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LAS FALSAS SALIDAS DEL FISCAL

27 Jul

LAS FALSAS SALIDAS DEL FISCALAunque anuncia que investigará los hechos del norte del Cauca, asonada y ataque a servidores públicos, conexos a las conductas criminales de la ex senadora Piedad Córdoba, concierto para delinquir agravado e instigación al delito, de entrada el Fiscal General de la Nación indica el rumbo que tomará esta investigación pedida por el Gobierno, la Procuraduría y la sociedad colombiana; en efecto, en declaraciones a los medios el señor Fiscal ha indicado que lo que allí se presento fue un legítimo acto de protesta y expresiones amparadas por el derecho a la libre opinión.

Es decir, advierte que las conductas delictivas quedarán en la absoluta impunidad con el argumento de que judicializar a los indígenas que ejecutaron la asonada y la agresión contra militares y policías sólo despertaría mayores reacciones de esas comunidades. Está legitimando las vías de hecho violentas como expresión de protesta.

El procurador General, Alejandro Ordóñez señaló que los organismos judicialesdeben analizar la situación jurídica y social de los indígenas que protagonizaron enfrentamientoscon los miembros de la Fuerza Pública en el curso de la semana pasada en el departamento del Cauca. Así mismo manifestó que las autonomías y los estatutos que protegen a los grupos étnicos se deben respetar, “pero no se puede poner en entredicho la soberanía del Estado paraagredir, agraviar y causar lesiones a los funcionarios de la Fuerza Pública”. En este sentido indicó que la Constitución ordena que las personas que incurran en un delito deben ser sancionadas,no podemos parcelar el estado ni consensuar el ejercicio de la autoridad. Ello es una necesidad pública y social, nadie puede decir donde se aplica.

Sobre los mismos hechos, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la exsenadora Piedad Córdoba debe ser judicializada por instigar a las comunidades indígenas del Cauca a una rebelión para tumbar al presidente Juan Manuel Santos. El pronunciamiento lo hizo el ministro luego de conocer un video en el cual aparece la ex senadora Piedad Córdoba incitando a los indígenas a “hacer resistencia” y “expulsar” a los militares de las bases ubicadas en territorios e incluso “tumbar al presidente Santos”. La proclama de la excongresista se produjo en una reunión con líderes indígenas que realizó en el municipio de Miranda, Cauca, días antes de los violentos sucesos protagonizados por la guardia indígena liderada por Feliciano Valencia.

También sobre las conductas de la ex parlamentaria, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que las declaraciones de Piedad Córdoba sobre los problemas de orden público en el Cauca fueron una “instigación al delito”. “Lo que hubo fue una instigación al delito, lo que hubo una instigación a la asonada. Eso es un concierto para delinquir y hay toda una serie de conductas que pueden ser investigadas”, dijo Ordóñez.  El jefe del Ministerio Público agregó que “lo que el país conoció fue una ‘noticia críminis’y en ese sentido se debe actuar. Creo que debe ser judicializada, porque estamos ante una actividad criminal”.

Aquí no hay que hacer un gran esfuerzo probatorio para concluir que tanto Piedad Córdoba como Feliciano Valencia y otros concertaron previamente la comisión de los delios que fueron ejecutados materialmente por quienes hicieron parte de las asonadas en el norte del Cauca. Son los mismos responsables de estas conductas criminales quienes públicamente promovieron los hechos antijurídicos y la agresión a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas. Hay abundante material videográfico y testimonial que indica como unos y otros acudieron a cumplir el mandato de las Farc a través de la llamada Marcha Patriótica.

No hay expresión legítima de la protesta social o de la libertad de opinión, hay una clara instigación a la comisión de las conductas punibles desplegadas por la llamada guardia indígena; nótese que Piedad Córdoba llamó a estas comunidades a tomarse las bases militares y hostigar a los soldados como quedó registrado en el vídeo ampliamente difundido.

Es claro que si el Fiscal Montealegre omite, retarda o desvía la investigación de las actividades criminales ejecutadas en el norte del Cauca, estará incurriendo en el delito de prevaricato por omisión definido en el art. 150 del estatuto penal como prevaricato por omisión al decir que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior (prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta).

Es claro entonces que la sociedad colombiana debe movilizarse para exigir al Fiscal y al poder judicial la judicialización y castigo para los instigadores y perpetradores de los actos criminales cometidos en el Cauca.

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Publicado por en julio 27, 2012 en Opinión Pública

 

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