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DE NARCOGUERRILLA DERROTADA A ACTOR POLÍTICO DE PRIMERA LÍNEA

31 Oct

En estos tiempos de fiebre de paz resulta una herejía para los círculos gubernamentales y la clase política colombiana cuestionar el proceso iniciado en Oslo y que continuará este 15 de noviembre en La Habana; el más suave de los calificativos que se endilgan a quien cuestione u opine en contravía a los gurús de la paz es de “guerrerista”, “enemigo de la paz” o los que ha utilizado el mismo presidente al señalar de “dementes” o “rufianes de barrio” a los que no encuentran razón ni siquiera para el optimismo moderado frente al proceso.

En 1998, cuando se impuso la llamada zona de despeje del Caguán, las Farc-ONT contaban con algo más de 30.000 terroristas en filas y milicianos urbanos, para la opinión mundial Colombia era un “Estado fallido” y se advertía de la escisión de su territorio en dos repúblicas, una controlada por las fuerzas legítimas y otra por las organizaciones narcoterroristas. Sin ambages los cabecillas de las Farc-ONT presumían de pasar a una nueva fase de la guerra popular prolongada por haber alcanzado el equilibrio con las fuerzas del Estado, la toma de Bogotá y el establecimiento del socialismo parecían ser el próximo objetivo por alcanzar.

Los sangrientos golpes a instalaciones militares, la toma de secuestrados en el personal militar y policial para presionar el canje por terroristas presos en las cárceles, el secuestro de personalidades políticas y la proliferación del secuestro económico (mediante la llamada ley revolucionaria 002 de las Farc-ONT); la incertidumbre y el terror en las poblaciones civiles amenazadas con bombardeos indiscriminados si no exigían el retiro de las bases militares y policiales de sus poblados o barrios, hacían presagiar el inminente derrumbe de la institucionalidad nacional.

La interminable procesión de personalidades políticas, sociales, económicas, de los medios de comunicación, a San Vicente del Caguán, a rendirles cuentas a los cabecillas de las Farc-ONT contribuían a fortalecer esa imagen. Las Farc-ONT sacaban el mejor provecho del cuarto de hora para fortalecerse en reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, de sicarios atraídos por la oferta de una jugosa paga, así como en la adquisición de armas sofisticadas y la introducción de instructores del terrorismo internacional para perfeccionarse en el manejo de explosivos y armas no convencionales. Mientras tanto el gobierno seguía jugando a la falacia de una negociación.

Debe reconocerse sin embargo, como un acierto del gobierno de Andrés Pastrana, la proyección y ejecución del Plan Colombia, que permitiría posteriormente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez adoptar una estrategia integral, político-militar, a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que una vez terminada la zona de despeje, permitió que las FF.MM tomaran rápido control de las áreas geográficas que habían sido entregadas a las narcoguerrillas.

En poco menos de 10 años el Estado a través de sus soldados y policías alcanzó lo no logrado en más de 40 años de vigencia de la amenaza narcoterrorista, reducir a las prepotentes Farc-ONT a su condición primigenia de guerra de guerrillas con menos de la mitad de los efectivos con que contaba en febrero de 2002, causando bajas importantísimas en los llamados miembros del Secretariado que se habían rodeado de un halo de intocables y obligándolos a refugiarse en las profundas selvas o en poblaciones de las vecinas repúblicas de Venezuela y Ecuador; en este último país, debe recordarse, fue precisamente dado de baja alias Raúl Reyes, el tenebroso bandido que debía suceder a Tirofijo.

No sólo se golpeó físicamente a todas las estructuras criminales, logrando la desaparición de muchas de ellas en la región Caribe, en el Urabá, en Cundinamarca y otras regiones, sino que se propinó el más duro golpe psicológico mediante la Operación Jaque que permitió la liberación incruenta de Ingrid Betancur, tres asesores norteamericanos y 7 militares y policías secuestrados por largo tiempo por los narcoterroristas.

Se desintegraron completamente los canales de mando y comunicaciones de la organización criminal y las desmovilizaciones de sus miembros fueron numerosas como producto de la desmoralización que cundió entre sus filas; en Caldas, Valle y otras regiones los desmovilizados confesaban que llevaban días sin probar bocado como fruto del acoso del Ejército Nacional y que las condiciones de vida en las estructuras delincuenciales se habían endurecido por el miedo y la paranoia de mandos de toda naturaleza que sin causa incluso estaban asesinando a los miembros de cuadrillas y frentes.

La consolidación de estas victorias militares se vio obstaculizada por la falta de acción de otros organismos del Estado que debieron estar presentes, especialmente del poder judicial que de un momento a otro se convirtió en crítico de la acción militar e invocando un garantismo exacerbado no dudaba en devolverle la libertad a los terroristas capturados y en aceptar toda falsa denuncia para señalar presuntas y no probadas violaciones a los DD.HH o al DIH. La guerra jurídico-política fue alimentada desde los medios de comunicación y el término “falsos positivos” acuñado por el entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos, se convirtió en sinónimo para calificar toda baja o captura sufrida por la banda narcoterrorista.

Con estos nefastos antecedentes fue precisamente Juan Manuel Santos el elegido supuestamente para continuar con el proceso de la PDSD, pero en poco menos de un año y cuando aún faltaba mucho para consolidar la victoria militar, sin razón les devuelve el protagonismo político mediante negociaciones secretas y con la expedición de normas que favorecen la reincorporación social y política incluso a los autores intelectuales o materiales de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a la luz del derecho internacional.

Como fruto de esas negociaciones las Farc-ONT se envalentonan de nuevo y reactivan sus cuadros del Partido Comunista Clandestino PC3 para dar nacimiento a la llamada Marcha Patriótica, como expresión política legítima de presión por las vías de hecho a las instituciones democráticas; sin haberse dado las condiciones mínimas que demostraran la voluntad de paz de la banda criminal, la presidencia anuncia la apertura de un proceso de diálogo y negociación que comenzó es Oslo, Noruega, y continuará en La Habana supuestamente sobre cinco puntos fundamentales.

Pero las Farc-ONT han mostrado su talante tramposo y falaz, de entrada introdujeron puntos que no hacen parte de los acuerdos previos para proclamarse como víctimas del Estado y exigir una reforma total del Estado para acomodarlo a los enunciados del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. De un momento a otro, como quien se gana un Baloto, las Farc-ONT recuperaron un papel político de primera línea y hoy se presentan como una fuerza militar fuerte y en capacidad de mantener su guerra contra el Estado si los negociadores del gobierno no se pliegan a sus condiciones.

Es un hecho que las Farc-ONT estaban encaminadas a convertirse en una banda criminal común dedicada al narcotráfico y el terrorismo, así ya lo había reconocido la comunidad mundial, su proceso de desintegración sólo podía ser acelerado intensificando la acción militar contra las estructuras remanentes, pero es evidente que este proceso se detiene con la oxigenación que les brindad los acuerdos secretos y el llamado marco jurídico para la paz que sin razón blinda a los responsables de los peores crímenes en la historia colombiana frente a la acción judicial del Estado y de la sociedad.

El gobierno colombiano destapó prematuramente sus cartas. Desatendiendo una norma básica enunciada por Sun-Tzu y que señala que el enemigo no debe saber dónde me propongo a librar batalla, porque si no lo sabe, deberá estar preparado en muchos sitios diferentes. Al dejar ver desde su posesión que la paz iba a convertirse en una obsesión, el presidente Santos permitió que las Farc-ONT activaran sus aparatos políticos tratando de evitar la inevitable y total derrota militar, reposicionándolos políticamente en lo interno y en el campo internacional, concediéndoles una ventaja injusta y ese es el primer alto precio que la sociedad colombiana deberá pagar en este proceso endeble.

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Publicado por en octubre 31, 2012 en Opinión Pública

 

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