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HISTORIAS PARA LA INFAMIA

10 Ene

HISTORIAS PARA LA INFAMIALo actuado por la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo del anuncio del fiscal Montealegre a finales del año anterior sobre su decisión de priorizar los procesos por los llamados “falsos positivos”, se refleja ya en la decisión de segunda instancia tomada en el caso del señor S.M. Pedro José Guarnizo Ovalle como ocurrió en el del ex diputado Sigifredo López, pasarán a las páginas de la infamia de la historia judicial colombiana; ambos casos han ocurrido bajo la dirección de Montealegre del ente investigador.

Los identifica el que los procesados vieron la libertad después de muchos años de secuestro por parte de las narcoguerrillas de las Farc y gracias a las operaciones militares adelantadas con éxito por nuestro Ejército Nacional, en ambos casos surgen falsos testimonios provenientes de personas vinculadas o que estuvieron vinculadas a las Farc o a organizaciones que les hacen apología, ambos casos se convierten en la venganza de los terroristas contra quienes fueron sus cautivos.

Cierto es que contra el señor S.M. Pedro José Guarnizo Ovalle se trata de una decisión de segunda instancia que ratifica una condena previamente impuesta de manera sesgada a 33 años de prisión por su supuesta participación en la muerte de cuatro (4) personas, una de ellas el hermano del tenebroso bandido Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, cuando él no se encontraba en el municipio de Puerto Unión (Meta) en noviembre de 1992; para la fecha de los hechos en ese municipio él estaba en una comisión en un sitio llamado Las Cumbres y de allí había salido para el municipio de El Dorado (Meta) y nunca más regresó a Puerto Gaitán.

Nada le importó a la Fiscalía, el Juez de primera instancia y al Tribunal Superior de Villavicencio la imposibilidad material de atribuirle responsabilidad penal al señor S.M. Pedro José Guarnizo Ovalle por que se probó que no estaba en el lugar de los supuestos homicidios agravados, sólo tuvieron en cuenta las declaraciones de una señora Olga María Triana, presidenta de la ONG Damas Demócratas del Alto y Medio Ariari, quien tampoco residía ni se encontraba en Puerto Unión para la fecha de los hechos, sino que como testigo de oídas señala que supo que cuatro (4) personas encapuchadas llegaron en un vehículo y cometieron la masacre, pero jura que una de ellas era el señor S.M. Pedro José Guarnizo Ovalle.

Tan endeble y al menos sospechosa prueba, pese a probarse que el señor S.M. Pedro José Guarnizo Ovalle no estaba en el lugar es la que sirve para repetir el secuestro contra el militar y estaba vez por el “Estado social de derecho” que aspira a mantenerlo secuestrado por 33 años.

Es de conocimiento público que en noviembre de 1992 operaban en esa zona, ubicada en límites entre Meta y Vichada, frentes de las Farc y una banda criminal conocida como los “carranceros”, que libraban una lucha a muerte por el control territorial de cultivos de narcóticos. El Ariari era además una zona estratégica de las narcoguerrillas, por el dispositivo militar que habían logrado estructurar, conformado por no menos de ocho frentes militares, y porque había sido en buena medida sede del Estado mayor  del  bloque  Oriental, EMBO, y del  Secretariado nacional, nada se movía ni ocurría sin el control de los terroristas, incluso el accionar de las ONG.

Las denominadas Damas Demócratas del Alto y Medio Ariari fue una ONG adscrita al MOVICE de Iván Cepeda y su tarea era la de denunciar cualquier acción militar contra las Farc como una acción contra campesinos o pobladores de esa región, sus testimonios están en todo caso sesgados por su orientación política e ideológica afín a las narcoguerrillas tanto como presentar a bandidos dados de baja en operaciones militares legítimas como “víctimas inocentes del Estado”.

Como parte del bloque Oriental de las Farc operaba Henry Castellanos alias “Romaña” y es precisamente su hermano Leovigildo Castellanos y uno de sus hijos; históricamente se sabe de la vinculación familiar con las estructuras criminales en las regiones donde las Farc tuvieron control terrorista, como era el caso del Ariari, así que no sería de extrañar que la muerte de esas dos personas hubiere estado relacionada con la guerra entre estas estructuras y los “carranceros” por el control territorial, lo que tiene más visos de credibilidad que la versión acomodada de una testigo de oídas  que ni siquiera residía en el lugar de los hechos.

Como este hay cientos de casos de militares arbitrariamente privados de la libertad por casos montados por la misma Fiscalía, como se ha demostrado en algunos de ellos, donde los funcionarios que dirigen las investigaciones compran con dinero o prebendas, coaccionan testimonios e incluso fabrican testigos para condenar militares o policiales y ganar reconocimientos a su trabajo como representantes del ente acusador.

Muy poco puede esperarse entonces de la reforma al fuero militar si desde su misma aprobación el Fiscal General anuncia una andanada contra los miembros del Ejército para demostrar que para él lo único válido es el infame e ilegal acuerdo administrativo de su antecesor y un ministro de defensa cuyo nombre es mejor olvidar y por el cual pusieron bajo la garra de fiscales a quienes no les importa violar la ley para obtener sus objetivos como lo demuestra el injusto, costoso y largo paro que amenazan recomenzar al volver de la vacancia judicial.

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Publicado por en enero 10, 2013 en Opinión Pública

 

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