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PORQUE LAS ONG DE IZQUIERDA Y LA CIDH SE OPONEN A LA REFORMA DEL FUERO MILITAR

10 Ene

PORQUE LAS ONG DE IZQUIERDA Y LA CIDH SE OPONEN A LA REFORMA DEL FUERO MILITARMientras la defensa de las instituciones militares se mueve a pasos de caracol, las ONG de izquierda (MOVICE, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo) y algunos políticos y funcionarios vinculados ideológicamente al neocomunismo, lo hacen como leopardos. El ataque ahora se dirige al acto legislativo que excluyó algunos delitos considerados de lesa humanidad cometidos por militares aún en actos de servicio, que era algo no contemplado en el art. 221 de la Constitución.

Sus acciones tienen como centro de actividades otra ONG de carácter internacional como HRW y otras que se han caracterizado por ser especialmente críticas con las operaciones llevadas a cabo contra el narcoterrorismo, pero fundamentalmente en la CIDH que siempre, aún sin contar con el acervo probatorio suficiente, han condenado al Estado colombiano a partir de las denuncias impetradas por esas ONG criollas.

Una de las conductas que la CIDH ahora pretende que se incluyan como punibles y del resorte de la justicia ordinaria es la concerniente a las llamadas “detenciones arbitrarias”, pilar fundamental en la defensa de los terroristas en esta etapa de la guerra. Veamos por qué:

El argumento de que la captura arbitraria quede por fuera del ámbito de la Justicia Penal Militar es un distractor porque tal conducta punible no está definida en la ley penal colombiana (Sistema Penal Acusatorio), por lo tanto el acto legislativo que aclara y define el fuero militar no podía contemplarla.

El narcoterrorismo fundamenta sus acciones armadas contra la sociedad civil mediante la utilización de milicianos, esto es de individuos que sin pertenecer a las estructuras criminales que actúan como frentes o cuadrillas armadas permanentemente, desarrollan una actividad civil normal, trabajan, estudian y viven dentro de la población civil actuando como agentes de actividades terroristas, de extorsión, inteligencia y logística. Por estas mismas razones no son fácilmente detectables e individualizadas judicialmente como pertenecientes a las organizaciones narcoguerrilleras.

En las zonas rurales y pequeñas ciudades o municipios la narcoguerrilla utiliza la misma táctica e infiltra terroristas que se desempeñan como jornaleros, vendedores ambulantes y pequeños oficios, para desarrollar las mismas actividades criminales.

Usualmente son individuos que no pertenece a las estructuras de mando de las cuadrillas delincuenciales y mantienen un bajo perfil político y para proteger su identidad se camuflan como líderes sindicales, comunales o activistas de alguna ONG de defensa de DD.HH o movimientos culturales, ambientales e incluso desempeñando cargos públicos para obtener mejor información y desarrollar “desde adentro” la labor de minado de las instituciones.

Cuando en desarrollo de operaciones militares de registro y control alguno de estos elementos es capturado inmediatamente las ONG y los Colectivos se activan para denunciar públicamente que es una captura arbitraria contra un líder civil, un activista de los derechos humanos o un humilde campesino, indígena o trabajador.

La captura arbitraria en el derecho internacional humanitario es la que hace el Estado contra una persona por razones políticas y sin que medie orden judicial o se realice por autoridad competente. En Colombia, por ejemplo, las FF.MM no están facultadas como autoridad de policía judicial por lo que las capturas que realice de milicianos serían irregulares. El derecho a la libertad personal es un derecho fundamental que no puede ser restringido sino por autoridad judicial competente y por motivos previamente establecidos en la ley, ha señalado tradicionalmente la jurisprudencia y la doctrina en el país.

Aunque la legislación penal prevé la captura en flagrancia que puede llevar a cabo cualquier ciudadano o autoridad policial, existen limitantes temporales para que esta sea considerada legal, así si el capturado no ha sido puesto dentro de las 36 horas siguientes a disposición de la autoridad judicial esta será ilícita o arbitraria. En la práctica procesal se ha impuesto el criterio del “término de la distancia” que jueces y fiscales interpretan como la distancia física del sitio de la captura y el primer despacho judicial competente para conocer el caso.

Es fácil entonces entender que hay una imposibilidad material para que un individuo capturado en un sitio geográfico de condiciones extremas, que requiere medidas especiales para su extracción y transporte, sea puesto a disposición de la autoridad judicial en las condiciones que exige la norma.

Ahora y aun cuando puedan cumplirse los requisitos espacio-temporales en la captura, el argumento de reclamo es la ausencia de una orden judicial, de un reclamo judicial para que tal captura se llevara a cabo. Por ser una persona “de reconocida actividad civil” se argumenta que fue capturada en razón de su gestión por los derechos humanos, o gremial o comunal; como usualmente no hay registros de antecedentes penales y en virtud de la presunción de inocencia, los capturados argumentan que fueron llevados forzadamente al sitio del hecho criminal por la misma autoridad, o que pasaban por allí casualmente e incluso que habían sido secuestrados por los miembros de la estructura narcoguerrillera.

La autoridad judicial inmediatamente les otorga la libertad, aun cuando continúen vinculados al proceso y las ONG y Colectivos de Abogados mientras tanto han montado la denuncia nacional e internacional contra los miembros de las FF.MM que efectuaron la captura aduciendo persecución a los defensores de DDD.HH, a sindicalistas o campesinos o indígenas, labor para la que cuentan con la inmediata y obsecuente colaboración de fiscales o jueces que judicializan al militar provocando desazón en las filas oficiales para procesos de registro y control posterior.

 

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3 comentarios

Publicado por en enero 10, 2013 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “PORQUE LAS ONG DE IZQUIERDA Y LA CIDH SE OPONEN A LA REFORMA DEL FUERO MILITAR

  1. Esau Manuel Narváez Quiñonez

    enero 10, 2013 at 8:59 pm

    Buenas tardes, excelente como siempre su apreciación y los demás centarios de COLOMBIA OPINA. Quisiera hacer el siguiente centario. Las ONG de izquierda están desesperadas por la pérdida de flujo de caja, saben que han perdido mucho dinero que pagaron a presuntas víctimas para obtener el poder que les ptorharon a esos abogados para que entablaran las demandas a miembros de las FFMM, hoy saben que perdieron y no van a poder recuperar lo que invirtieron, por esto continuarán en su lucha ajigoneando desde el exterior contra las FM.

     
  2. rijecasopina

    enero 11, 2013 at 2:46 pm

    Comparto la apreciación de Esau Manuel pero no el optimismo de la misma. Esas ONG cuentan no sólo con los recursos propios sino con lo que reciben del exterior para sostener su labor de desestabilización de la institucionalidad militar como parte de los objetivos del Foro de Sao Paulo, como ningún organismo de control estatal puede revisar sus cuentas nadie tiene conocimiento de cuánto manejan. Preocupa no sólo lo que dijo el Fiscal Montealegre sino lo que ya está actuando, la jurisdicción ordinaria no va a aceptar el mandato del acto legislativo sino que mantendrá vivo el infame acuerdo del ex ministro Ospina y el ex fiscal Iguarán, pese a su declaración de ilegal, y ese es el camino que se les abrió como compensación a las ONG para que sigan actuando contra nuestro Ejército.

     
  3. Rosita Welcker Garcia Herreros

    enero 11, 2013 at 4:39 pm

    SI AL FUERO MILITAR NO AL COMUNISMO Y EL COLECTIVO ALVEAR SU FUENTE DE INGRESOS POR TRAICION A LA PATRIA LLENA DE ENGANOS Y MENTIRAS SI AL FUERO MILITAR TODOS UNIDOS VENCEREMOS.

     

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