RSS

LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL EN VILO

19 Oct

No es de poca monta lo sucedido este fin de semana con relación al pretendido acto legislativo que reforma la justicia; el Legislativo y el Ejecutivo se han encargado de darle un golpe inmisericorde a la institucionalidad democrática y constitucional vigente.

El Ejecutivo, porque a pesar de la renuncia del Ministro de la Justicia y del Derecho, quien manifestó asumir los costos políticos de lo acontecido en el Congreso, no termina por convencer de su ausencia de responsabilidad frente a lo finalmente decidido por la Comisión de Conciliación de Cámara y Senado frente al proyecto de reforma a la justicia.

Es responsable también el Ejecutivo porque para tratar de deshacer el entuerto, opta por una medida contraria a la misma Constitución; abrogarse las facultades de objetar un acto legislativo y no promulgarlo, devolviéndolo al Congreso aún siendo consciente de la imposibilidad manifiesta de que éste puede abocar nuevamente su discusión por haberse vencido las etapas contempladas para ello.

Como bien lo ha señalado el experto constitucionalista Juan Manuel Charry, el Presidente de la República acudió a una nueva interpretación, porque no hay una norma, ni en la Constitución ni en la Ley 5ª de 1992, que regule expresamente objeciones en materia de proyectos de acto legislativo. Pero el Presidente acude a este nuevo raciocinio, habida cuenta de las irregularidades que se cometieron en el proceso de conciliación de los textos finales del procedimiento, y eso justifica el cambio de posición para poner en evidencia las irregularidades ante el mismo Congreso y, si es del caso, ante la Corte Constitucional. José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, recordó que la Corte Constitucional ha dicho que la posibilidad de objetar una iniciativa solo procede frente a los proyectos de ley y no frente a las reformas constitucionales[1].

El exmagistrado Hernández recuerda que desde los primeros fallos de la Corte Constitucional, hay jurisprudencia sobre el tema. En la Sentencia C-222 de 1997, de la cual fue ponente, la Corte señaló que el Presidente de la República no necesita sancionar los proyectos de reforma constitucional para que entren en vigencia y, precisamente, por ese motivo, tampoco puede objetar los proyectos de acto legislativo. Sin embargo, cree que este caso se sale de esos parámetros, porque transcendió del campo puramente jurídico al campo político, en donde se podrían ver enfrentados el Presidente y el Congreso. Esto implica que los mecanismos institucionales ordinarios han sufrido una seria modificación, a raíz del “manotazo” que dio el Congreso en la conciliación del proyecto. Así las cosas, una vía de hecho se responde con otra vía de hecho[2].

Es indudable entonces que el Ejecutivo se estaría abrogando unas funciones de las cuales carece y al optar por la objeción del acto legislativo, que reforma la Constitución, estaría usurpando una facultad Legislativa, rompiendo el necesario equilibrio de los poderes públicos.

Otros juristas como Humberto de La Calle Lombana, han tratado de matizar el hecho señalando que extremando la situación, alguien podría acudir a normas generales para sostener que si se ha presentado una violación, todo funcionario, y con mayor razón el jefe de Estado, debe actuar en defensa de la Constitución. Las objeciones por inconveniencia son más difíciles de concebir, por cuanto se trata, ni más ni menos, que de objetar decisiones del constituyente. Todo esto solo se puede explicar y justificar a la luz de la gravedad de los hechos. El Presidente ha obrado en situación de estado de necesidad.[3]

Lo paradójico de la situación, es que el Ejecutivo colombiano estaría entonces obrando de manera similar a como acaba de hacerlo el parlamento paraguayo al destituir al presidente Lugo, invocando el estado de necesidad justificante. Esto es, amparándose en ella cuando al verse en una situación extrema se ven en la necesidad de causar un daño o transgredir un bien jurídico protegido, con el objeto de prevenir un daño mayor a preservar un bien jurídico preponderante o de mayor valor.

Ahora, Gobierno y Congreso sabían muy bien lo que hacían y no pueden escudarse en la actuación de los 12 congresistas designados como conciliadores del texto de la reforma constitucional a última hora. En la conciliación de la reforma a la justicia el asunto no era de argumentos, sino de votos. Una premisa que no supo o quizá no quiso entender el Gobierno, pese a que algunas voces desde el mismo Congreso de la República advertían sobre la necesidad de que en las comisiones que se encargarían de ajustar el texto del proyecto había que tener ‘amigos’, es decir, parlamentarios que compartieran las posturas del Ejecutivo frente a temas sensibles, como la pérdida de investidura o el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, entre otros[4].

De allí que resulte cuando menos de mal gusto que ahora representantes del gobierno y del Congreso pretendan eludir sus responsabilidades diciendo que aprobaron algo que no habían leído o que dieron su visto bueno pese a no conocer lo finalmente aprobado porque habían sido excluidos de la última reunión definitoria.

El gobierno nacional se movía por intereses políticos y por ello siempre pretendió ignorar lo que sucedía en torno al proyecto del acto legislativo de reforma a la justicia; hasta el último momento evitó cualquier choque con el Congreso en torno a este tema, porque estaba en juego el llamado marco para la paz y allí era donde realmente centraba todos sus esfuerzos.

Es evidente que con este bochornoso suceso se pone injustificadamente en vilo la institucionalidad democrática y constitucional, se crea un ambiente de incertidumbre jurídica que va a tener implicaciones en otros campos, de tal manera que vale trasladar la pregunta que hoy se hace El Espectador: Esguerra ya renunció aceptando su responsabilidad política, aunque en muchos momentos el Gobierno lo dejó solo en su tarea. ¿Y la responsabilidad del Congreso? ¿Y la responsabilidad de las altas cortes, que se hicieron a un lado, pero guardaron silencio frente a la ampliación del período de los magistrados? Algo o mucho falló, el presidente Santos lo sabe: Falta ver cuáles serán las consecuencias[5].

 


  1. CHARRY, Juan Manuel. ¿Puede el presidente objetar un acto legislativo? Ámbito Jurídico. 22 de junio de 2012. En: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120622-01(puede_el_presidente_de_la_republica_objetar_un_acto_legislativo)/noti-120622-01(puede_el_presidente_de_la_republica_objetar_un_acto_legislativo).asp?CanV=485&IDobjetose=12658
  2. Ibíd.
  3. ÁMBITO JURÍDICO. Las dudas jurídicas sobre el futuro de la reforma a la justicia. 22 de junio de 2012. En: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120622-07(las_dudas_juridicas_sobre_el_futuro_de_la_reforma_a_la_justicia)/noti-120622-07(las_dudas_juridicas_sobre_el_futuro_de_la_reforma_a_la_justicia).asp?Miga=1&IDobjetose=12665&CodSeccion=84
  4. EL ESPECTADOR. Reforma a la justicia: Los secretos de la conciliación. 23 de junio de 2012. En: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-354949-reforma-justicia-los-secretos-de-conciliacion
  5. Ibíd.
Anuncios
 
Deja un comentario

Publicado por en octubre 19, 2012 en Opinión Pública

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: