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LA ENCRUCIJADA VENEZOLANA

09 Ene

LA ENCRUJADA VENEZOLANAA medida que se acerca el 10 de enero la tensión política y social crece en el vecino país; al vacío de poder que implica la ausencia temporal del caudillo gobernante se suma un vacío jurídico por las interpretaciones que quieren dársele desde las distintas orillas a los artículos constitucionales que hablan de la posesión del presidente y su juramentación en caso de una ausencia temporal como la que se presenta por su estadía en Cuba a raíz de las complicaciones de su salud.

A pesar de las interpretaciones del Presidente de la Asamblea Nacional Dios Dadocabello y la Procuradora General Cilia Flórez, esposa del Vicepresidente Nicolás Maduro, quienes califican como un simple “formalismo” la disposición constitucional que obliga al reelecto presidente Hugo Chávez asumir su nuevo mandato el próximo 10 de enero y para sustentar su posición argumentó: “El Presidente ya fue electo por la mayoría del pueblo, el Presidente incluso está juramentado y hay una continuidad con el período que está culminando”, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que señala que “El inicio de la acción de Gobierno depende de la correspondiente toma de posesión”, como lo declaró en mayo de 2009 la Sala Constitucional, luego de analizar un recurso que un legislador oficialista de Carabobo interpuso contra la decisión del ex gobernador de la entidad, Henrique Salas Feo, de asumir su cargo, para el período 2008-2012, ante un juzgado contencioso administrativo y no ante el Consejo Legislativo de la entidad central.

“Resulta patente que el acto de juramentación del jefe del ejecutivo estadal constituye una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura estadal y, por tanto, condiciona la producción de los efectos jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes político territoriales, a saber, la función ejecutiva del Gobernador electo y, el consiguiente, desarrollo de las facultades de dirección y Gobierno de la entidad”, agregó la intérprete de la Carta Magna en su sentencia 626, que redactó el magistrado Francisco Carrasquero López.

Pero este no es el único pronunciamiento que el TSJ ha realizado en los últimos años sobre este asunto. Así, por ejemplo, la Sala Electoral, en su dictamen número 59 del 31 de mayo de 2005, declaró  que “no podrá considerarse completado o finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo”.

Al analizar un conflicto que se presentó entre las autoridades salientes y entrantes de una asociación de vecinos, el máximo juzgado agregó: “El sufragio, tanto en sentido activo -elegir- como pasivo -ser elegido-, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional”.

No puede entonces ahora pretenderse que la exigencia constitucional opera en algunos casos y no en aquellos que puedan resultar desfavorables para el partido de gobierno, el PSUV, y que para ello se imponga el criterio de unos funcionarios pertenecientes al mismo, cooptados por el ejecutivo y como en el caso de la Procuradora vinculados parentalmente con quien fue designado por el caudillo como su sucesor para el evento de no poder asumir el mando en la fecha señalada por la Constitución.

Resulta inconcebible para los principios de la democracia que el presidente del Legislativo y la cabeza del importante órgano de control quieran desconocer el espíritu del mandato constitucional, suficientemente aclarado por el TSJ, y recurran a las vías de hecho llamando a la movilización de las masas chavistas para imponer esa decisión, lo que constituye a todas luces un rompimiento del orden constitucional en Venezuela y un verdadero golpe de estado contrario a la Carta Democrática de la OEA.

Pero aún más sorprendente es que el Foro de Sao Paulo se moviliza para apoyar la descabellada idea y Brasil sea el primer país en pronunciarse oficialmente apoyando la tesis de la posesión como un formalismo. Varios países del club socialista del siglo XXI serán representados en los actos golpistas del 10 de enero en Caracas, incluso el gobierno colombiano anunció el envío de un delegado de alto nivel a los mismos si Chávez no puede posesionar ese día, caso en el que asistiría el presidente Santos.

Debe recordarse que en los casos de Honduras y Paraguay la OEA consideró que hubo rompimiento del orden institucional al destituir en los órganos legislativos a los entonces presidentes Zelaya y Lugo, pese a que se aplicaron estrictamente las normas constitucionales de esos países en los respectivos procedimientos. Habrá que esperar entonces qué opinión le merece al organismo regional el que el rompimiento de ese orden ya no sea por decretos o actos legislativos como ocurrió en los casos citados sino por la interpretación subjetiva y acomodaticia de unos funcionarios con la amenaza de la asonada popular si las mismas no se aceptan.

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Publicado por en enero 9, 2013 en Opinión Pública

 

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