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ECOS DE GUATEMALA

06 Feb

ECOS DE GUATEMALALo sucedido en el cono sur latinoamericano y que se repite hoy en Guatemala, es un aviso claro que debe tener en cuenta el gobierno colombiano en cualquier proceso de terminación del conflicto armado desarrollado por más de 50 años y que derive en acuerdos de paz. El gobierno, como representación política del Estado, no puede dejar cabos sueltos para que posteriormente quienes incitaron la guerra terminen como acusadores y jueces de las instituciones como las FF.MM y termine señalándose a estas como autoras de los actos de violencia vividos.

Y es que en ninguno de estos países los responsables de introducir tesis políticas que alentaban la violencia armada como mecanismo de lucha para acceder al poder ha sido llamado a responder penalmente por tal hecho, como tampoco han sido llamados a responder de igual manera quienes empuñaron las armas y fueron autores materiales de las acciones de terrorismo vividas desde los años 60 con diversa intensidad en los países del subcontinente; los acuerdos de paz se han cerrado con el perdón y olvido de lo que fueron llamadas “acciones insurgentes” pero se dejó abierta la puerta para juzgar y condenar a los militares que en nombre del Estado tuvieron que enfrentar por las armas a las organizaciones terroristas.

Colombia ya experimenta ese fenómeno con lo sucedido en torno a la recuperación militar del Palacio de Justicia en Bogotá sucedida en noviembre de 1986 luego de ser tomado por un grupo de terroristas que generaron la masacre de un elevado número de magistrados, trabajadores y visitantes de la edificación, así como la muerte y lesiones a soldados y policías. Los miembros de la organización terrorista M-19, financiados por el narcotraficante Pablo Escobar, que debían responder por la acción criminal fueron objeto de indulto por todos los delitos cometidos y fueron reintegrados con plenos derechos políticos a la sociedad mediante los acuerdos de 1990, pero hoy los militares que intervinieron en la acción legítima del Estado contra el ataque terrorista son objeto de persecución judicial incluso por la desaparición de terroristas durante las acciones de combate.

Y es que un proceso de paz para que sea completo debe contemplar la definición exacta de la génesis del conflicto, quiénes fueron los que comenzaron y el porqué de la respuesta del Estado, cuando esto no se da los victimarios, los que comenzaron el conflicto, fácilmente mutan a ser las víctimas aduciendo causas políticas o ideológicas como legitimación del terrorismo ante la falta de respuesta del Estado a supuestas o reales injusticias, con el agravante de que en el curso del conflicto han cooptado instrumentos del Estado, como el poder judicial, para cobrar vindicta posterior a la derrota armada que les impidió la toma del poder como pretendían.

La respuesta del Estado a la creación de las guerrillas comunistas aprovechándose de reductos de las desmovilizadas guerrillas liberales estuvo apegada al ordenamiento constitucional y legal, incluso no tuvo la contundencia merecida por consideraciones políticas de los diferentes gobiernos que no las vieron como amenaza y luego quisieron congraciarse con ellas a través de frustrados diálogos y negociaciones hasta el punto de que en 2002 las Farc y muchos analistas, llegaron a considerar que estaban en capacidad de pasar a una nueva fase de la guerra, hablándose entonces de Colombia como un país fallido.

La historia no ha sido escrita conforme a la verdad fáctica, la mismas virtudes de la democracia se convierten en sus debilidades cuando se permite que esa memoria histórica sea escrita por los ideólogos de la llamada combinación de las formas de lucha, permitiéndoseles excluir de responsabilidades en los hechos de violencia a sus auspiciadores y apologistas, como a quienes conforman las estructuras criminales, responsables del dolor y el sufrimiento del pueblo colombiano como de la prolongación de sus situaciones de pobreza y de miseria levantando su dedo acusador contra el Estado y sus instituciones por no haber permitido la violenta toma del poder que señalaron como objetivo a mediados de los años 50 por encargo del entonces Komintern soviético.

Así los narcoterroristas que mediante el asesinato, el reclutamiento forzado y otras prácticas constitutivas de delitos de lesa humanidad han sometido a comunidades indígenas, afroamericanas, humildes habitantes de apartadas poblaciones, a campesinos y ganaderos durante estos años, no sólo terminarían exonerados de cualquier responsabilidad por sus conductas sino convertidos por obra de los acuerdos en los nuevos legisladores y jueces para perseguir y condenar a quienes no pudieron vencer en el campo de batalla.  El delito, después de los acuerdos, no será el terrorismo sino el haberse opuesto a él y los crímenes no serán el haber iniciado la violencia contra el Estado, sino los que se consideren excesos por parte de quienes los confrontaron.

Esa falta de claridad y definición de responsabilidades políticas en la génesis de la violencia ya de por sí es una carga de profundidad contra el mismo proceso que puede ser el embrión de nuevas violencias.

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Publicado por en febrero 6, 2013 en Opinión Pública

 

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