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LA NUEVA GUERRA DE LAS FARC

27 Jul

LA NUEVA GUERRA DE LAS FARCEs un hecho que la narcoguerrilla Farc se encuentra debilitada, que perdió más del 50% de su capacidad humana y varias estructuras criminales fueron desmanteladas, lo es también que regresaron a su primigenio estado y adelantan ahora la primera fase de la guerra de guerrillas mediante actos terroristas dirigidos principalmente contra la población civil y la estructura energética, contaminando fuentes hídricas incluso para someter poblaciones y comunidades y demostrar un estado de fuerza vigente.

Es cierto también que aunque golpeadas, aún mantienen sus fuentes de ingresos anclados en el narcotráfico y la sociedad creada con bandas criminales como Los Urabeños y Los Rastrojos, especialmente en el suroccidente colombiano, en los límites con Venezuela y el Urabá antioqueño; incluso podría afirmarse que la reducción de miembros encuadrillados le permite una mejor distribución de sus recursos, especialmente para alimentar y fortalecer las milicias urbanas.

En lo político Cano y Timochenko supieron conducir al gobierno a la idea de que están cerca de decidir el abandono de la violencia, al punto que lo llevaron a reformar la Constitución con el llamado Marco Jurídico para la Paz que le da impunidad a los crímenes de lesa humanidad y de guerra que han cometido y cometan en el futuro los integrantes de las Farc, con lo cual, de paso, los legitiman como medios válidos de acción política. El propio presidente Santos se encargó de romper el aislamiento político[1] a que estaban sometidas, logrado en los gobiernos anteriores de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez con el Plan Colombia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Por otro lado, el momento de la guerra hace que las FARC no intenten controlar con sus guerrillas zonas amplias del territorio de la forma en que lo hacían en los años noventa, tampoco repetir ataques como los de Las Delicias o El Billar. Ante la pérdida de esa capacidad construyeron mecanismos de control social más eficaces ligados a las milicias y al Partido Comunista Clandestino PC3, la llamada Marcha Patriótica, que hacen que a pesar de que en algunas zonas el Ejército haya llegado hace bastante tiempo se mantengan bajo la influencia de la guerrilla. De nuevo, el trabajo de masas es la respuesta[2]

Dada la asimetría militar, la guerra de desgaste y el planteamiento táctico y estratégico adoptado no requieren tener un número de miembros en su aparato armado igual al de hace una década. Más aún, es posible que sea más eficiente tener hoy ese mismo número pero distribuido entre encuadrillados y milicianos. Claro, por el momento. Esa adaptación de las FARC se traduce en el Plan Renacer Revolucionario de las Masas. Se tiende a identificarlo con el aumento de uso de artefactos explosivos improvisados, francotiradores, pequeñas unidades tácticas, pisa suaves, acciones de avasallamiento y mayor importancia a las milicias, pero se olvida el apellido del plan: “masas” y que la respuesta siempre será en el marco de la combinación de las formas de lucha[3].

Aquí es donde falla actualmente el Estado al pensar solamente en respuestas militares abandonando la necesaria respuesta política que debe sentirse en las comunidades donde las Farc y otras formas criminales hacen presencia; si el gobierno no cumple con los compromisos socioeconómicos adquiridos con esas comunidades, está abonando el terreno para que las narcoguerrillas lo reemplacen políticamente como quedó visto en los hechos recientes del norte del Cauca. El Cauca demuestra como en ningún otro caso en Colombia la implementación adecuada de ese concepto. Se trata de neutralizar la superioridad militar del Estado con los recursos mencionados, pero, y aquí está la innovación, con movilización popular. Si bien las FARC siempre han tenido claro que el trabajo de masas es decisivo, solo hasta ahora logran llegar a este nivel de implementación, a través de la infiltración y manipulación clandestina del movimiento indígena[4], campesino, popular y de trabajadores.

Lo que pasa en Cauca no es una cuestión circunstancial ni la respuesta desesperada a las operaciones militares, menos resultado de la improvisación. Es más, mucho más: una elaborada estrategia política, apalancada en la violencia, que recoge en su diseño el aprendizaje de experiencias anteriores en la misma zona y en otros lugares del país. Empieza por un eficaz esfuerzo de infiltración para impulsar e incidir en la conducción de las grandes movilizaciones campesinas e indígenas en los últimos años, al igual que comprende el apoyo a través de diversos aparatos, desde juntas de acción comunal, ONGs y sindicatos, a lo que se denomina el proceso del suroccidente colombiano, con el que pretenden articular todo el trabajo que realizan en Nariño, Cauca y el Valle[5].

El discurso de Piedad Córdoba a los indígenas caucanos en Miranda, Cauca, en días previos a los actos de asonada y agresión a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, deja al desnudo esa estrategia política de las Farc. En su discurso la ex senadora no sólo arengaba a los asistentes a firmar la revocatoria del Congreso, sino que los instaba abiertamente a tumbar el gobierno, instaba a la toma de las bases militares señalando que debían resistir lo que fuere necesario hasta lograr la desmilitarización del departamento y de la región suroccidental, algo que esperan repetir en otras zonas del país.

La expresión de Piedad Córdoba es la del PC3 y la denominada marcha patriótica, que no tienen dudas en mostrar su vinculación umbilical con las Farc aunque pretendan negarla públicamente. Allí es donde el Estado debe ejercer sus facultades e impedir la acción subversiva de ese discurso político favorable al narcoterrorismo.

Si bien es cierto el art. 20 de la Constitución garantiza la libre expresión y el 265 el ejercicio de la oposición, estos no son derechos absolutos y están vinculados al bien común y el respeto a las instituciones y normas que reglan la convivencia en el país, cuando se actúa como lo hace Piedad Córdoba y sus esbirros camuflados en las organizaciones indígenas y campesinas, indudablemente se están transgrediendo las normas penales por cuanto se alientan formas de violencia contra la sociedad y el Estado social de derecho.

No es la primera vez que esta señora insta a la rebelión y a apoyar la subversión, ya lo ha hecho de manera impune en varios escenarios y en reiteradas ocasiones, pero siempre las autoridades judiciales han amparado estas conductas ilícitas diciendo que apenas son manifestaciones de opiniones, algo que está lejos de la realidad fáctica y jurídica de esas conductas. Claro hay que entender que nuestros jueces y fiscales están agremiados en Asonal Judicial, que ha sido otro instrumento de la acción jurídico-política del PC3, el PDA y seguramente ahora de la Marcha Patriótica contra el Estado y sus instituciones.


[1] SEMANA. A repensar la guerra. Rafael Guarín. Opinión. 24 de julio de 2012. En: http://www.semana.com/opinion/repensar-guerra/181343-3.aspx
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
[5] Ibíd.
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Publicado por en julio 27, 2012 en Opinión Pública

 

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