-de-los-grupos-ilegales-ana-silvia-secue/

[2] Ibíd.

[3] EL PAIS. Guardia indígena: El poder oculto que comienza a verse en el Cauca. Cali, 17 de julio de 2012. En: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/guardia-indigena-poder-oculto-empieza-verse-en-cauca

[4] Ibíd.

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