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LA CAPITAL COLOMBIANA AL BORDE DEL COLAPSO

25 Nov

Por obra de la prepotente actitud del alcalde capitalino la ciudad está al borde del colapso en materia de movilidad y atención a los servicios de aseo y saneamiento ambiental; argumentando que atiende una sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-724/03), Gustavo Petro ha generado una situación de caos institucional que incluye manifestaciones políticas para sustentar su posición.

El Alcalde desconoce el mismo ordenamiento constitucional cuando manifiesta que no permitirá que la empresa privada siga manejando la recolección y disposición de residuos (7.000 Ton. diarias), agregando a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado la prestación de este servicio público domiciliario.

El populista fallo constitucional ha alimentado el ego demagógico del alcalde en perjuicio de los intereses generales de los ciudadanos capitalinos; debe recordarse que esa sentencia anuló el proceso licitatorio para la recolección de basuras señalando que las condiciones en los pliegos no respetaban el principio de igualdad,  ni se garantizaba que todas las asociaciones de recicladores tuvieren acceso a utilidades ciertas y periódicas.

Valiéndose de esa afirmación Petro le ha declarado la guerra a la empresa privada y a la “oligarquía”, señalando que las empresas que venían prestando el servicio eran de mafiosos vinculados a los paramilitares y afirmando que prestará el servicio a través de un monopolio público conformado únicamente por recicladores.

Desconociendo el principio de la libre competencia el alcalde ha amenazado con medidas de policía a los prestadores privados que insistan en atender las necesidades de la ciudad después del 18 de diciembre, sin tener en cuenta que la apresurada e improvisada decisión de asignarle a la EAAB la prestación del servicio no está respaldada por la infraestructura adecuada; a menos de 15 días de entrar a operar, la EAAB no tiene el parque automotor o la planta de personal que garantice la prestación del servicio en los términos que ordena la Constitución en los arts. 365 y s.s. y en lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y sus normas complementarias.

El alcalde de Bogotá y su equipo hacen una interpretación amañada con claros fines politiqueros y populistas de la sentencia de la Corte, generando innecesarias confrontaciones por razones socio-económicas entre la población y los diversos sectores involucrados en el tema; la inmoral movilización de sindicatos de trabajadores distritales y de recicladores con la que Petro inmovilizó el pasado jueves a la ciudad en un supuesto respaldo popular a sus decisiones, es sin lugar a dudas un acto que puede constituir una grave violación al régimen disciplinario de los servidores públicos y que debe concitar la urgente atención de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

La administración distrital está manipulando groseramente vacíos reglamentarios de la Ley 142/94; en efecto, la Comisión de Regulación de Agua potable y Aseo CRA, ha omitido la reglamentación de la forma como debe desarrollarse la competencia en el servicio de aseo, lo que en Bogotá implica una discusión interpretativa sobre la continuidad de los anteriores operadores que lo prestaban en la modalidad de concesión y no por las normas de demanda y oferta de libre acceso a los suscriptores o usuarios, es decir de libre mercado o libre competencia.

Lo que si debe quedar claro es que la protección a la población vulnerable de que tratan las sentencias T-724/03, T-291/09 y el Auto No. 275 de 2000, no implican la eliminación de la prestación del servicio a cargo de empresas privadas y la imposición de un monopolio público, mucho menos una carta blanca al alcalde para expropiar sumariamente los bienes y el capital de las empresas que prestan actualmente el servicio como si el Estado social de derecho pudiese ser reemplazado por una dictadura socialista por la vía jurisprudencial o administrativa.

La administración distrital no puede seguir actuando irresponsablemente generando una situación de conflicto social al estimular el odio de clases como lo viene haciendo repetidamente el alcalde en sus intervenciones demagógicas, como tampoco generando una crisis de sanitaria y ambiental de consecuencias desastrosas para la salud pública, es un hecho que esa irresponsabilidad es contraria a los principios de solidaridad y de responsabilidad social que no consultan el bienestar general con fin supremo del Estado social de derecho.

Ya es hora de que las autoridades nacionales y los órganos de control pertinentes tomen las medidas necesarias para evitar el colapso de Bogotá, D.C. que indudablemente afectaría a toda la Nación colombiana.

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Publicado por en noviembre 25, 2012 en Opinión Pública

 

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