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¿DEFENSORES DE QUÉ?

02 Ene

jpgSólo en la febril mente de los trasnochados marxistas-leninistas puede caber la justificación del secuestro de miembros de la Policía Nacional por parte de las organizaciones narcoterroristas. Tal aberración en la interpretación del Derecho Internacional Humanitario es reproducida hoy por el diario El Tiempo cuando señalando a presuntos defensores de los derechos humanos dice que la “retención –secuestro por parte de las Farc-, de los dos policías no puede considerarse una violación a las convenciones de Ginebra porque, aun, si iban de civil, estaban investigando extorsiones de las Farc y dentro de las leyes de la guerra esto los convierte en parte del conflicto”[1].

Por su parte José Miguel Vivanco, vocero de Human Rights Watch, aunque no avala totalmente ese exabrupto, señala desconociendo la realidad de la naturaleza constitucional de la Policía Nacional de Colombia, que solo en casos cuando los policías “están participando directamente en las hostilidades y se encuentran armados y uniformados” podrían ser sujetos de una retención pues en dichas circunstancias se les consideraría “combatientes”[2].

La Constitución Política de Colombia en su art. 218 define taxativamente que la Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, de tal manera que si el ejercicio de sus funciones constitucionales, entre ellas prevenir e investigar la comisión de delitos que alteren esa convivencia, los convierte en parte del conflicto, todos los servidores públicos de Colombia y quienes asuman papeles de defensa de esos derechos y libertades públicas serían considerados combatientes y por ende objetivo criminal de la narcoguerrilla.

Tanto estos pseudodefensores de los derechos humanos que acuden en defensa de la posición adoptada por las Farc en los diálogos de La Habana como HRW incurren en un error craso, en Colombia no hay un conflicto armado reconocido legalmente por la comunidad internacional, que por el contrario califica a las Farc como una organización terrorista, por lo tanto no le son aplicables los principios de la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, especialmente el Protocolo II. No importa que el presidente Santos por conveniencia política haya dado la denominación de conflicto armado a la amenaza narcoterrorista en el llamado marco jurídico para la paz, no hay un reconocimiento real por el derecho internacional humanitario de tal situación aunque esa normatividad sea obligatoria para quienes defienden la patria de los enemigos internos y delincuentes de toda laya que amenacen o agredan los principios de convivencia social.

Mucho menos puede hablarse en Colombia de conflicto a la luz de los DD.HH. En el marco de los DD.HH no hay combatientes, no hay objetivos militares, ni tampoco ventaja militar. En DD.HH no existe el término “enemigo”, puede haber delincuentes o incluso terroristas; a ellos no se les combate, ni se considera darlos de baja, solo se les puede detener en flagrancia o por orden judicial[3].

Y esto es a lo que maniqueamente juegan estas organizaciones de bolsillo del narcoterrorismo. Mientras al Estado se le exige aplicar las normas de los DD.HH. en el combate a las organizaciones criminales pero con respecto a los delitos cometidos por las mismas, como el secuestro de militares, policiales y personal civil por cualquier razón, se habla de la aplicación del D.I.H. y los Convenios de Ginebra.

Así, en el DIH, la proporcionalidad es un principio de resultado, es decir independiente de los medios (legales) empleados, el resultado de su ataque y los daños causados, deberá ser justificado con base en el principio de la necesidad militar y el derecho internacional humanitario no le ha dado reconocimiento militar a ninguna organización terrorista del mundo, entre las cuales, repetimos, se encuentran calificadas las Farc y el Eln, de tal manera que el secuestro de cualquier persona no es otra cosa que la comisión de un delito de lesa humanidad.

Ante esta nueva arremetida jurídico-política que quiere legitimar las acciones criminales de las Farc es deber de todos los colombianos cerrar filas en defensa de nuestras instituciones democráticas y el Estado social de derecho. Militares y policías no tienen por qué ni pueden asumir todas las responsabilidades que implica enfrentar una realidad que, como la colombiana, tiene tantas aristas. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía son los responsables, por tener el monopolio de las armas, de defender a quienes habitan en el territorio nacional al igual que sus bienes. Pero el enfrentamiento es de todos los colombianos y de todos depende salir del torbellino de violencia[4] exigiéndole a las Farc el respeto por la vida, la libertad y los bienes de todos los ciudadanos incluidos nuestros soldados y policías.

 


  1. EL TIEMPO. Policías solo pueden ser retenidos si participan en hostigamientos. Política. Viernes 1 de febrero de 2013. En: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com
  2. Ibíd.
  3. DIÁLOGO DE LAS AMÉRICAS. Un Conflicto Legal: ¿Derechos Humanos O Derecho Internacional Humanitario?  Abril 1 de 2012. EN: http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/regional_panorama/2012/04/01/feature-pr-18
  4. Ibíd.
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Publicado por en enero 2, 2013 en Opinión Pública

 

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