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LA DENUNCIA DEL PACTO DE BOGOTÁ Y SUS IMPLICACIONES

29 Nov

Con la denuncia del Pacto de Bogotá empiezan a surgir pronunciamientos a favor y en contra de la decisión tomada por el Gobierno Santos. La crítica gira principalmente ante la falta de previsión política, por no haber tomado la decisión de retirarse de dicho Acuerdo desde hace una década. Esto hubiera hecho inefectiva la demanda de Nicaragua. 

El Pacto de Bogotá solamente ha sido ratificado por 15 países, de las 21 que fueron firmantes. Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, entre otros, han presentado sus reservas debido a las consecuencias que acarrea. Expertos como Ricardo Abello Galvis, de la Universidad del Rosario, confirma que la renuncia al Pacto no modifica en ningún momento el fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia, las fronteras marítimas se mantendrán. Dicho tratado solo dejara de ser efectivo en un año.

El único objetivo de renunciar a este Pacto es con el fin de evitar que Nicaragua o cualquier otro país demanden a Colombia por más territorio o, en el caso nicaragüense, por mayor plataforma continental. Otros sectores han manifestado su apoyo a la iniciativa considerando que los líderes colombianos deben tomar más este tipo de decisiones y no olvidar el interés nacional de país que es mantener su soberanía en todo el territorio nacional.

José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, afirmó que el retiro de Colombia “acarrea un daño para el sistema interamericano. Lo que yo siempre he tratado es lograr que la mayor parte de estados latinoamericanos y del Caribe y también de América del Norte suscriban y ratifiquen los tratados de la organización por lo tanto siempre una salida es un prejuicio, siempre ciertamente es un daño”[1].

A nivel internacional se podría interpretar que Colombia se está alejando de su trayectoria diplomática; sin embargo, el Presidente Santos ha sido enfático al afirmar que se mantendrán los “procedimientos pacíficos”, para solucionar las diferencias. “Los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas queden fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional  de Justicia”[2], aseveró el mandatario.

La gran mayoría de sectores apoyan la decisión del Gobierno en tanto que es una forma para independizarse y lograr mayor libertad en la defensa de la soberanía nacional. Por primera vez se toman decisiones radicales en materia de política exterior, las cuales serán determinantes para evitar continuar con una historia de falta de determinación y demasiado apego al derecho internacional.

Ante la decisión tomada, ahora el servicio exterior colombiano deberá desarrollar y fortalecer mecanismos para canalizar posibles diferencias limítrofes a través solo de tratados, un desafío que necesariamente implicará un mayor profesionalismo del servicio exterior colombiano. Ojalá sea visto como una oportunidad para acabar con los nombramientos a dedo y utilizar gente con verdadera experiencia que sepa realmente que las relaciones internacionales son una herrami

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Publicado por en noviembre 29, 2012 en Opinión Pública

 

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