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EL TEMA DEL FUERO MILITAR

30 Nov

EL TEMA DEL FUERO MILITARSe equivocan quienes conciben el tema del fuero militar como algo relacionado únicamente con el fin del conflicto interno y las consecuencias jurídicas de su desarrollo en los últimos años; ver de esta manera obtusa la definición de las garantías legales que los miembros de las FF.MM y de Policía requieren, es circunscribirlo únicamente al capítulo de los llamados “falsos positivos”, como erradamente lo hacen organismos defensores de DD.HH tanto nacionales como internacionales. Incluso la ONU peca por esta pobre visión.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la figura jurídica del fuero militar no es un capricho de última hora para ver cómo se salva el pellejo de militares comprometidos con delitos que el D.I.H. califica como de lesa humanidad; esta figura existe constitucionalmente en el país desde 1886 y así fue recogida por la Constitución del 91. La misma proviene de la tradición militar heredada de la colonia española y tuvo plena vigencia en los ejércitos libertadores.

Su desarrollo y necesidad es magistralmente descrito por la Dra. Jenny del Carmen Cermeño Petro en su tesis de grado: Los miembros de la fuerza pública son personas que en la mayoría de los casos, desde adolescentes se deben a la vida castrense, tanto física como mental y espiritualmente, se capacitan día tras día en aras a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la defensa de la Constitución; de quienes por ende, se exige un elevado patriotismo, hasta el punto de renunciar a sus intereses familiares y a los suyos propios y de quienes se espera el sacrificio de su vida en defensa de los intereses patrios[1].

Adicionalmente tienen condiciones especiales frente a los demás ciudadanos del común, tales como la obediencia debida, la autorización para portar armas de la República, el no derecho al sufragio, entre otros. Por ello, nada más justo que en el momento de incurrir en una conducta punible, éstos tengan la garantía de ser investigados y juzgados por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar. Es por esta razón que la existencia del fuero y de la justicia penal militar es totalmente esencial, puesto que quien mejor que los mismos militares, compañeros de armas, para juzgar las consecuencias de una determinada acción y emitir un fallo justo del cual se desprenda para el militar infractor la sanción o absolución correspondiente[2].

Un juez desvinculado de la vida castrense, está muy distante de valorar en su real dimensión la conducta motivo de investigación y juicio, desconoce la estructura militar y no puede comprender el alcance de algunas virtudes y deberes que traspasan los límites de lo normal, tal es el caso de algunas conductas que para los particulares ni siquiera tendrían trascendencia disciplinaria, pero que en materia militar son connotados como delitos, tales como la deserción, la desobediencia, el abandono del puesto, entre muchas otras que atentan contra la estructura misma de la fuerza pública, de la cual forman parte importante el servicio y la disciplina[3].

Ni la norma constitucional, ni la propuesta de reforma de la misma contemplan la inclusión de delitos cometidos fuera de los actos de servicio por el personal militar, mucho menos de aquellos calificados como de lesa humanidad, lo que se busca es crear normativamente las garantías sobre lo que es considerado el juez natural dentro del mandato universal del debido proceso para el militar o policial activo.

La distorsión del alcance del fuero penal militar ni siquiera deriva de la interpretación de la norma constitucional, sino de una acto interadministrativo suscrito por el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación que sustrajeron inconstitucionalmente a la justicia penal militar de la etapa investigativa de aquellos delitos que pudieren implicar violación a los DD.HH y al D.I.H., trasladando esa facultad a la Fiscalía y a la justicia ordinaria.

Ya la Corte Constitucional en Sentencia C-1054/01 al consagrar la función instructiva del Juez de Instrucción Penal Militar había indicado que la Carta señala que en principio corresponde a la Fiscalía General la investigación e instrucción de los delitos, pero la Constitución establece también el fuero militar, en virtud del cual, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio son conocidos por la justicia penal militar. Una armonización de esos dos mandatos implica, como esa Corte lo ha señalado, que el fuero militar es una excepción a la regla general, según la cual corresponde a la justicia penal ordinaria la investigación y sanción de los delitos.

Precisamente por tal razón, el propio artículo 250 de la Carta, al establecer que corresponde a la Fiscalía General la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores, exceptúa de tal competencia los hechos punibles amparados por fuero militar, esto es, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio. La propia Carta establece que no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan cometido delitos en relación con el servicio.

El ataque contra el fuero penal militar es de vieja data y tiene origen en una intención política de desproteger al personal militar y policial en un conflicto asimétrico como el que ha vivido Colombia. Órganos que dicen llamarse defensores de los DD.HH han trabajado arduamente porque militares, policías y personas pertenecientes a los grupos armados ilegales GAI, sean tenidos como iguales frente al derecho penal. Estos GAI, expertos en la perfidia, obtienen más triunfos contra la Fuerza Pública en los estrados judiciales que en el campo de batalla y esto es lo que quiere convertirse en norma general.

La andanada de ataques contra el proyecto de reforma constitucional del art. 221 de la Carta tiene un fin político innegable. En cumplimiento de las directrices del Foro de Sao Paulo y previendo una etapa posconflicto, la izquierda internacional busca crear las condiciones de sometimiento de las FF.MM y de Policía a los particulares intereses del llamado socialismo del siglo XXI bajo la amenaza de judicializar por crímenes de guerra a quienes hayan combatido a los grupos terroristas, experiencias duramente vividas en Argentina, Chile y otros países del cono sur latinoamericano.

Quebrantada la moral militar bajo esa especial coacción, es fácil constituir a los Ejércitos en instrumentos de poder del neocomunismo como puede apreciarse en algunos países vecinos. Ojalá esta realidad sea plenamente entendida por los parlamentarios que hoy deben definir el tema en el Congreso de la República.


  1. CERMEÑO PETRO, Jenny del Carmen. El fuero penal militar en Colombia. Tesis de Grado. Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Departamento de Derecho Penal.  Bogotá, D.C. 2004. En: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS48.pdf
  2. Ibíd.
  3. Ibíd.
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Publicado por en noviembre 30, 2012 en Opinión Pública

 

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