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¿QUIÉN ES EL PREVARICADOR?

13 Feb

QUIÉN ES EL PREVARICADORAnte un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un Fiscal delegado solicitó que se condene al juez Primero de División del Ejército, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez en el proceso que se adelanta por promover la colisión de competencias en el proceso judicial que se adelantaba contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.  Tal solicitud solo puede entenderse como un nuevo ataque frontal contra la Justicia Penal Militar y una advertencia a los jueces militares para que no reclamen la jurisdicción que les compete so pena de ser judicializados.

Como señala la misma Juez Tercero Penal Especializado de Bogotá, María Stella Jara, la génesis del proceso contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega tuvo ocurrencia el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el autonombrado comando “Iván Marino Ospina” del movimiento guerrillero autodenominado “M-19 Movimiento 19 de abril”, ocupó a sangre y fuego las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá D.C. en un “operativo” que tuvo el paradójico nombre clave de “Antonio Nariño por los derechos del hombre” y que se llevó a cabo con la finalidad de someter a un juicio político al entonces Presidente de la República, doctor Belisario Betancourt Cuartas, en razón al presunto incumplimiento del gobierno respecto de los acuerdos de paz suscritos con el grupo rebelde[1].

Así tenemos que el 6 y 7 de noviembre de 1985 ni estaba vigente la Constitución Política de 1991 y mucho menos la vinculación de Colombia al Estatuto de Roma (firmado por Colombia en 1998 y ratificado el 5 de agosto de 2002), ni existía la tipificación legal del delito de desaparición forzada (definida sólo hasta el 23 de septiembre de 2005 por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas e incorporada a la legislación penal colombiana el Título II artículo 12 de la Constitución Política de Colombia de 1991 que dice que “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, lo que solamente se tipificará como delito a través de la Ley 589 del 6 de julio de 2000 en su artículo 268 A), siendo lo procedente que cualquier conducta del señor Coronel Plazas Vega y los demás militares incluidos en los procesos penales actuales, sólo podía contemplarse a la luz de la Constitución y la normatividad penal vigente a la época de las presuntas conductas punibles que pudieron cometerse en 1985, entre ellas la supuesta desaparición de la terrorista Irma Franco, componente del comando del M-19 que provocó la masacre del Palacio de Justicia.

Y no es un capricho de la defensa del señor Coronel Plazas Vega o de la Justicia Penal Militar, es el reclamo del reconocimiento del principio universal de que nadie puede ser juzgado por conductas que no han sido previamente definidas en la ley como punibles[2], ni puede sustraerse por consideraciones políticas al procesado de su juez natural, que se resume como la garantía jurisdiccional del proceso, que forma parte del principio de legalidad o constitucionalidad (art. 29 de la actual Carta), manifestado en los siguientes puntos: No hay delito sin norma establecida (no hay crimen sin ley), No hay pena sin norma que lo establezca  Procedimiento predeterminado legalmente determinado. La ejecución de las penas deberá llevarse a cabo atendiendo al principio de legalidad o bloque de constitucionalidad que ahora se llama.

La petición de judicializar al mayor Cujar se fundamenta en que en 2009 él manifestó, acogiéndose a derecho, que los hechos por los que era investigado el comandante entonces de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional,  “fueron originadas en una operación militar”, precisando que el coronel Plazas Vega había tenido como principal misión durante la toma del Palacio de Justicia “trasladar los vehículos blindados” el 6 de noviembre de 1985 para rescatar a los rehenes sin embargo esta tesis fue rechazada por el Consejo Superior de la Judicatura aplicando una inexplicable, hasta ahora, retroactividad de los efectos perjudiciales al procesado en la ley penal.

Esta ilícita retroactividad de las normas penales más gravosas, fue invocada por el fiscal del caso cuando pide contra el juez Primero de División del Ejército, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez, al señalar como fundamento jurídico el traer contra derecho la prohibición expresa de que la justicia penal militar conozca los casos de desaparición forzada no contemplados en la legislación de , por lo que el juez habría desconocido y omitido la Constitución Política de Colombia y el derecho internacional, no vigentes ni tipificados cuando supuestamente el Coronel Plazas Vega y los demás militares judicializados incurrieron en conducta punible de desaparición forzada de personas, cuando el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el autonombrado comando “Iván Marino Ospina” del movimiento guerrillero autodenominado “M-19 Movimiento 19 de abril”, ocupó a sangre y fuego las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá D.C.

Mientras tanto, los asaltantes y masacradores del Palacio de Justicia invocan a Irma Franco como causa, pero prevaliéndose de la amnistía y el perdón judicial callan y nunca contribuyen a la verdad, la justicia y la reparación de las otras víctimas que su acción demencial provocaron, hecho intranscendental como reclaman los narcoterroristas de hoy.


  1. JUZGADO TERCERO PENAL ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ. Sentencia condenatoria contra el Coronel (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA. Bogotá, D.C. 9 de junio de 2010. En: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/vega3.html
  2. Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege es una frase en latín, que se traduce como “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, utilizada en Derecho penal para expresar el principio de que, para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta.
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2 comentarios

Publicado por en febrero 13, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “¿QUIÉN ES EL PREVARICADOR?

  1. Juan Herrera

    febrero 15, 2013 at 1:50 am

    Hace muchos años tenemos la convicción de inocencia del Coronel Plazas y, sabemos desde ya, que la corte tendrá que reconocer la injusticia que la justicia amañanda y corrupta ha ejercido sobre este héroe de la patria y muchos otros más que no solo han mantenido la institucionalidad sino que han perdido la vida por quienes no saben que es patria, entre ellos, los jueces.

     
  2. LUIS JORGE PULIDO

    febrero 19, 2013 at 3:01 am

    Quien con dos dedos de frente, puede sorprenderse de deciones absurdas de la fiscalia de bolsillo que tenemos, y hemos tenido desde hace tiempo, para verguenza de este pais y de los paises civilizados del mundo???

     

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