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UNA CUESTIÓN DE CAPITAL IMPORTANCIA

03 Feb

UNA CUESTIÓN DE CAPITAL IMPORTANCIAEl tema de la seguridad ciudadana debe ponerse por encima de cualquier consideración política porque es un asunto que no distingue credos o militancias a la hora de afectar todo el tejido social y ser primera causa de pérdida de confianza en las instituciones democráticas en tanto hace nugatorio el principio constitucional de la convivencia pacífica y del respeto a la dignidad humana.

Bogotá ha sido históricamente, por su misma complejidad, una ciudad en la que sus habitantes viven permanentemente en la zozobra y el temor ante las acciones de la delincuencia de todos los pelambres, son loables los esfuerzos de las autoridades y de la Policía Nacional para rebajar los índices del delito en la capital, pero aterra pensar que las bandas de delincuencia común, pandillas o parches, están siendo subsumidos por la delincuencia organizada como lo demuestran las seis Localidades donde se concentra el 50% de los delitos cometidos en la ciudad y que tienen que ver especialmente con el hurto y las conductas conexas de homicidio y lesiones personales[1], delitos estos también relacionados con la guerra interna de la delincuencia para demarcar territorios para ejercer el microtráfico de narcóticos, el control de la prostitución, las casas de juegos y apuestas (que pululan ahora en todos los barrios sin importar el estrato o el uso del suelo), y otras actividades relacionadas.

No deja de ser preocupante, por ejemplo, que en la Localidad de Usaquén se hayan presentado dos hechos indicadores de la nueva realidad de la delincuencia en la ciudad: La masacre de cinco personas vinculadas a las organizaciones delincuenciales que ejercen su actividad preferencialmente en esa Localidad y la desaparición del patrullero de la Policía Jairo Alberto Díaz hace cinco (5) días cuando adelantaba labores propias de su función en un barrio de la misma. No menos preocupantes son los hallazgos en operativos policiales adelantados en el sector conocido como el Bronx, donde la miseria y el delito se conjugan para hacerlo uno de los más peligrosos de la capital.

Si bien dentro de los planes para complementar la estrategia de los cuadrantes ha dado algunos resultados positivos, habrá que buscar una explicación a lo que sucede en las seis Localidades señaladas dentro del mapa de riesgos y en las que actualmente hay 501 cuadrantes pero en las que en 2012 se registró el 69% de los homicidios cometidos en Bogotá y el 60% de los casos de lesiones personales[2].

Para entender el fenómeno del delito en Bogotá hay que romper ese odioso paradigma que pretende justificar la conducta punible por razones de pobreza o exclusión, los delitos relacionados con organizaciones criminales que controlan el microtráfico y otros injustos penales demuestran que quienes son sus autores y prohijadores no son precisamente personas carentes de recursos. Hay atenuantes para aquella persona que por extrema necesidad hurta un bien fungible, pero no pueden extenderse cuando las personas convierten el delito en un modo de vida como sucede por ejemplo con las bandas organizadas que se dedican al hurto en los establecimientos comerciales de grandes superficies, ellos no están obrando movidos por una necesidad vital sino por un afán de obtener un lucro ilícito y rápido.

De la misma manera la laxitud de las normas penales con relación a delitos cometidos por niños y adolescentes abre un boquete por el que la delincuencia organizada penetra el entramado social para hacer daño injustificado. La participación de menores de edad en la comisión de delitos como el homicidio y las lesiones personales va en aumento y los potenciales delincuentes no sienten temor de la norma penal porque se ha creado un aura de impunidad con relación a su responsabilidad penal y en el peor de los casos deberá someterse a medidas correccionales, no a penas, de muy corta duración.

En el 2010 la Policía capturó a 24.000 menores, y en el 2011 a casi 27.000. En 2012, durante los primeros ocho meses, iban 20.615 capturas. Y aunque el delito más común es hurto, seguido de tráfico y porte de estupefacientes y de armas, las estadísticas de homicidio son alarmantes[3]. Un país donde diariamente se están capturando dos menores vinculados a la ejecución de asesinatos debe repensar seriamente sus políticas criminales.

Pero no es cosa solamente de las autoridades políticas o de la Policía. Qué está pasando con la responsabilidad de los padres de familia con relación a las conductas delictivas de sus hijos menores de edad; la escuela ya fue desbordada y hoy los maestros configuran el mayor número de víctimas, por amenazas y agresiones, en el intento de controlar las conductas que pueden derivar en delitos, mientras los padres esperan que sean esos maestros o la policía la que asuma el papel de formadores de las conductas de sus hijos. Pero hay que ver cómo protestan y señalan al policía si uno de sus hijos es retenido cuando desarrolla esas conductas, ya sean contravenciones o delitos. Los medios se convierten en caja de resonancia frente a la denuncia de exceso policial cuando se involucran menores en delitos, peleas callejeras de pandillas, asonadas y vandalismo protagonizado por “barras bravas” o manipulados en algunas “protestas sociales” para atentar contra el mobiliario y los bienes públicos.

Desde el II Foro Interamericano de Seguridad y Convivencia Ciudadana realizado en el Perú en 2007, nuestras autoridades aprendieron una valiosa conclusión: La policía no puede responder por si sola a la criminalidad y al sentimiento de inseguridad, y que la prevención es tan importante como la represión. Pero sobretodo que los alcaldes deben asumir el liderazgo y la responsabilidad de la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Y ello no se trata de la superficial competencia por mostrar cuál ciudad tiene los índices más bajos de criminalidad que hoy aparece en los medios sin que ello sirva de consuelo al ciudadano del común, sino de demostrar la voluntad política necesaria para acabar de raíz con el fenómeno criminal, no de reducirlo.

Los ciudadanos tenemos una responsabilidad y un deber constitucional para combatir la criminalidad (Art. 90.7 Constitución Política), pero desafortunadamente nefastas experiencias en la recepción de las quejas o las denuncias por parte de las mismas autoridades de policía o la fiscalía desestimulan el cumplimiento de ese derecho-deber, eso no puede negarse y las instituciones deben revisar su actitud ante los procedimientos para superar la desconfianza existente y restablecer el nexo necesario ciudadano-Estado para ese fin.

Si se restablece esa confianza y teniendo en cuenta que la evolución y transformación de los delitos es permanente, las autoridades competentes podrán entender la magnitud y la importancia de contar con información confiable y en tiempo real  de lo que sucede en la ciudad y el país, así como la de aplicar un sistema de seguridad incluyente respecto al ciudadano de a pie, para cumplir los deberes que la misma Constitución les impone.

Es urgente pues revisar qué es lo que realmente le hace falta a Bogotá, y al país entero, para poder cumplir con uno de los principios fundamentales del Estado social de derecho: Garantizar la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos mediante el ejercicio de una verdadera convivencia pacífica asegurada por el Estado.


  1. EL TIEMPO. 350 policías refuerzan las 6 zonas de mayor criminalidad en Bogotá. Sábado 2 de febrero de 2013. En: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com
  2. Ibíd.
  3. EL TIEMPO. Cada año, 600 menores son capturados en el país por asesinatos. Justicia. 29 de agosto de 2012. En: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12178221.html
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1 comentario

Publicado por en febrero 3, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “UNA CUESTIÓN DE CAPITAL IMPORTANCIA

  1. LUIS JORGE PULIDO

    febrero 4, 2013 at 11:35 pm

    La desnaturalizacion del concepto de la LEGITIMA AUTORIDAD fenomeno que ha hecho metastasis en el organismo social en Colombia, tiene su explicacion en la creencia generalizada de los que piensan que quienes deben ejercerla constitucionalmente, esto es, las FFMM y de Policia son organismos de REPRESION y no de AUTORIDAD.Durante los gobiernos de Alvaro Uribe esta perversa concepcion no hizo curso,precisamente, por el enfoque acertado de LA SEGURIDAD DEMOCRATICA, abolida desde el inicio del gobierno de Santos.Ahora vemos a LA FUERZA PUBLICA cumpliendo un humillante y desmoralizador papel de meros espectadores frente a criminales y violentos que sabedores de las limitaciones y restricciones que los comandantes y directores dan a sus hombres, envalentonados los atacan y cuando finalmente responden en salvaguarda, inclusive de su propia vida, entonces, se les denuncia por represion y abuso de autoridad. Y lo mas aberrante,cuando finalmente hay detenidos y los entregan para judicializarlos, entonces los Jueces de Garantias los sueltan, por “falta de pruebas” asi aparezcan en fotos y videos, de toda clase.

     

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